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Selva Política

  • AFP
  • 16 dic 2019
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Impulsan Diputados Iniciativa de Ley Para Crear la “Secretaría del Migrante”

*Mayores Sanciones a Quien Promueva el Tráfico Sexual con Menores de Edad

Con el objetivo de atender la problemática migratoria de nuestros connacionales y de los éxodos que, a través de nuestro país, pretenden internarse en EU, la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría del Migrante.

“La necesidad de crear una secretaría se justifica hoy más que nunca. No debemos pasar por alto que muchas personas de otras nacionalidades están adoptando a nuestro país como su residencia, ante las dificultades que enfrentan para ser aceptados en la Unión Americana”, señala la propuesta.

Enfatiza que ya no somos sólo un país de tránsito, sino que hemos pasado a ser el de destino, lo que demanda una mayor solución que, en la actualidad, por medio de institutos ya no es posible atender. Es una situación que ha crecido de manera importante y que seguirá aumentando.

“Debemos adoptar el compromiso para atender de forma adecuada el problema migratorio; es decir, trabajar con apego a los derechos humanos y solucionar de manera efectiva las inminencias en torno a este tema”.

La iniciativa aclara que no se trata de ampliar el aparato burocrático al crear una secretaría que se sume a las 18 existentes, sino que en virtud de la necesidad que se describe, resulta indispensable ocuparse con prontitud el asunto a través de una dependencia federal.

Se trata de otorgarle el nivel de importancia propio de una secretaría de Estado, porque estamos obligados a reconocer su relevancia dada la dimensión del flujo de personas.

El beneficio de elevar el rubro migratorio a rango de secretaría y no de órgano desconcentrado, será dar la debida importancia al asunto, como lo hace, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, cuya función es proveer una mejor calidad de vida para los ciudadanos, y en ese entendido, no se debe olvidar que los migrantes también son mexicanos.

El documento precisa que ya no es sólo un tema de personas que buscan un mejor futuro trabajando en áreas principalmente de la agricultura y la construcción, sino de mexicanos o hijos de éstos que han podido acceder a estudios superiores con el bono que ello implica y del que no se ha sacado provecho o potencializado, limitándonos a adoptar una función pasiva.


En otro tema de trascendencia, la secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Martha Robles Ortiz (Morena), propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que fortalezcan las acciones para disminuir la violencia, el abuso, la explotación y el tráfico sexual en contra de esta población.

En un punto de acuerdo remitido a la Comisión de Seguridad Pública, destacó que la violencia sexual en el país es un delito que va en aumento. El año pasado se denunciaron 30 mil casos de posibles delitos sexuales y en 2015 hubo 27 mil denuncias.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señala que México es el primer lugar en el ámbito mundial en violencia física y homicidio de menores de 14 años, cita en su propuesta.

Además, la mayoría de los abusos se producen en el entorno familiar y siete de cada cien adultos mexicanos encuestados revelaron haber sufrido ese tipo de agresiones. Alrededor de 4.5 millones de niños son víctimas de abuso sexual, lo que empeora cuando se considera que sólo se da a conocer el 2 por ciento de las cifras reales.

Conforme con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), nuestro país tiene de los presupuestos más bajos en este ámbito y tan sólo el uno por ciento de los recursos a la infancia está destinado a su protección contra la violencia, el abuso y la explotación.

De manera adicional, México vive un contexto de violencia originado por altos niveles de desigualdad social, impunidad y presencia extendida del crimen organizado, que afecta a la niñez y a la adolescencia.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocho mil 644 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados entre 2010 y 2016; seis mil 257 estaban registrados como desaparecidos hasta noviembre de 2017.

Para el Unicef, la violencia en la primera infancia (hasta los 5 años) suele ser a manos de padres o cuidadores como método de disciplina; esto puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico, causando problemas de salud que, en casos extremos, provocan muerte prematura.

La violencia en la edad escolar (de los seis a los 11 años) suele manifestarse en los planteles por parte de maestros, en forma de castigo corporal o humillaciones y entre compañeros, a través del acoso o el bullying.

Las niñas enfrentan presión, acoso psicológico al ser excluidas de círculos sociales o involucradas en rumores dañinos, mientras que los niños son más propensos a la violencia física y amenazas. Las consecuencias en el entorno escolar pueden ser un bajo rendimiento y deserción.

El punto de acuerdo menciona que en México no sólo hay una gran cantidad de personas que cometen delitos sexuales, sino que es uno de los países donde se produce mayor cantidad de pornografía infantil. En 2014 México generaba 34 mil millones de pesos anuales en este tipo de material.


De salida les informamos que la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) pidió a diversos organismos federales establecer mecanismos para asegurar las condiciones de vida y fomentar la educación de las niñas y niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social.

Estos mecanismos deberán ir encaminados a tener centros infantiles adecuados para el desarrollo físico, mental y social de los menores, con el objetivo de salvaguardar el interés superior de las niñas y niños.

Así lo establece la legisladora en un punto de acuerdo que hace este exhorto a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Educación Pública, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Durante los últimos años el número de mujeres en prisión se ha incrementado sin que haya un cambio sustancial en las políticas públicas que ofrezcan mejores medios para garantizarles condiciones dignas, y derivado de ello, se observa un aumento de menores viviendo con sus madres en los diferentes reclusorios del país, dejado a un lado la protección de sus derechos.

Rugidos


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Deporte y Salud

El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte que obliga a los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal- a fomentar el deporte entre los mexicanos.

La reforma tiene como objetivos principales favorecer la salud de los habitantes de todo el país y, de manera importante prevenir todo tipo de adicciones a las drogas que, de acuerdo a las autoridades de salud éste problema se multiplica entre los adolescentes, jóvenes y adultos, mujeres y hombres.

La decisión de los diputados que el pasado 11 de diciembre votaron a favor de la citada reforma es más que atinada, por lo que ahora restará dotar de recursos económicos para rescatar espacios, rehabilitar todo tipo de deportivos y designar nuevas áreas para convertirlos en sitios para realizar todo tipo de práctica deportiva.

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