Selva Política

MIGUEL BARBA

*Impulsan Iniciativa Para Garantizar el Derecho a los Servicios de Salud Mental

*Proponen Diputados que se Prohíba Tránsito Vehicular en las Calles Escolares

La diputada Gina Gerardina Campuzano González (PAN) planteó reformar la Ley General de Salud con el objeto de que los servicios de salud mental y adicciones en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, se implementen de manera gradual en todos sus niveles de atención.

Señala que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, fomentarán y apoyarán la promoción de programas de atención, que consideren los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos.

Asimismo, la reintegración a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

La propuesta, remitida a la Comisión de Salud, precisa que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende su atención, evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas.

Además, la organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de esas personas, cuyo internamiento, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Indica que será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia pida el servicio, y en presencia de un médico calificado se determine un trastorno mental y del comportamiento que implique peligro grave o inmediato.

La decisión de internar a una persona deberá ser notificada a su representante, así como a la autoridad judicial. Será revisado por ésta a petición de la persona internada o de su representante.

La resolución de la autoridad judicial deberá estar fundada en dictamen pericial y, en caso de que se resuelva la terminación del internamiento, deberá establecer un plazo para que se ejecute la misma. En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada.

Plantea que las autoridades sanitarias deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales y del comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas.

Señala que los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guarda o custodia.

Las autoridades educativas o quien esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de ellas.

Destaca que en caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley, efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores y tomar las medidas necesarias que consigna la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La iniciativa plantea reformar la fracción V del artículo 73, los artículos 74, 75 y 77, adicionar la fracción V Bis del artículo 73 y derogar el artículo 75 Bis de la Ley General de Salud.

Explica que propone derogar el artículo 75 Bis para eliminar que: “la persona con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento”.

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En otro tema y con el fin de establecer calles escolares como áreas libres de vehículos en un perímetro de 250 metros alrededor de centros de educación básica, la diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) planteó reformar y adicionar los artículos 3, 40 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El documento, enviado a las comisiones de Movilidad y de Educación, define las calles escolares cómo áreas libres de automóviles destinadas a brindar un espacio para que las y los niños y jóvenes puedan ingresar y salir de sus planteles educativos sin enfrentar el riesgo de sufrir una lesión ocasionada por el tránsito vehicular.

Precisa que todos los proyectos de infraestructura vial urbana deberán considerar calles escolares como áreas libres de vehículos en un perímetro de 250 metros alrededor de centros escolares de educación básica 15 minutos antes del ingreso y hasta 60 minutos después de la salida de estudiantes y personal del centro escolar, e indica que el límite de velocidad sería de 20 km/h.

López Castro menciona que el Estado mexicano debe invertir recursos y capacidad para crear entornos educativos seguros, que permitan a la niñez y juventud desarrollarse en ambientes no solo sanos, sino libres de peligro.

En México, expone, cada día fallecen 40 personas en accidentes de tránsito, al tiempo de que casi 100 resultan lesionadas, lo cual provocó que en 2021 se registraran 13 mil 500 fallecidos, convirtiéndose en uno de los años más letales para nuestro país en accidentes viales, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tal situación, abunda, confirma la tendencia al alza que en el territorio nacional se ha presentado desde hace siete años con un incremento sostenido de más de 30 por ciento. “Esta situación obliga que cada autoridad, en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones, contribuya a definir las causas de los accidentes, así como en las medidas necesarias para su disminución y prevención”.

Puntualiza que de acuerdo con un estudio realizado por la empresa “Sin Tráfico”, los entornos escolares representan una zona de alto riesgo para los menores y sus padres, al ser los lugares donde ocurrieron más accidentes en 2017.

Destaca que es importante escuchar las necesidades de millones de niñas, niños y jóvenes en la formulación de políticas de transporte y movilidad urbana, a través del establecimiento de calles escolares que se conviertan en áreas libres de automóviles, limpias, seguras y saludables, que brinden un espacio para que se desplacen, jueguen o hagan una pausa en el camino a la escuela, reduciendo el ruido, estrés, contaminación y riesgo de lesiones.

Rugidos

¿Acuerdos al Oído?

¿Qué fue lo que le dijo al oído el secretario de Gobernación, Adán Augusto López al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno el pasado viernes, cuando el primero entregó el Informe del Cuarto año de gobierno del presidente Andrés López Obradr?.

El momento no pasó desapercibido por los reporteros del Congreso de la Unión, quienes inteligentes y oportunos abordaron al responsable de la política interna del país para pedirle les confiara el intercambio de frases que se dieron entre las dos figuras de la política nacional.

“Solo lo saludé”, respondió a los reporteros Adán Augusto López. Sin embargo y a partir de ese día, la posición del PRI en la Cámara Baja, respecto a la aprobación de las reformas para que la Guardia Nacional pase a ser supervisada por la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzó a dar un viraje.

Ayer domingo, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional alertó sobre esta nueva posición del tricolor han indicar que la propuesta de ampliar plazo de militares en la Guardia Nacional, rompe la moratoria constitucional, acordada en la Alianza Va Por México.

El hablarle al oído el Secretario de Gobernación al líder nacional del PRI, podría traer mucho contenido político, sobre todo si se ofreció frenar el desafuero a cambio de apoyar la reforma sobre la Guardia Nacional….