Selva Política
- Redacción
- 15 jul 2019
- 5 Min. de lectura

México no Requiere de “Cartilla Moral”; Necesita que Haga Cumplir la Ley
Piden Diputados al Gobierno Informe Sobre la Atención a los Deportados
La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que el Ejecutivo federal debe promover el cumplimiento de la Carta Magna, en lugar de repartir diez millones de cartillas morales, a fin de “imponer su visión moral y cristiana a todas las y los mexicanos”.
“La cartilla moral obedeció a otra época, hoy lo que requerimos es el cumplimiento de la ley, el impulso de políticas públicas para terminar con la desigualdad y una economía estable”, aseveró la legisladora a través de un comunicado.
Alertó que “el Presidente quiere imponer su visión moral y cristiana a todas y todos los mexicanos”
Juárez Piña llamó al titular del Ejecutivo a que “en lugar de repartir diez millones de cartillas morales, se distribuya la misma cantidad de ejemplares de la Constitución de la República, para promover su cumplimiento”
Además, consideró “delicado” el anuncio de que serán normalistas y maestros, así como la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas; quienes distribuyan los 10 millones de ejemplares de la cartilla moral.
“Hay una violación al principio constitucional del Estado Laico y no es la primera vez, ya hemos visto cómo el Presidente utiliza una serie de frases bíblicas o cómo de repente pareciera que nos quiere imponer su propia visión de lo que tiene que ser la moral”.
Comentó que a su partido le preocupa la decisión del Ejecutivo de distribuir la cartilla, “porque se viola el artículo 130 constitucional, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado; y el artículo 41 que habla del respeto al Estado laico, y lo que representa un Estado donde debe aplicarse y respetarse el Estado de Derecho”.
Asimismo, se transgrede el artículo 24 de la Carta Magna, relativo a la libertad que debemos tener todas y todos los mexicanos sobre la convicción y la libre conciencia ética y religiosa.
“Me parece que este es un hecho más a través del cual el Ejecutivo trata de imponernos su visión, o lo que él entiende por moral, y también le gana su convicción como cristiano”, subrayó.
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El tema migratorio fue abordado nuevamente ayer en la comisión permanente del Congreso de la Unión. La diputada María Libier González Anaya (MC), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, exigió que el Gobierno federal informe qué hará para atender a los mexicanos que fueron y serán deportados de Estados Unidos en estos días.
“Tenemos que exigir que ya den la manera en la que se va a trabajar. Porque no hay nada claro, no hay información verídica, todo mundo habla y dice, pero los consulados no han dicho: en este lugar, éstos son los abogados, éstos son los teléfonos, se va trabajar en los consulados ayudando. No hay claridad en la información”, apuntó.
Lo anterior, al ser consultada sobre la llegada, este fin de semana, de un grupo de mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos; asimismo, sobre las amenazas del presidente, Donald Trump, de llevar acabo “redadas”.
Indicó que los diputados deben exigir al Ejecutivo federal incentive políticas públicas en la materia y se “tomen cartas en el asunto, en esta situación tan difícil”.
González Anaya sostuvo que las deportaciones que han sucedido hasta el momento “ya tenían la orden. Hasta ahorita no se han visto redadas, pienso que más que todo es crear el miedo, temor e incertidumbre, pero realmente no se ha visto como lo mencionaron”.
“Estas personas ya tenían las órdenes de deportación y es lo que se está ejecutando”, aseguró la diputada.
Sin embargo, dijo, se les pide a los migrantes mexicanos sigan las recomendaciones “de no abrir la puerta, pedir que traigan una orden para recibirlos, que todo lo pasen por debajo de la puerta; antes de que ellos corran peligro”.
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Sobre el tema, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió a diputados entrar en contacto con los congresos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos para dar mayor impulso al Plan Integral de Desarrollo de Centroamérica, elaborado por la Cepal.
Durante su participación en la reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, de Frontera Norte y de Frontera Sur, el funcionario comentó que hasta ahora ha habido un empuje al Plan a nivel de poderes ejecutivos, pero “no hemos trascendido a los legislativos”.
“Nos ayudaría mucho que establecieran con sus contrapartes legislativas, tanto en los tres países centroamericanos como en Estados Unidos, un empuje y apoyo político, mismo que hasta el momento lo hemos tenido en los ejecutivos, pero no hemos trascendido a los legislativos correspondientes”, puntualizó.
El subsecretario explicó que el Plan Integral de Desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tiene financiamiento internacional de dos fuentes: recursos gubernamentales y sociales. En el caso de México, la aportación es a través del Fondo Yucatán, que para este año tiene 2 mil millones de pesos.
Señaló que el dinero del fondo es operado a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que cuenta con mecanismos robustos de transparencia.
El funcionario informó que se han iniciado pláticas con la Unión Europea y Estados Unidos para el financiamiento del Plan, donde la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero del gobierno estadounidense (OPIC, por sus siglas en inglés) ya ha comprometido recursos para infraestructura en México.
Reyes Zúñiga apuntó que para atender el problema de la llegada de migrantes centroamericanos al país, el gobierno federal sólo está utilizando sus propios recursos, sin requerir apoyo monetario a los estados.
“Todas las acciones que estamos realizando las estamos haciendo con recursos del gobierno federal, aunque hay una gran coordinación con los gobernadores”, expresó.
Asimismo, indicó que una de las bases de la estrategia del gobierno federal para enfrentar el fenómeno migratorio reciente es “transferir parte de los apoyos sociales que tiene en sus programas ancla a los migrantes que deseen quedarse aquí en México”.
Rugidos

¡ No Reelección !
El momento político que vive Baja California, luego de que los diputados en esa entidad, aprobaron reformas a su Constitución para que el gobernador electo, Jaime Bonilla gobierne no solo 2 años –para ello fue votado- sino cinco años, parece que será aplacado en unos días más.
Y es que desde el centro del país, crece el rechazo unánime a violentar la ley electoral y la Constitución General de la República, debido a lo cual las fuerzas políticas parece estar poniéndose de acuerdo para meter reversa a la decisión de ampliar los años de gobierno de Jaime Bonilla.
De permitir una acción de tal naturaleza, se asestaría un duro golpe al principio que da sustento a la democracia en nuestro país y a la frase de Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección.







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