Selva Política

MIGUEL BARBA

*Llaman Diputados a CONAGUA Proponer Medidas Para Resolver Sequía en el Norte

*Exhortan al CJF, se Aplique Protocolo Para que se Juzgue con Perspectiva de Género

Ante la grave crisis de sequía que enfrentan estados del norte del país, particularmente Nuevo León, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, urgió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que implemente rutas alternativas de captación y gestión de recursos hídricos, que permitan resolver, a la brevedad, el problema de abasto.

Si bien el gobierno de Nuevo León realizó la declaratoria de emergencia desde febrero de este año, derivada de la disminución en los niveles de las principales presas en la entidad, e incluso algunas con sequía total, hasta la fecha esta situación no ha mejorado; por el contrario, se ha incrementado considerablemente y no se aprecia una solución en el corto plazo, por lo que es apremiante realizar acciones inmediatas, subrayó mediante un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente.

Señaló que, además de los gobiernos estatales, la Ley de Aguas Nacionales establece que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Conagua, es la autoridad competente para efectuar acciones que permitan redireccionar agua de cuencas hidrológicas hacia otras, en casos necesarios como los que se presentan actualmente.

“Por ello, exhortamos respetuosamente a esta institución a que actúe de manera expedita ante la crisis extrema que viven hoy todas las entidades del norte de México, pero con especial énfasis en mi estado, Nuevo León, por ser el que se encuentra en una situación agravada”, puntualizó.

En la proposición, Guerra Castillo explica que, de acuerdo a cifras oficiales de la Conagua, en estados como Sonora, Baja California, Coahuila o Chihuahua, la situación se ha vuelto crítica, ya que, en promedio, 90 por ciento de su superficie se encuentra afectada.

Algunos casos, como en Hermosillo, su presa se reportó totalmente vacía, mientras que Punta de Agua, también en Sonora, registraba 0,01 por ciento de su capacidad. Ante esto, Nuevo León es una muestra del riesgo que corren otras regiones del país cuando no se toman medidas para garantizar la seguridad hídrica en el mediano y largo plazo.

La diputada Marcela Guerra dijo que son diversos los problemas que ha causado la sequía; por ejemplo, el cierre de pequeñas empresas dedicadas al turismo, porque la escasez de agua ahuyentó a visitantes, cayeron sus ingresos y decenas de trabajadores perdieron su empleo.

Otro caso es el roce en la relación diplomática con Estados Unidos, debido a que no se ha cumplido con la entrega de agua de la cuenca del río Bravo a ese país, conforme al Tratado de Aguas de 1944, en el cual México debe proporcionar cada cinco años un mínimo de 2.158 millones de metros cúbicos de líquido de la cuenca.

Autoridades y especialistas prevén que las próximas semanas serán las más críticas. De continuar demorándose las lluvias se tendrían que extender los cortes de agua, así como los suministros a través de cisternas, por lo que es apremiante que las dependencias federales correspondientes operen rápida y eficazmente, concluyó.

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En otro tema, ayer al denunciar que en México se agrava la cifra de mujeres presas sin condena frente al número de hombres --de 2019 a agosto de 2020, 17.9 por ciento, contra 24.6 por ciento, de acuerdo con México Evalúa--, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de Judicatura Federal (CJF) que promueva entre las y los jueces del país, aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

De igual manera, solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de Verónica Razo, privada de su libertad y sometida a prisión preventiva oficiosa desde junio de 2011 sin suficientes pruebas en su contra, ni elementos de riesgo para tenerla bajo esa circunstancia en tanto se dicta sentencia.

“No se han demostrado las acusaciones en su contra por el delito de secuestro junto a su hermano Erick Razo, quien desde mayo de 2020 obtuvo su libertad”, dijo.

Sodi Miranda advirtió la necesidad de que el Consejo de la Judicatura promueva que las y los juzgadores apliquen los parámetros contenidos en el convenio de colaboración “Por una justicia cercana a la gente”, signado por el Ministro Presidente de la SCJN y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el que se estipula que el Instituto Federal de Defensoría Pública colaborará con autoridades capitalinas para brindar acceso a la justicia efectiva y de calidad, en beneficio particularmente de personas privadas de su libertad de manera preventiva y que el tiempo haya sobrepasado el límite constitucionalmente establecido.

Al referirse al caso de Verónica Razo, la legisladora federal precisó que han transcurrido 11 años desde que fue detenida fuera de su casa, obligada a declararse culpable tras haber sido sometida a tortura física, psicológica y sexual por parte de agentes adscritos a la extinta Policía Federal, y sigue bajo el rango de la prisión preventiva oficiosa.

Aun cuando la Defensoría Pública solicitó el cambio a “prisión domiciliaria”, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México desatendió la demanda bajo el argumento de que se “carecía del documento de residencia actualizado”, y haciendo a un lado la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, quien pidió la liberación de Verónica, señalando que su detención fue ilegal.

“Hace un año el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas tuvo conocimiento de la detención arbitraria de Verónica y Erick Razo, motivo por el cual solicitó a las autoridades federales la libertad inmediata de los acusados, pues no se han encontrado pruebas para sentenciarlos por el supuesto delito de secuestro; sin embargo, Verónica Razo permanece encerrada en el Centro Federal de Readaptación Social 16, en el estado de Morelos”, señaló.

Asimismo, Sodi Miranda acusó que, de acuerdo con el “Diagnóstico de las Mujeres Privadas de la Libertad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, las condiciones de vida en reclusión de mujeres y varones son injustificadamente distintas, debido a que ellas se encuentran en mayor vulnerabilidad por razones de género, puesto que muchas enfrentan sentencias desproporcionadas con respecto a delitos en los que los hombres son juzgados con menor rigor.

Hay evidencia de casos en los que actualmente las sanciones impuestas a mujeres constituyen una extensión de la violencia estructural, discriminación por género y criminalización que viven, sin dejar de mencionar el olvido al que se enfrentan por parte de sus familiares una vez que pierden su libertad.

En el caso particular de Verónica Razo, recalcó, “no podemos dejar de mencionar que faltó al juez aplicar el protocolo para calificar con perspectiva de género dejando de lado los prejuicios y estereotipos”.

Finalmente, coincidió con la organización México Evalúa en cuanto a que es difícil explicar las razones del impacto tan grande que actualmente está teniendo la prisión preventiva oficiosa en las mujeres.

Rugidos

Adiós, Austeridad Republicana

Muy al estilo del presidente de México, ayer el primer mandatario del país anunció que nuestro país o por lo menos el gobierno federal, deja atrás la “austeridad republicana” para entrar de lleno a la “pobreza franciscana”.

Las frases antes y ahora señaladas por Andrés López Obrador, no representan otra cosa y circunstancia que un recorte al gasto de la cuenta pública, un control mayor a las erogaciones de su administración y, por qué no, una reducción fuerte del gasto corriente.

Las nuevas medidas sobre el gasto del presupuesto ya aprobado, significan un serio “apretón de cinturón” en las finanzas públicas, dijo el mandatario quien durante su conferencia mañanera adelantó que este jueves se reunirán con su gabinete en pleno para anunciarles las medidas que se tomarán al respecto.

En este ejercicio de ahorro presupuestal, mucho ayudaría vigilar que el presupuesto aprobado del presente año se aplicara debidamente y, sin duda atajar todo acto de desvío de recursos que, de llevarse a cabo no habría necesidad de llegar a la “pobreza” citada.