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Selva Politica

  • MIGUEL BARBA
  • 29 jun
  • 8 Min. de lectura

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+Necesario Fomentar la Educación Nutricional en las Instituciones Educativas del País: PAN

+El Campo no Solo es Soberanía Alimentaria, También, Seguridad Nacional: MORENA

La diputada María Lorena García Jimeno Alcocer (PAN) propone adicionar una fracción VI al artículo 13 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de establecer que el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) tenga entre sus acciones fomentar la educación nutricional y la promoción de una alimentación saludable en las instituciones educativas.

Ello, garantizando que se ofrezcan opciones alimenticias nutritivas en comedores y expendios de alimentos, como complemento del desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte en los estudiantes.

En la exposición de motivos, el documento señala que el derecho al deporte no solo incide con una dimensión individual, sino sobre todo colectiva, por el papel que puede tener para promover una cultura sana, valores, armonía y autoestima.

De igual forma, el deporte no solo es una actividad lúdica que realza el cuerpo y el espíritu, sino también un derecho humano reconocido en algunos países, entre los que se encuentra México, y en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO.

Asimismo, la alimentación juega un papel fundamental para el desarrollo pleno de las niñas y niños a lo largo de su paso por los niveles escolares, aun más de los que a la par practican una actividad física como complemento a ese crecimiento y libre progreso personal.

En México, la nutrición en lo que va de este año sigue siendo un desafío crucial para la salud pública, especialmente para las niñas, niños y adolescentes, ante retos derivados del consumo elevado de alimentos ultraprocesados y deficiencias en la ingesta de frutas y verduras.

A pesar de que se han implementado políticas en los últimos años, como lo es el etiquetado frontal de advertencia y los impuestos a bebidas azucaradas, el acceso a una alimentación saludable es un desafío en muchas regiones. También, la falta de educación nutricional en diversos sectores de la población dificulta la adopción de hábitos saludables.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Deporte, indica que una comida saludable consiste en ingerir diversos alimentos que brinden los nutrientes necesarios para que las personas estén sanas, y para tener una buena nutrición es necesario aumentar el consumo de frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales y comer con moderación carnes, leche y huevos.

La diputada García Jimeno Alcocer señala que es necesario establecer políticas públicas efectivas, educación nutricional accesible y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas, así como mejorar la calidad de vida y el rendimiento en la práctica del deporte de las niñas y los niños.

En otro tema, les informamos que la diputada Roselia Suárez Montes de Oca (Morena) afirmó que “el campo no sólo es la soberanía alimentaria de México, sino que significa seguridad nacional”, por lo que es necesario reformar el artículo 27 de la Constitución Política, a fin de restituir la propiedad social y garantizar los derechos campesinos.

Lo anterior, durante el “Foro Asamblea Nacional por la unidad campesina para la deliberación y promoción de la iniciativa de reforma al Artículo 27 Constitucional”, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados con una jornada de trabajo de dos días.

La legisladora mencionó que el objetivo de esta reforma es recuperar la propiedad social; sin embargo, también es necesario un compromiso entre el gobierno y los campesinos para garantizar la soberanía alimentaria.

Compartió que, desde su experiencia como hija de campesinos y residente en Estados Unidos, comprende la necesidad de invertir en el país para frenar la migración forzada. “No podemos permitir una migración por falta de un apoyo que tengamos del gobierno”.

Por su parte, René Sánchez Galindo, director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó la relevancia histórica y jurídica del artículo 27, así como la pertinencia de avalar esta reforma que representa “una especie de segundo piso” al reconocer no sólo la propiedad privada, sino también la propiedad social.

Explicó que se busca constitucionalizar el derecho de ejidos y comunidades indígenas a tener propiedad social, al nivel de privada. “Esta propuesta lo que está estableciendo es que sí, la nación tiene el dominio originario [...] pero también a los ejidos la propiedad social”.

Añadió que al incluir en el texto constitucional el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico evitaría la especulación de los recursos nacionales. “Que no anden especulando y consiguiendo dinero y vendiendo nuestras tierras si nosotros ni sabemos nada”.

José Jacobo Femat, coordinador de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, y de la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social, recordó que desde las reformas de 1992 se eliminó el reconocimiento constitucional a la propiedad social y se desmanteló a las instituciones que apoyaban al campo.

“Todo el gobierno neoliberal buscó desaparecer a la clase campesina […] Es momento de recuperar nuestra capacidad organizativa. El objetivo inicial de esta unidad debe ser alcanzar la reforma al artículo 27”, subrayó.

Por su parte, José Luis Castro González, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), recalcó que esta iniciativa reconoce a los ejidos y comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Afirmó que este cambio tiene implicaciones profundas, como la posibilidad de recibir directamente recursos federales. “Por primera vez se está haciendo llegar recursos a los sujetos de derecho que ya están reconocidos en la Constitución”.

En el foro se realizaron conferencias magistrales de líderes campesinos, funcionarios públicos y académicos. Asimismo, se desarrollaron mesas de discusión sobre los temas: “Propiedad originaria del Estado”; “Propiedad social”; y “Deberes del Estado”.

Las y los participantes enfatizaron que la reforma al artículo 27 constitucional, es esencial para garantizar la soberanía alimentaria, la justicia agraria y el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de las y los campesinos, así como de los pueblos indígenas.

De salida les informamos que el diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes, de MORENA, afirmó que es preciso diseñar un sistema que garantice el acceso a una vida digna a las personas con discapacidad y mejore las condiciones de las personas cuidadoras.

Sostuvo que México, al igual que en otras naciones, atraviesa por una etapa de reconocimiento, reivindicación y tutela de derechos en distintos ámbitos; no obstante, los avances en materia de discapacidad, como adaptar la infraestructura o contar con una clasificación de padecimientos, condiciones o discapacidades, no ha sido suficiente.

“Después de varias luchas y décadas de presión, se han reivindicado los derechos de las mujeres, de la diversidad, de la clase trabajadora, del acceso a la información, a la educación y otros muchos conceptos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad? Si bien es cierto que en los últimos años se han tenido avances, también lo es que el espectro de discapacidad es muy amplio y constantemente hasta se confunde”, señaló.

Al inaugurar el foro “La voz de la inclusión en la sordoceguera”, Sánchez Cervantes expuso que en la norma mexicana se reconocen los siguientes tipos de discapacidad: intelectual, visual, auditiva, motriz, psicosocial y otros tipos de condiciones que, sin ser discapacidad o enfermedad, requieren atención especial para su desarrollo, salud y vida digna. En este último caso, se engloban condiciones como el autismo e incluso el síndrome de Down.

En ese sentido, reiteró que es primordial establecer un sistema que garantice el acceso a una vida digna, es decir, además de la inclusión en programas y a pesar del reconocimiento de sus derechos, es necesario hacer conciencia de las necesidades de las personas con discapacidad y de quienes se involucran de cualquier manera en sus vidas.

“Hay toda una serie de acciones y derechos que deben tenerse en cuenta, por ejemplo, la planeación de equipamiento urbano, la adecuación del transporte, ajuste de los mecanismos de comunicación y otros más. Adicionalmente, ahora que existe toda una corriente respecto al sistema de cuidados y personas cuidadoras, también debe considerarse y ajustarse de manera real a las necesidades específicas de cada discapacidad o condición”, subrayó.

Por ello, indicó que es indispensable el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras, directas o indirectas. “Y esto trata también incluso desde quienes nos atienden en la entrada a cualquier recinto, los guardias de seguridad, quienes permiten el acceso. Todos deben estar capacitados para poderlos guiar, por eso tenemos que hacer conciencia de que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad no puede entenderse sin el soporte e intervención de sus cuidadoras”, enfatizó.

Apuntó que, entre más se adentren en el tema, aumentan más las áreas que exigen atención inmediata y destacó que todos los esfuerzos, por pequeños que parezcan, son provechosos.

Recordó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a todos los estados del país a expedir placas vehiculares para personas con discapacidad porque, aunque no puedan manejar, tiene la necesidad de transportarse, de ir, venir, ir al hospital, ir a la escuela, ir al trabajo.

“Si nosotros tenemos la posibilidad de comprarnos un carro, ¿por qué no lo podemos hacer? No lo podemos manejar, pero tenemos gente que lo puede hacer. Y las autoridades a veces no nos dan las placas porque el carro no está a nuestro nombre, o porque ellos consideran que no lo vamos a poder manejar”, externó.

Solicitó que además de las discapacidades motrices, se considere otorgar el beneficio a personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, psicosocial o autismo u otras condiciones que implican la necesidad de acceder a estos servicios.

“Nos han dicho que una persona con discapacidad visual no puede conducir, pero hay dos contradicciones. La primera es que no le prohíben gastar su dinero para comprar un auto y la segunda es que aquí entra el servicio de las personas cuidadoras, aunque no se les llame así. Generalmente asumen ese servicio la mamá, el papá, la abuela, los hermanos, la pareja, hijas, hijos o las personas guías, enfermeras, intérpretes”, señaló.

Sostuvo que existen más temas que requieren ser atendidos como el acceso a la salud pública, la certificación de intérpretes de lengua de señas o el sistema RAIL, ya que hay una carencia de gente especializada; además más escuelas, espacios donde se capaciten y se certifiquen los cuidadores o guías.

“Ahora que se reconocen los derechos, falta el sistema que facilite su ejercicio, falta mejorar las condiciones de las personas cuidadoras. Justo el objetivo de este evento es encontrar caminos que nos lleven a una vida digna, de derechos, de oportunidades, de desarrollo humano. Cada evento nos debe dejar, además de aprendizaje, una serie de tareas y compromisos de quienes nos dedicamos al servicio público”, manifestó.

Rugidos

Hace casi 50 Años…

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Sorprendió la convocatoria, fuerza y convicción con que la comunidad gay se manifestó el sábado en la capital del país, cuando más de 500 mil personas participaron en el reclamo y exigencia por el respeto a los derechos de una comunidad vigente, latente y participativa.

En el Día Internacional de esta lucha, no hubo manifestación sólo en la CDMX, sino en buena parte de las capitales de los estados de todo el país. En el ámbito internacional, en la mayoría de los países, también se llevó a cabo la marcha y el mensaje de estas personas que sin duda alguna, con su incansable lucha por el respeto a sus derechos humanos, han puesto el ejemplo a otros tantos sectores de la sociedad.

Ben por todo ellos, los que no callan ni esconden sus demandas y exigencia. Bien por ellas que a diario procuran además de librar la batalla por ser escuchadas, laboran y aportan desde sus centros de trabajo en favor de México.

Están cerca de cumplirse los primeros 50 años de una guerra por el reconocimiento a sus sentimientos, gustos y derechos. Desde ahora se los decimos aquí: ya ganaron. Venga la consolidación del triunfo de una batalla que incluso ha costa muchas vidas.

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