Selva Política

+Plantean Reforma a Ley del ISSSTE, en Materia de Edad Mínima en Jubilación.

+Necesario Reformar Protocolos de Seguridad Hospitalaria en el País, Proponen

El diputado Gerardo Olivares Mejía (PT) impulsa una iniciativa para que las personas trabajadoras del Estado activas al momento de la reforma de 2007, cuando cumplan 30 años de cotizaciones los hombres y 28 años las mujeres, la edad mínima para obtener la jubilación sea de 52 y 50 años, respectivamente.

La propuesta de reforma es al artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.

El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Social, plantea modificar la tabla contenida en dicho artículo que establece actualmente el requisito de la edad mínima, que se eleva cada año hasta alcanzar los 60 años en el caso de los hombres y 58 años de las mujeres.

El objetivo, argumenta, es recuperar las condiciones y requisitos de jubilación vigentes al momento de la reforma de 2007, que cambió el régimen de pensiones en perjuicio de los trabajadores.

Añade que la propuesta se enfoca en la edad de jubilación y en el problema que generó el régimen de pensiones introducido por la Ley del ISSSTE de 2007, que afectó este derecho de los trabajadores del Estado. Quienes estaban en activo al momento de su expedición, precisa, podían adherirse al régimen de cuentas individuales administradas por Pensionissste, y se ofrecieron bonos para capitalizarlas, y al aceptar se admitían sus nuevos términos, requisitos y modalidades.

Esto perjudicó a quienes no adoptaron el nuevo régimen, pues aumentó su edad de retiro y, aunque se respetaron los años de servicio para acceder a ello (28 para las mujeres y 30 para los hombres), el artículo Décimo Transitorio del Decreto incorporó una tabla con el requisito de la edad mínima, que se eleva cada año hasta alcanzar los 60 años en el caso de los hombres y 58 años de las mujeres, reitera.

Ello, considera, perjudicó los derechos adquiridos de los trabajadores del Estado, pues al momento de iniciar su relación laboral había prerrogativas y requisitos específicos de jubilación, que se modificaron en sentido regresivo, porque antes de la reforma de 2007 ésta se lograba al acumular 28 o 30 años de servicio, sin importar la edad que tuvieran.

Reconoce la necesidad de que el Estado sea solvente para cumplir el pago de pensiones de jubilación a quienes cubran los requisitos, así como incrementar de manera sostenida el ahorro de los trabajadores para el retiro. Sin embargo, señala que este proceso debe implementarse sin afectar derechos adquiridos.

En la actualidad, expresa, hay condiciones para reparar algunas medidas regresivas de las reformas al sistema de pensiones de 1997 y 2007 y aunque es complejo volver por completo al sistema solidario anterior, algunos aspectos sí se pueden corregir, como el derecho a la pensión de los trabajadores al servicio del Estado que estaban en activo al momento de la reforma de 2007, que ahora deben cubrir el requisito de los años de cotización y el de una edad mínima.

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En otro tema, y con el fin de que las entidades del Sistema Nacional de Salud establezcan protocolos de seguridad hospitalaria obligatorios para evitar el robo o la sustracción de recién nacidos, los cuales incluyan medidas como la trazabilidad biométrica entre madre e hijo, control de accesos, videovigilancia y activación inmediata del “Código Rosa”, la diputada Ana Isabel González González (PRI) impulsa una iniciativa.

El documento, que adiciona un segundo párrafo del artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, expone que el propósito fundamental es señalar la obligatoriedad y la implementación de filtros de seguridad en todas las instituciones de salud en México, así como la creación de protocolos estandarizados que prevengan la sustracción de recién nacidos.

Tal enfoque --añade-- no solo busca su protección sino garantizar que el personal médico y administrativo reciba formación continua en la prevención de robos y en la respuesta rápida ante cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de las y los pacientes más vulnerables.

González González refiere que organismos especializados como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU han hecho un llamado al Estado mexicano para que tome medidas concretas.

Entre sus recomendaciones se incluye la tipificación del robo de recién nacidos como un delito autónomo en el Código Penal Federal, la implantación de protocolos universales de seguridad hospitalaria, como el “Código Rosa”, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) mediante la asignación de recursos y atribuciones claras, así como la creación de registros nacionales de incidentes y mecanismos de trazabilidad biométrica que permitan un seguimiento efectivo de estos casos.

Menciona que, pese a las cifras alentadoras en términos de nacimientos, México enfrenta serios problemas relacionados con la sustracción de recién nacidos en hospitales. 

“Muchos hospitales, tanto públicos como privados, carecen de los filtros de seguridad necesarios para proteger a los recién nacidos, lo que contribuye al aumento de los casos de robo de bebés. Esta falta de medidas adecuadas no solo pone en riesgo la seguridad de los infantes sino también afecta su desarrollo y bienestar a largo plazo”.

La sustracción de bebés en hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados --resalta-- es un tema que requiere atención legislativa urgente. La posibilidad de que muchos sean víctimas de explotación infantil o abuso es alarmante y subraya la necesidad de establecer leyes más estrictas y protocolos de seguridad más robustos.

En la actualidad, ninguna disposición de la Ley General de Salud promueve e instaura filtros de seguridad eficientes que ayuden a garantizar la protección de los recién nacidos en los hospitales, previniendo en todo momento su sustracción.

Diferentes medios periodísticos indican que desde 2018 han desaparecido más de 100 bebés tan solo en Ciudad de México, 48 no fueron localizados. Asimismo, la organización Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe menciona que los recién nacidos pueden ser víctimas de adopciones ilegales o trata y explotación sexual, refiere.

No obstante, abunda la diputada del PRI, el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido pionero en la adopción del protocolo “Código Rosa”, diseñado para localizar a niños y niñas que se encuentren en situaciones de desaparición, extravío o ausencia dentro de sus instalaciones.

Ese protocolo se centra en la capacitación y sensibilización del personal médico, de enfermería, así como de los técnicos en atención y elementos de seguridad y protección civil. Sin embargo, es importante señalar que la implementación del “Código Rosa” no es obligatoria en todas las instituciones del sistema de salud, por lo que es vital su estandarización para garantizar la seguridad de los recién nacidos en todos los hospitales del país.

Algunos beneficios con la activación de protocolos de seguridad de cuidado de los bebés, enfatiza la iniciativa enviada a la Comisión de Salud de forma directa por la Permanente son: filtros de protección y seguridad, revisiones e inspecciones exhaustivas permanentes, entornos seguros, disminuir los índices de sustracción de bebés, brindar atenciones a los familiares de cuidado y protección, y contar con un registro de los recién nacidos.

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De salida les informamos que la diputada Anabel Acosta Islas (PVEM) señaló que la participación de México en la 150 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas reafirma su compromiso con los derechos humanos, la justicia social, la inclusión y la cooperación parlamentaria internacional.

En su informe de actividades publicado en la Gaceta Parlamentaria, tras su participación en la UIP que se realizó del 5 al 9 de abril en Tashkent, Uzbekistán, la diputada destacó la importancia del multilateralismo y la diplomacia parlamentaria para enfrentar los desafíos globales.

Detalló que en el encuentro participaron parlamentarios de 178 países, quienes debatieron en torno al eje temático “Acción parlamentaria para el desarrollo social y la justicia”. La delegación mexicana estuvo integrada por legisladores de Morena, PRI, PAN, PVEM, PT y MC.

Durante las sesiones plenarias y mesas de trabajo, la diputada Acosta Islas participó en las discusiones sobre la erradicación de la pobreza, el acceso a servicios básicos, el trabajo decente y la inclusión de grupos marginados.

“La Asamblea brindó espacios para reflexionar sobre el rol de los parlamentos frente a las desigualdades que persisten en nuestras sociedades”, destacó.

La UIP aprobó resoluciones sobre temas urgentes, uno de ellos: el impacto de los conflictos armados en el desarrollo sostenible. Sobre este punto, dijo, se llamó a los parlamentos a impulsar marcos legales que atiendan los daños ambientales causados por la guerra, así como el reconocimiento del ecocidio como crimen internacional.

También se adoptó la Declaración de Taskent, que propone tres ejes de acción: invertir en las personas mediante servicios universales; democratizar la economía con políticas fiscales progresivas y fomento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); y fortalecer las instituciones mediante transparencia e inclusión.

Asimismo, se abordaron violaciones a los derechos humanos de parlamentarios en distintos países. La UIP denunció acoso, detención arbitraria y violencia política, e hizo un llamado a los Estados a garantizar la integridad de los legisladores y a fortalecer mecanismos de protección, agregó.

Rugidos

Impune Huachicol

Cuando el presidente Andrés López Obrador llegó a la Presidencia de la República, poco o nada se sabía del delito que representaba en el país, extraer gasolina de los ductos que la red de distribución de Pemex tiene a lo largo y ancho del país.

En su afán y compromiso de combatir la corrupción, poco a poco, a lo largo de las semanas y meses, fue informando, documentando y combatiendo este delito que para millones de mexicanos era, hasta ese entonces algo poco conocido o, de plano desconocido.

El ex mandatario ilustró al crimen organizado, sobre ese delito. Detalló los modus operandis de un grupo muy pequeño de delincuentes que llegaban a dedicarse en la extracción y, con ello mostró el camino de lo que podrían hacer quienes así lo decidieran.

Durante el periodo de su administración, López Obrador combatió firmemente este delito. Lo mantuvo a raya, como solía decir. Sin embargo, apenas 6 meses después de dejar la Primera Magistratura este delito literalmente “explotó”.

¿De qué tamaño es hoy en día la práctica de robar hidrocarburos a Pemex? La pregunta tiene su respuesta contundente en los últimos decomisos de 500 mil litros, un millón de litros o de 2 millones de litros de gasolina, almacenados en un predio del estado de Tamaulipas.

El hurto es sorprendente y va en aumento.