Selva Politica

MIGUEL BARBA

• Crear Centros de Atención Nutricional en Zonas de Alta Pobreza

• Exhortan Diputados a Redoblar la Seguridad en Venta de Pirotecnia

Con el fin combatir la malnutrición de la niñez en zonas de alta pobreza, exclusión y carencia social, la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia analiza una iniciativa que propone la creación de centros de atención nutricional que brinden, también, apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria.

En su propuesta, que reforma los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (Morena) plantea, asimismo, combatir las enfermedades asociadas a la nutrición deficiente en infantes, con estrategias, programas y metodologías que incluyan a las familias y centros educativos, “con lo que se hará posible establecer la alimentación nutritiva como un derecho obligatorio para la infancia”.

En la exposición de motivos, se cita que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM)- 2015, al menos uno de cada ocho niños menores de cinco años tiene baja talla moderada para su edad (desnutrición leve) y uno de cada 40 baja talla severa (desnutrición crónica), que son trastornos capaces de ocasionar impactos negativos, a menudo irreversibles, en su desarrollo cerebral y psicomotor, causando daños en la capacidad de aprendizaje y crecimiento.

La iniciativa de Martínez Aguilar, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que debido a la malnutrición nuestro país ocupa el primer lugar del mundo en obesidad infantil, y asegura que, 33.2 por ciento de niñas y niños, entre 6 y 11 años, sufre trastornos de este tipo. Dicha problemática impacta en la calidad y esperanza de vida no sólo de la niñez sino de toda la población, señala.

Detalla que la dieta pobre comprende fenómenos como la subnutrición y sobrenutrición. Clínicamente, la primera se caracteriza por la falta de aportes vitamínicos y nutrimentos inorgánicos, como hierro y zinc, manifestándose en anemia, crecimiento ponderal inadecuado, emaciación y retraso en el desarrollo cognitivo, entre otras.

A su vez, la sobrenutrición se expresa en enfermedades como obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica (HAS), dislipidemias y otras enfermedades metabólicas. En este caso, apunta, los padecimientos son provocados por el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética y pobres en nutrimentos.

Por estas razones, la deficiencia o carencia de alimentos necesarios en la niñez, particularmente entre aquellos que viven en zonas rurales y/o indígenas es, sin lugar a dudas, asunto de salud pública.

Existe una relación directa entre los altos índices de insuficiencias nutricionales y ausencia e incapacidad del Estado para garantizar, particularmente en las zonas más marginadas y desposeídas, el pleno ejercicio de los derechos más elementales, incluido el de la salud y alimentación, sustenta el documento.

En las últimas décadas, refiere, se han conseguido avances significativos en los esfuerzos para erradicar los distintos tipos de desnutrición infantil, entre los que destaca la aprobación, en 2014, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, estos progresos han sido lentos e insuficientes.

Ante ello, indica, es urgente implantar nuevas herramientas jurídicas, fortalecer a las instancias institucionales de atención y educación nutricional y construir infraestructura adecuada, para ofrecer servicios en la materia. Asimismo, estimó, es necesario que los gobiernos de todos los niveles incrementen esfuerzos para atender la desnutrición infantil, aumenten presupuesto para atenderla, y mejoren estrategias de análisis, diagnóstico y seguimiento.

La Cámara de Diputados debe considerar, entre sus prioridades más importantes, la atención integral e irrenunciable de niñas y niños garantizando el pleno ejercicio del derecho a la salud y a la nutrición, demanda Martínez Aguilar.

En otro tema de igual relevancia, ayer la diputada Dionicia Vázquez García (PT) planteó exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres y en coordinación con las autoridades del estado de México, fortalezcan protocolos para garantizar la seguridad de productores, comercializadores y consumidores de artesanías pirotécnicas, del tianguis de San Pablito, Tultepec.

También, solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno del estado de México, dar respuesta a solicitudes de permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos en 2019 por los comerciantes de dicho tianguis, ya que el retraso en su entrega ha ocasionado graves afectaciones a la economía familiar de quienes se dedican a esta actividad productiva.

La legisladora, integrante de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, señaló que dicho tianguis se constituye como el principal centro del desarrollo regional, por lo que las autoridades competentes deben estar obligadas a potencializar su economía, con protocolos que garanticen la seguridad de personas que allí se desenvuelven.

En un punto de acuerdo, turnado a la Segunda Comisión de Trabajo, la diputada refirió que de acuerdo con el director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Derek Isaac Cancino Aguilar, este tianguis es el “más importante” por la cantidad de producto que se comercializa, ubicación geográfica y gran concentración de artesanos.

Mencionó que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refieren que Tultepec tiene 150 mil 182 habitantes, de los cuales, más de 60 por ciento depende de la pirotecnia.

Por ello, destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad en la fabricación, uso, venta, traslado, almacenamiento, exhibición y, por supuesto, quema de fuegos artificiales, ya que los accidentes por el manejo inadecuado de la pirotecnia pueden ocasionar desde quemaduras leves, hasta pérdida o daño permanente de extremidades e, incluso, fallecimientos.

Vázquez García comentó que desde 2016 el gobierno, del estado de México ha retrasado acreditaciones y permisos necesarios para que la Sedena otorgue las autorizaciones respectivas, lo que ha impactado en las ventas de los productores y comerciantes de Tultepec, hasta en 80 por ciento, con pérdidas económicas de 400 millones de pesos por cada año transcurrido.

Subrayó que 300 familias –y otros cientos más indirectamente– dependen completamente de la comercialización de fuegos artificiales en el tianguis de pirotecnia San Pablito, quienes han visto mermadas sus opciones de sustento diario así como de desarrollo, al no contar con permisos de funcionamiento que a la fecha, cumplen cabalmente con los requisitos solicitados para el mismo.

Su grupo parlamentario, resaltó, está a favor de preservar la pirotecnia nacional, “porque además de ser el sustento de miles de familias, forma parte de nuestra identidad y riqueza cultural”.

Rugidos

Desafíos

La lucha del gobierno federal emprendida en contra de la corrupción y, concretamente frente a las bandas delincuenciales que roban gasolina al perforar la red de ductos de Petróleos Mexicanos, parece que será larga y permanente, luego de que ayer se detectó una nueva avería, cerca del lugar de la tragedia registrada en Hidalgo.

Anoche mismo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la delincuencia organizada ocupada en seguir robando combustible, está desafiando al Estado Mexicano intentando “jugar a las vencidas”, sin aun darse cuenta de que la lucha en contra de ellos va en serio y muy firmemente.

Lo sucedido en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo que ha enlutado a nuestro país, debe servir de ejemplo sobre los riesgos que representa llegar y estar cerca de las fugas de gasolina de cualquier punto en la red de ductos de Pemex.

El “pueblo bueno”, como lo llama el Presidente López Obrador, debe de entender de una buena vez que  se debe tener conciencia sobre el peligro de seguir los pasos a los llamados “huachicoleros”.