Selva Política

*Proponen Eliminar del Código Civil Federal, Limitantes Para Casarse o Divorciarse

*Ley de Representación Proporcional, Antes Benefició a la hoy Oposición: MORENA

La diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) propuso modificar el Código Civil Federal, a fin de eliminar las restricciones de tiempo para contraer matrimonio y para divorciarse, así como reemplazar el término “hijo ilegítimo” por el de “hijo concebido fuera del matrimonio”.

Lo anterior, mediante una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 267, 274, 276 y 289 de dicho ordenamiento, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.

El artículo 267 vigente establece como causa de divorcio “que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado como ilegítimo”. Considera que esa redacción representa un acto de discriminación y violencia contra la niñez, por lo que propone cambiar ese término por el de “concebido fuera del matrimonio”. 

Asimismo, plantea señalar en el artículo 274 que el divorcio por mutuo consentimiento puede solicitarse en cualquier momento a partir de la celebración del matrimonio, eliminando el término actual que es de un año.

El cambio al artículo 276 plantea eliminar la última parte de este precepto que dice: “los cónyuges no podrán volver a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, sino pasado un año desde su reconciliación”. 

Respecto al artículo 289 propone derogar sus últimos dos párrafos, los cuales señalan que el cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse, sino después de dos años, a contar desde que se decretó el divorcio, y que, para que los cónyuges que se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio.

La diputada Rodríguez González argumenta que estas disposiciones establecen restricciones a la posibilidad de contraer matrimonio libremente y demandar libremente su disolución, por lo que pueden constituir un acto de discriminación en el caso de que se apliquen bajo criterios inherentes a la persona.

Además, subraya que aplicar el término “ilegítimo” a una hija o hijo es etiquetarle como persona no querida, no deseada y que es producto del error, lo que puede inducirle sentimientos de culpa por creer que causó la separación de sus padres y limitar su desarrollo pleno en la vida adulta. 

Las y los legisladores, dijo, tenemos el deber y la obligación de representar a este sector, velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas nuestras decisiones y actuaciones legislativas. “No podemos permitir que esta disposición, que representa un acto de violencia contra la niñez, siga existiendo en nuestra normativa nacional”.

En otro tema, ayer el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que la oposición intenta cambiar las reglas de representación proporcional que durante más de 12 años la favoreció, además de que, en su momento, se opuso a reformas por temor a la paridad y la equidad.

En un comunicado Mier Velazco expresó su confianza en que el Instituto Nacional Electoral (INE) actuará en estricto apego a la ley durante la asignación de candidaturas por representación proporcional. 

"Vivimos en un Estado de derecho. Insistentemente, los partidos de oposición han manifestado que se respete la ley; pues nosotros le pedimos al INE que se apegue a la ley".

Recordó que la ley vigente fue avalada en anteriores legislaturas, cuando PRI y PAN eran mayoría, y ellos decidieron mantenerla tal como está. 

Explicó que la Constitución establece un límite del ocho por ciento por partido para la representación proporcional, vinculado a la votación obtenida, por lo que consideró infundado el argumento de la oposición sobre una supuesta sobrerrepresentación.

Asimismo, destacó que esta discusión se repite cada tres años con la integración de una nueva Legislatura.

"Cada vez que los cálculos no favorecen a algún partido, se cuestiona el procedimiento para determinar la representación proporcional conforme a la ley", comentó.

Mier Velazco también acusó al PAN y al PRI de querer cambiar la interpretación de la ley que antes los benefició. 

Recordó que se presentó una reforma para modificar este criterio, pero que quedó estancada porque el PAN se negó a votarla, al no estar de acuerdo con la inclusión de la alternancia de género en las dirigencias.

Agregó que Morena siempre ha estado a favor de la participación alternada de las mujeres en la dirigencia del movimiento, resaltando el compromiso del partido con la paridad de género.

De salida les informamos que el diputado Rodolfo Cardona Pérez (PT) presentó una iniciativa que modifica los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer un plazo máximo de 365 días naturales para finalizar una investigación cuando exista una denuncia por presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares.

Instituye que una vez que inicie formalmente la investigación, es decir, que se le haya notificado al denunciante, al área interna o a la autoridad gubernamental o externa que practicó la auditoría al inicio de la investigación, la autoridad investigadora tendrá como plazo máximo 365 días naturales para finalizar la investigación correspondiente. 

Indica que se podrá informar al denunciante o al superior jerárquico, con 15 días hábiles previos al cumplimiento del plazo señalado anteriormente, la necesidad de realizar una investigación complementaria, que tendrá una duración máxima de 183 días naturales más, a partir del cumplimiento del primer plazo.

 Agrega que una vez admitida la denuncia por la autoridad investigadora, ésta última tendrá la obligación de informar cada 90 días naturales al denunciante sobre el avance que guarda la investigación, informándole el carácter de confidencial y respetando los datos personales de las partes en dicho informe.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, menciona que la corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y a la inestabilidad, pone en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

En su fundamentación asegura que el personal que integra las contralorías ha externado comentarios en el sentido de que la Ley de Responsabilidades Administrativas, tanto la general como las estatales, no son claras en el apartado de las investigaciones por la comisión de presuntas faltas administrativas. 

Puntualiza que el personal dentro de los mismos órganos internos de control desconoce completamente el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, lo que puede ser considerado como un reto a enfrentar tanto por el gobierno como por las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.

“La corrupción no sólo sigue al conflicto, sino que a menudo es una de sus causas fundamentales; alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al socavar el Estado de derecho, agravar la pobreza y facilitar el uso ilícito de recursos”, describe.

Enfatiza que la prevención de este delito, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales el Estado mexicano ha mostrado su compromiso con los mismos.

Rugidos

Emergencia Judicial

Carrera Judicial y derechos laborales afectados, son los dos puntos en los que se sustenta la protesta y decisión de parar labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, determinación sin precedente la cual tendrá fuertes y serias consecuencias.

A unos días de que se dieran a conocer las conclusiones en torno a los foros sobre la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente de México, Andrés López Obrador el conflicto entre los trabajadores y diputados se acentuó y nadie por el momento se atreve a asegurar cuál será el final de esta desavenencia jurídica-laboral.

La posibilidad de concretar la reforma, dependerá de los alcances que tenga la movilización, protestas y propuestas de los trabajadores que por cierto en 13 estados del país se les respalda desde los centros de trabajo del poder judicial de la Federación.

No se debe perder de vista que el deseo de los diputados es llevar al banquillo de los acusados a los ministros, magistrados y jueces, así como a un importante número de trabajadores por cierto altamente calificados para su labor que desempeñan. Vaya momento que vive el país.