Selva Política

MIGUEL BARBA

• Exigen Diputados, Aclara el destino de los Ahorros Generados por la Austeridad

• Sin Filias ni Fobias, Este Gobierno Combate la Impunidad Asegura Sandoval B.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) pidió aclarar el destino de los ahorros generados a partir de las medidas de austeridad que impulsa el gobierno federal, y explicar qué metodología se usa para evaluar si estas políticas están funcionando.

En el grupo parlamentario del PRI “estamos a favor de impulsar una gestión eficaz de los recursos, pero no apoyaremos reducir el gasto, dañando los servicios básicos que debe proporcionar el Estado”, sostuvo durante la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que asistió con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno, ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

La diputada afirmó que este informe del Ejecutivo federal señala que en 2019 se redujo el gasto de servicios personales, tanto por una reducción en el número de plazas de estructura como por una disminución de los precios y salarios de los altos funcionarios, entre un 12 y 47 por ciento.

Enfatizó que el gobierno federal anunció una meta de ahorro para el 2019 de 200 mil millones de pesos que se alcanzarán mediante eficiencias administrativas, consolidación de compras, cancelación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación, así como la optimización de los servicios de vigilancia y de los seguros patrimoniales que contratan las dependencias y entidades.

“Sin embargo, no han quedado claras las acciones y mecanismos para lograr esta meta, ni el destino de los ahorros generados a partir de estas medidas de austeridad, ni se establece tampoco una forma detallada de reportar el uso de estas economías”, expuso.

Dijo que hasta ahora se desconoce si existe una metodología clara que permita evaluar si las políticas de austeridad están funcionando como se espera, o si es necesario conocer qué podemos mejorar y qué áreas de oportunidad se necesitan rectificar.

“Generar ahorros en el gasto público no garantiza buenos resultados en materia de educación, en materia de salud, seguridad, ni tampoco blinda al gasto público de desvíos y de malos manejos”, agregó.

Ayer la secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados. La funcionaria afirmó que esa dependencia federal combate la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que se investiga lo mismo a destacados servidores públicos de la administración actual, así como a quienes tenían procesos abiertos en los gobiernos anteriores y que deben terminarse por obligación.

Al comparecer ante el Pleno, con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, subrayó que para la Secretaría de la Función Pública (SFP) no hay intocables ni perseguidos. “Hemos impuesto casi 3 mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones, 256 sanciones económicas”.

Aseguró que la corrupción fue la peor herencia de las últimas décadas y del neoliberalismo, pero “si continuamos trabajando juntos desde el Ejecutivo y el Legislativo, Estado y la sociedad, caminando con millones de mexicanos que ya están cansados de más de lo mismo, sin duda erradicaremos ese cáncer que nos lacera; la SFP pone todo el empeño para lograrlo”.

Destacó auditorías de obra pública en las que se determinaron 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos, de los cuales más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con sede en Texcoco, que “se caracterizó por pagos injustificados, sobreprecios de diversos signos, mala calidad de la obra y vulneración de las especificaciones convenidas en los contratos iniciales”.

Respecto de las auditorías a programas de Desarrollo y Operación Regional, se observaron más de 46 mil millones de pesos que estados y municipios deberán justificar o reintegrar a la Federación.

Mencionó más de mil 500 observaciones por un importe de casi 7 mil millones de pesos que los organismos estatales de control deben empezar a acreditar para dar inicio a los respectivos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Y 3 mil 500 observaciones por un monto de 14 mil millones de pesos, que las contralorías estatales deben acreditar los dictámenes de prescripción correspondientes y zanjar estas observaciones. En general, tenemos casi 2 mil observaciones que derivaron de las auditorías realizadas en 2018 por un importe de 6 mil millones de pesos.

“En el fortalecimiento de la fiscalización hemos estado asistidos y acompañados por las 32 contralorías estatales. De hecho, tengo el honor de presidir en el ámbito federal la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, con quienes hemos trabajado sin descanso”, apuntó.

Irma Eréndira Sandoval subrayó que en combate a la impunidad, se avanza también con paso firme. “Detuvimos la simulación burocrática y fortalecimos la investigación rápida de temas muy demandados por la sociedad, y además asignamos una sanción expedita en las faltas administrativas”.

Precisó que de las más de 28 mil 300 denuncias ciudadanas recibidas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, que en sí misma esta cifra es un testimonio histórico de la confianza ganada a pulso por la Secretaría de la Función Pública, ya que representa 27 por ciento adicional de denuncias que en el mismo periodo inmediato anterior.

Añadió que al 15 de octubre las denuncias generadas a partir del primero de diciembre de 2018 y hoy día, se han disparado hasta llegar a ser 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones en curso, 5 mil 510 de las cuales ya están concluidas.

Entre licitantes, proveedores y contratistas establecimos 187 sanciones e impusimos multas por más de mil 400 millones de pesos, 25 por ciento adicional que en periodo idéntico del año anterior.

La secretaria dijo que se propuso revivir y reanimar la SFP, porque los dos últimos presidentes habían planteado su desaparición, tanto en 2009 como en 2013. Durante años la secretaría sobrevivió pendiendo de un artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Explicó que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió fortalecer y mejorar la vigilancia y el control interno en toda la administración pública. Para ello, se concentró organizacional, jerárquica y presupuestalmente a todo el personal de los Órganos Internos de Control (OIC).

Rugidos

¿Estancados?

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reveló ayer que sigue en picada esta actividad a nivel nacional, columna vertebral de la economía nacional, debido en buena medida al subejercicio que el gobierno federal lleva a cabo a lo largo de ya casi 11 meses.

Los empresarios del ramo advierten además que la consecuencia inmediata es la afectación a otras industrias como la del cemento, el acero, vidrio, cobre y, sobre todo desalienta la generación de empleos directos e indirectos.

El llamado a hacer más eficiente el gasto público, parece ser oportuno, pues de aplazarse por más tiempo el fantasma de la recesión y nulo crecimiento nacional, se anunciará de un momento a otro, detonando la fuga de capitales de inversión.

La industria de la construcción ha prendido los focos rojos, de un momento difícil que podría comenzar a vivir el país.