Selva Política

*Propondrán Diputados Regular a Empresas Encuestadoras Electorales

*Presentan Acción de Inconstitucionalidad, Contra Reforma de Pensiones

La diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) presentará una iniciativa de ley para regular a empresas que se dedican a realizar encuestas electorales.

Mediante un comunicado indicó que se busca establecer normas claras y precisas para la realización de encuestas electorales, garantizando transparencia y veracidad de la información proporcionada a la ciudadanía.

“Con esta medida se pretende evitar que los ciudadanos sean engañados por datos manipulados que podrían influir en sus decisiones de voto”.

Piñón Rivera expuso que la iniciativa surge en el contexto de campañas en donde estimaciones presentadas por diferentes encuestadoras han mostrado variaciones extremas, desde diferencias de 40 puntos porcentuales hasta empates técnicos.

Una vez concluidos los comicios, dijo, se evidenciarán dos tipos de encuestadores: aquellos cuyas proyecciones resulten precisas y los que quedarán al descubierto como propagandistas, debido a que sus estimaciones estarán muy alejadas de los resultados reales.

La diputada por Veracruz enfatizó que esta situación no sólo genera desinformación, sino que también busca manipular a los ciudadanos.

“Es indispensable que exista un marco regulatorio que sancione a las encuestadoras que, de manera deliberada, proporcionen estimaciones manipuladas. Independientemente del descrédito que sufrirán los encuestadores que fallen de manera garrafal en sus vaticinios, propondré sanciones específicas para aquellos que incurran en hechos verificables de desinformación”.

Finalmente, subrayó la importancia de esta regulación para mantener la integridad de futuros procesos electorales y asegurar que las encuestas sean una herramienta informativa fiable, y no un instrumento de propaganda que desvirtúe la voluntad popular.

En otro tema, ayer diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a diversas leyes sobre el sistema de pensiones, por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para evitar que el gobierno se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que las y los integrantes de esas bancadas, así como las dirigencias nacionales de sus partidos, esperan un procedimiento rápido.

Señaló que debe llamar a sospecha que sólo se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en materia de pensiones, y no los referentes al derecho de amparo y la amnistía, también aprobados recientemente en el Congreso de la Unión.

“Estamos esperando a que publiquen las otras dos leyes para poderlas impugnar. Algo están pretendiendo hacer, pero como les urgía quedarse con el dinero de las Afores la tuvieron que publicar”, añadió.

Apuntó que el saqueo de las Afores se da de manera “increíble”, porque corresponde a que México está quebrado, ya que “hace una semana llegaron los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde no solamente confirman que este año son 2 billones de pesos de déficit, sino que anuncian que el año que entra este país va a requerir otro billón de pesos si no cambiamos la realidad que estamos viviendo”.

Por su parte, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que la acción de inconstitucionalidad se realizó con base en el artículo 14 de la Constitución Política y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan que nadie podrá ser privado de sus propiedades mediante un juicio.

Asimismo, refirió que el artículo 16 constitucional establece que nadie podrá ser molestado en su persona, en sus bienes, en sus posesiones, sino mediante actos de autoridad que fundamenten y motiven el procedimiento; “a nadie se le notificó que retiraron su dinero”.

Argumentó que en el artículo 22 constitucional se indica que está prohibido en México la confiscación de los bienes, y subrayó que en dicho “fondo público no especifican rendimientos y eso se llama un perjuicio”.

“Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que la Suprema Corte de Justicia habrá de fallar no a favor de la oposición, sino de miles de personas que quizá ni siquiera saben que les acaban de sustraer sus recursos”, expresó.

En su oportunidad, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, enfatizó que la oposición está defendiendo los derechos de las y los trabajadores en este país.

“Lo que hacemos al presentar esta acción de inconstitucionalidad es defender el patrimonio de las y los trabajadores, que les ha costado tanto trabajo a quienes en algún momento de sus vidas pudieron construir un patrimonio propio a través del esfuerzo y los años vertidos en un trabajo, y hoy desde el Gobierno Federal se les está queriendo robar”, dijo.

Consideró que la reforma es una acción autoritaria “por parte del gobierno, que no quiere reconocer esto que hoy se hace público, que el país se encuentra en bancarrota, y para tratar de sanar el partido oficialista le está prácticamente robando a las y los trabajadores”.

Moreira Valdez se pronunció en contra de la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque la iniciativa aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados no establece lo que el Presidente informó públicamente.

De salida les informamos que la diputada Gabriela Sodi (PRD) plantea reformar el Código Penal Federal para establecer sanciones de dos a seis años de prisión y el equivalente de 500 a cinco mil días multa a las personas que maltraten, abandonen, dañen o torturen a animales de compañía, urbanos y adiestrados.

La iniciativa adiciona un Capítulo Sexto, “Del Maltrato Animal”, conformado por un artículo 423 Bis, al Título Vigésimo Quinto que se denominaría “Delitos contra el Ambiente, la Gestión Ambiental y el Maltrato Animal”.

Establece que se impondrá pena de dos a seis años de prisión y el equivalente de 500 a cinco mil días multa a quien cometa actos de maltrato, abandono, daño o tortura en contra de animales de compañía, urbanos y adiestrados, causándoles daños físicos o psicológicos provocados por negligencia o de manera intencional perpetrado por sus propietarios, encargados o terceras personas.

Entre los casos que se sancionarán con esta reforma está el causarles la muerte innecesaria utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento, y el sacrificio con métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las ambientales.

Rugidos

Fin de Campañas

Tras concluir las campañas políticas, los próximos tres días serán de reflexión para los electores, interesados en participar en la contienda electoral del próximo domingo, donde están en juego más de 20 mil cargos de elección popular.

Este jueves, viernes y sábado los ciudadanos no escucharemos más las promesas, compromisos de campaña, acusaciones, señalamientos, dimes y diretes que a lo largo de tres meses se multiplicaron durante las 24 horas de cada día.

Lo más importante de este momento será la reflexión y decisión que tomen todos y cada uno de los electores, quienes con su participación habrán de decidir quien será la próxima presidente de México para los seis años siguientes.

Ahora toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno, establecer las condiciones necesarias para que el próximo domingo todos los electores vayan hacerlo en medio de un clima de paz y seguridad. Que así sea.