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  • Se Apresta el Poder Legislativo a Acelerar la Aprobación de Leyes

  • El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Esperanza Para Comunidades

Una vez pasada la efervescencia políticas por el importante acto de toma de protesta del nuevo Presiden de México, Andrés Manuel López Obrador, el poder legislativo se aprestan a acelerar los cambios en las leyes que requiere el, ahora sí, nuevo gobierno para poder echar andar en los hechos las transformaciones que se ha trazado.

Por ello el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se creará una vez que entre vigor el decreto que expide su ley respectiva, velará y protegerá los derechos y el patrimonio de las comunidades indígenas y afromexicanas, pero, sobre todo, impulsará y garantizará que su desarrollo se dé con respeto a su libre determinación e identidad propia.

Asimismo, entre otras acciones, se encargará de organizar consultas previas a estas comunidades cuando se prevean medidas administrativas del Ejecutivo federal y legislativas susceptibles de afectar sus derechos, y podrá invalidar aquellos proyectos, cuyas consultas previas no tengan su aval.

El Instituto velará por que su progreso se realice sin que termine imponiéndose un enfoque economista y desarrollista que reproduzca la lógica capitalista neoliberal, que genera desigualdad y exclusión social, como lo venía haciendo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, afirmó la diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas.

“El régimen anterior creó una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuyos sustentos fueron la ideología de la asimilación. Esta política fue rechazada permanente por nuestros pueblos y comunidades”, expresó la diputada, en tribuna, cuando fundamentó el dictamen que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El pasado 27 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó con 440 votos a favor, cero en contra y una abstención, la minuta que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, luego de avalar los cambios que previamente hizo el Senado de la República.

Esta nueva legislación, que consta de 29 artículos divididos en tres capítulos y nueve preceptos transitorios, abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y surgió de una iniciativa del diputado con licencia Zoé Robledo Aburto (Morena), la cual fue sometida a consulta en 10 foros.

Señala que el Instituto será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México

Este nuevo Instituto no sólo atenderá las necesidades y asuntos de los pueblos indígenas, sino también los de las comunidades afromexicanas; sin embargo, éstas no están consideradas en el nombre del organismo.

La diputada Irma Juan Carlos explicó, en entrevista, que el nombre del Instituto se tuvo que limitar a los conceptos que están reconocidos en la Constitución Política, y dado que actualmente en ella no existe el de pueblos originarios, se tuvo que utilizar el de pueblos indígenas.

Subrayó que uno de los pendientes legislativos en esta materia es reformar la Carta Magna para incluir en ella el concepto de pueblos originarios, en el que cabrían las comunidades afromexicanas, y para reconocerlos como sujetos de derecho públicos, tal como se establece en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La nueva ley reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y establece que el Instituto será la autoridad encargada de promover su desarrollo integral y sostenible y de fortalecer sus culturas e identidades.

“En los foros de consulta que se realizaron, uno de los reclamos fue que se utilizara el concepto de pueblos indígenas, pero no podíamos ponerle pueblos originarios, porque la Constitución no habla de este concepto, entonces, lo que para nosotros sigue son los cambios constitucionales”, señaló.

Comentó que “la aprobación de la ley es un primer paso y creo que empezamos bien, pero faltan las reformas para que también se diga en la Constitución que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público”.

El ordenamiento legal establece que el Instituto será la autoridad encargada de promover el desarrollo integral y sostenible de los pueblos y comunidades en cuestión, y de fortalecer sus culturas e identidades.

Indica que el Instituto, entre otras acciones, debe “promover, fortalecer y coadyuvar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanas. Además, impulsar y fortalecer las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales de dichos pueblos”.

También promover e impulsar la participación y representación política de los estos pueblos en las diversas instancias del Estado, “así como el ejercicio efectivo de su derecho a elegir a sus autoridades o representantes, de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales”.

“El nuevo escenario político obliga que la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado pase por abordar el alcance del poder comunal comunitario para el ejercicio del autogobierno, reconocerles personalidad jurídica y como sujeto de derecho público”, enfatizó la legisladora.

Garantía de consulta a pueblos indígenas

La Ley señala que el Instituto será el órgano técnico que diseñará y operará un sistema de consulta previa, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal susceptibles de afectar los derechos de estos pueblos.

Lo anterior se estipula en concordancia con lo establecido en la Constitución Política y en instrumentos internacionales en la materia, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

La diputada Irma Juan Carlos explicó que el Instituto, al ser la unidad técnica para dichas consultas, será el encargado de validar los procesos de consulta y de emitir sus lineamientos, e incluso, podrá anular aquellos proyectos que pretendan realizar el gobierno federal sin una consulta avalada por este organismo.


Rugidos

Expectativas, Esperanza

Ni duda cabe que la lucha política-electoral iniciada por el hoy Presidente de México, Andrés Manuel López, asi como el arranque formal de su administración está llena de promesas, las cuales ha generado enormes expectativas y una gran esperanza para la clase social que menos tiene y se encuentra en desventaja en nuestro país.

Es válido y hasta justo que los políticos se apoyen en la promesa y el compromiso de atender y dar respuesta a las demandas que ellos recogen y reciben, durante sus encuentros con los ciudadanos. Necesario es y vital además es dar respuesta a los compromisos contraídos.

En su afán de conquistar el voto de los ciudadanos para poder asumir el poder, los políticos mantienen la vieja costumbre de prometer lo que muchas de las veces, no logran cumplir.

La bandera de promesas y compromisos con las que llega el Presidente López Obrador al poder han generado expectativas y esperanza que de no cumplirlas, a partir de la mitad de su administración, el país comenzará a cimbrar.

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