SELVA POLITICA

Miguel Barba

• México con Riesgo de Registrar Sobrepoblación y Hacinamiento en sus Penales: ONU

• Se Buscarán los Consensos Para Acordar si es Conveniente Reformas al Respecto: MORENA

El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (por sus siglas en inglés), Antonino de Leo, afirmó que de aprobarse las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, México tendrá una sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles, generando malas condiciones de reclusión.

“La prisión preventiva es uno de los principales factores que contribuyen a la sobrepoblación o el hacinamiento carcelario, a malas condiciones de reclusión y deficiencias sistémicas de los centros penitenciarios”, aseveró.

Durante su participación en las audiencias públicas en la materia, celebradas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que “México ha sido uno de los países que más avanzó en los últimos tres años en reducir la población penitenciaria y por lo tanto el hacinamiento”.

De acuerdo con el World Prison Population List de 2018, entre 2014 y el año pasado, México ha logrado reducir su población carcelaria penitenciaria alrededor de un 24 por ciento, agregó.

“En este momento la sobrepoblación carcelaria no es un problema para el país, sin embargo, con la aprobación de este proyecto de reforma lo será”.

De Leo indicó que “numerosos estudios a nivel internacional demuestran que el encarcelamiento afecta de manera desproporcional a las personas que viven en situación de pobreza”.

“La mayoría de las personas privadas de libertad en todo el mundo, y México no es una excepción, provienen de sectores sociales empobrecidos, son analfabetas o tienen una educación limitada”.

Apuntó que “cuando esta pobreza y la falta de apoyo social se combinan con retóricas y políticas de justicia penal punitivas que conducen a la ejecución de sentencias más estrictas o a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, el resultado es invariablemente un aumento de la población carcelaria”.

Sostuvo que todos los estándares internacionales en la materia, sobre prevención del delito, justicia penal y derechos humanos plantean el uso de la prisión preventiva de manera excepcional y como último recurso.

Por ello “se debe dejar de aplicar la detención previa al fallo de manera obligatoria cuando una persona está acusada de un delito en particular”.

Compartió que el Manual de Medidas Privativas y no Privativas de la Libertad, Detención previa al fallo de la UNODC, señala que el uso de la prisión preventiva existirá en tres casos: riesgo de fuga, obstaculización de la investigación o debido a la complejidad del caso.

“La UNODC ha llamado a los gobiernos a repensar el uso de políticas de mano dura en la persecución criminal…la prisión preventiva oficiosa es una figura que lejos de extenderse, debería eliminarse”, aseguró.

El representante de la UNODC refrendó su disposición para asistir al Estado mexicano para que adopte medidas legislativas y políticas públicas basadas en evidencia, estándares internacionales, buenas prácticas y lecciones aprendidas, para lograr la construcción de una justicia imparcial, eficaz y eficiente.

Sobre este tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo (Morena), informó que el próximo lunes esta instancia legislativa se reunirá para definir la ruta sobre las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, a fin de generar los consensos necesarios para su aprobación.

“Nos vamos a una dinámica en la que al dictamen que hizo la Comisión de Puntos Constitucionales se le vayan sumando otros delitos, los que generen consenso, las dos terceras partes; o nos vamos sobre la minuta que nos envió el Senado de la República, que incluye nueve delitos”, señaló en declaraciones a la prensa.

Insistió que las reformas el 19 constitucional para añadir más delitos a la prisión preventiva “necesita acuerdos políticos con otras fuerzas para tener las dos terceras partes”.

No obstante, señaló que es difícil generar un equilibrio entre “la enorme demanda que hay de justicia, terminar con la impunidad y garantizar que no haya abusos, violaciones a los derechos humanos”.

Agregó que no basta con reformar el artículo 19 constitucional para garantizar que el robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales se dejen de cometer; “pero sí se le da al Gobierno mayores instrumentos para combatir la impunidad”.

También “necesitamos tener una visión integral para avanzar en el sistema de justicia y reducir la impunidad…Tenemos claro que no va a ser suficiente y vamos a seguir trabajando en otras iniciativas y en otras áreas que podamos mejorar”, aseguró.

Sostuvo que en las audiencias se han expresado opiniones que no están en favor de la prisión preventiva; sin embargo, también hay una exigencia de terminar con la impunidad y que pide justicia. “Por eso es difícil este balance que tenemos que resolver con dicha reforma”.

En otro tema, ayer la diputada por Veracruz, Anilú Ingram Vallines (PRI), se pronunció por otorgar máxima publicidad a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, para que las autoridades federales, estatales y municipales puedan coordinarse de forma adecuada y la población las conozca a la brevedad.

En un comunicado, destacó que una problemática que se presenta en la mayor parte de las entidades federativas, es que los homicidios de mujeres no son catalogados como feminicidios, aunque estos cumplen a cabalidad con lo señalado en la tipificación del delito.,

Por ello, propuso que la clasificación del delito de feminicidio considerada en el Código Penal Federal se homologue en las entidades federativas, y con ello, no existan discrepancias de un estado a otro.

“A pesar de los avances para atender la violencia contra las mujeres, existen ausencias legales y de políticas públicas con contenido de género, lo que aún continúa produciendo impunidad, genera injusticias y ocasiona inseguridad, lo que favorece el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres”.

Ingram Vallines remarcó la inexistencia de leyes que puede significar un incumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, por lo que el Poder Legislativo debe adoptar medidas para hacer efectivos los derechos en favor de sectores de la población considerados como vulnerables.

Rugidos

Separación

Lo que venía como rumor y que fue creciendo insistentemente desde el pasado 1 de diciembre, el divorcio matrimonial del ex Presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, se confirmó firme, clara y contundentemente la mañana de ayer viernes, cuando la actriz dio a conocer públicamente el rompimiento sentimental.

Durante los últimos días, se publicaron en las redes sociales y diarios nacionales, fotos del ex Presidente Peña Nieto acompañado de una modelo, originaria de San Luis Potosí, quien a través de sus familiares se dieron a la tarea de confirmar la amistad de la familia con el mexiquense.

El peso del poder político, finalmente fracturó la relación del matrimonio Peña-Rivera quienes parecían superar los difíciles momentos que vivieron a lo largo de los últimos 6 años, sin haberlo logrado.

No hubo hijos en común de este matrimonio que por cierto, siguió la ruta del que tuvo el ex Presidente José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, ex mandatarios que se divorciaron y volvieron a contraer nupcias durante o después de su mandato.