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Selva Política

  • MIGUEL BARBA
  • 4 jun 2024
  • 5 Min. de lectura


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*Llaman Diputados al Gobierno Federal, a Prevenir más Incendios Forestales

*Buscan Expedir la Ley Federal de Protección y Conservación del Maguey

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) llamó al titular del Ejecutivo Federal a implementar una estrategia específica de prevención, atención y mitigación de incendios forestales en todo el territorio nacional.

Con ese objetivo presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en el cual también pide a la gobernadora del Estado de México dé a conocer las acciones que ha empleado para garantizar la integridad de las zonas naturales ante la presente sequía.

Herrera Anzaldo explicó que, hasta el 18 de abril de 2024, de acuerdo con el Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales, se han registrado dos mil 698 siniestros en 29 entidades federativas, en una superficie de 121 mil 025.46 hectáreas.

Las principales demarcaciones afectadas son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Durango, Veracruz, Chiapas y Chihuahua, es decir cerca del 85 por ciento del país, detalló en un comunicado.

“Es evidente que nos estamos enfrentando ante una crisis forestal de tamaño nacional, esto no es una situación aislada, es un problema que se debe de enfrentar de manera integral, a pesar de los heroicos esfuerzos de los brigadistas y cuerpos de protección civil, los incendios forestales son un problema alarmante”, señaló.

Por ello, insistió en prevenir y asignar recursos suficientes que permitan enfrentar estos desastres naturales, ya que el país se está enfrentando a una de las sequías más severas de los últimos años.

“El presidente solo desacredita y minimiza los hechos, politizando cualquier afectación bajo la excusa de que todo es un ataque contra su gobierno, cuando la realidad es que nos estamos incinerando”, remarcó.

En otro tema, el diputado Otoniel García Montiel (Morena) impulsa una iniciativa para expedir la Ley Federal de Conservación, Protección y Manejo Sustentable del Maguey, que tiene por objeto regular la producción, cultivo, explotación y manejo sustentable del maguey en todas sus variedades.

También, fomentar la conservación, protección y sostenimiento de su ecosistema y biodiversidad, así como su producción y comercialización.

La propuesta fue turnada para dictamen a las comisiones unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Este proyecto de ley consta de 91 artículos divididos en nueve títulos (Disposiciones generales, Consejo Consultivo del Maguey, De los productores, Desarrollo sustentable del maguey, Manejo sustentable del maguey, Investigación, De la participación social, Cultura, y Delitos y sanciones), así como de seis preceptos transitorios.

En su exposición de motivos, el legislador refiere que México destaca como epicentro de diversidad de magueyes, ya que alberga cerca de 150 especies de las 200 registradas a nivel mundial. Existen 18 especies pertenecientes al género agave, 13 de ellas endémicas, que se encuentran amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial debido a las actividades humanas y a los cambios en el entorno natural.

Apunta que los magueyes tienen una gran importancia económica y cultural para los pueblos de México y su aprovechamiento tiene múltiples formas. La agroindustria se ha especializado en la elaboración de bebidas destiladas principalmente tequila y mezcal, producción de aguamiel y pulque y extracción de fibras para la industria textil.

El cultivo y la producción de agaves, prosigue, está altamente concentrado en regiones de algunos estados del país. Por ejemplo, el cultivo del henequén se da en Yucatán. El agave tequilero, en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. El agave mezcalero, en Oaxaca, y el cultivo del maguey pulquero en Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

García Montiel señala que la evolución de los cultivos y la producción de agaves se explica en función de los contextos económicos, sociales y políticos que rodean a los pueblos y a los productores en diversas regiones, los cuales impactan el diseño de proyectos, programas y políticas públicas para fomentar su producción, aprovechamiento y conservación

“El maguey representa un aliciente económico y sustentable para el país; desde las vertientes ambientales, por su captación de carbono, el trabajo que realiza para la fertilidad de la tierra y la captura de aguas pluviales, incluyendo el impacto social y sustento para varias familias mexicanas”, expresa.

Advierte que el maguey se pone en peligro por una explotación sin marco regulatorio que reglamente su producción, aprovechamiento y cuidado, y, a su vez, luche contra las acciones clandestinas en contra de la planta.

Subraya que con esta ley se da respuesta a la demanda constante de cientos de agricultores de México, mismos que cuentan como único sustento de su familia el cultivo de esta planta milenaria, y se mejoran las expectativas para el desarrollo de las entidades productoras de maguey.

De salida les informamos que el diputado del PRD, Mauricio Prieto Gómez, promueve una iniciativa que reforma la fracción X del artículo 1 y adiciona un artículo 65 Quáter, de la Ley Federal del Consumidor, en materia de los servicios de alojamiento compartido en casas o departamentos.

Revela el legislador que a la fecha no existe una disposición en esa Ley que especifique la protección de miles de consumidores de este servicio, por lo que se busca que las personas reciban el mismo trato de aquellas que se hospedan en hoteles tradicionales y que están amparados por una ley del consumidor.

Con base en lo anterior, propone que la Ley Federal del Consumidor otorgue la protección de los derechos de las personas en actividades de consumo, ampliando la descripción de condición social, de salud, de religión, por opiniones, de preferencias sexuales, de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y afromexicanos.

Asimismo, plantea que las disposiciones se apliquen en los servicios de hospedaje a través de alojamiento temporal en casas o departamentos, que se ofrecen mediante distintas aplicaciones digitales.

En la celebración y prestación de dichos servicios se cumplirá con lo siguiente: contratar una póliza de seguro de hogar, que ofrezca la protección necesaria para las personas, inmueble y los bienes que se encuentren en ella, para cubrir los gastos derivados de accidentes que pueden darse en el lugar.

Proporcionar en condiciones de higiene y limpieza adecuadas la casa o departamento y habitaciones privadas con capacidad para dos huéspedes o menos. Facilitar la información de contacto del anfitrión, de seguridad, de las normas y restricciones pertinentes.

Disponer de un detector de humo, un detector de monóxido de carbono y un extintor de incendios. Divulgar previamente las normas de la comunidad de vecinos u otras establecidas por las organizaciones de inquilinos, las normas de la casa o departamento y la guía para el huésped.

Rugidos

¿ Voto por Voto ?

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A lo largo y ancho del país crecen los comentarios, señalamientos y hasta afirmaciones en torno al resultado muy abultado de las elecciones federales, en favor de los candidatos oficialistas que ante sus opositores se disputaron regidurías, alcaldías, gubernaturas, senadurías, diputaciones y la mismísima Presidencia de la República.

En el ánimo de la gran mayoría de la población mexicana, está el sentimiento de que durante la jornada electoral del 2 de junio se fraguó y llevó a cabo un fraude que, insistimos, favoreció enorme y extrañamente a los candidatos de la coalición conformada por MORENA, PVEM y PT.

El resultado electoral, aseguran 8 de cada 10 personas en promedio, no corresponde al sentimiento y revelación respecto a por quién votamos la mayoría de las mujeres y hombres en México. Ante ello, acusan una y otra vez que la llamada “elección de Estado” se concretó y arrojó los porcentajes de votos ya conocidos por todos.

Sin poder asegurarlo, los molestos ciudadanos mexicanos que perdieron, vienen denunciando que la llamada “elección de Estado” –destinar recursos económicos para comprar votos, el acarreo de votantes a quienes se les pagó ese mismo día, la operación política que llevaron a cabo los llamados Servidores de la Nación en cientos de municipios del país y la presión para obligar a simpatizantes a acarrear a familiares y amigos para llevarlos a las urnas—es causa y efecto para pedir, solicitar y exigir al Instituto Nacional Electoral, la nulidad de los comicios.

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