Selva Política

MIGUEL BARBA

*Pedirán Diputados al Gobierno Intensificar el Control y uso de Armas

*Urgen Operativos en Penales Para Decomisar Celulares y Frenar la Extorsión

La Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia analizará la semana que inicia un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes de la federación, entidades y Ciudad de México, para que intensifiquen las acciones de control de armas, particularmente su registro, comercialización y decomiso de las ilegales o de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, fortalecer las campañas educativas permanentes que indica la ley para favorecer una cultura de paz y reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo.

El documento, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los grupos parlamentarios del PVEM y Morena, resalta que se ha documentado que armamento de contrabando ha sido usado en asesinatos, que representan el 64 por ciento de los homicidios en el país.

Entre 2011 y 2013, indica, 49 mil personas fueron asesinadas con armas de fuego, lo cual equivaldría a cinco veces la capacidad de aforo del Auditorio Nacional.

Menciona que durante 2017 el país registró 25 mil 339 homicidios; detrás de esta violencia, académicos han afirmado que hay un mercado negro de 100 millones de dólares en el tráfico de armas. “Por cada arma confiscada hay otras 15 que siguen activas. Si las armas duran en promedio 12 años de vida útil, estamos hablando de al menos 3.6 millones de armas en circulación en el país”.

Aproximadamente 213 mil armas son transportadas de manera ilegal de Estados Unidos hacia territorio mexicano cada año, de acuerdo con un reporte del Centro para el Progreso Americano, agrega.

Comenta que los grupos defensores de derechos humanos señalan que las armas entregadas en México con frecuencia terminan en las manos de los cárteles del narcotráfico. “Lo que no deja de ser cierto es que el mercado nacional es tan lucrativo que ahora no sólo Estados Unidos envía armas, sino se suman a la lista otros países”.

Por ello, se estima que es indispensable realizar acciones que mantengan la seguridad de la población y la paz en las calles, entre ellas sacar de circulación las armas ilegales que se encuentran en manos de cualquiera.

“Es alarmante que sigan aconteciendo este tipo de actos; necesitamos trabajar para eliminar este tipo de casos y toda violencia en los planteles educativos de cualquier nivel”, puntualiza.

La propuesta también refiere que los tiroteos en escuelas eran inusuales en México; sin embargo, desde hace varios años el país tiene un grave problema en materia de seguridad y debilidad del Estado de derecho, hecho que ha permitido que la violencia en los planteles sea cotidiana y común.

Al respecto, consideró que es indispensable replantear la estrategia educativa y empezar por los padres para reenfocar el esfuerzo en la formación de los hijos, que incluya valores, además de trabajar en una cultura de paz, condenar y lamentar los actos de violencia ocurridos en instituciones educativas del país.

Sobre el tema de la inseguridad pública, la diputada de Encuentro Social, Claudia Báez Ruiz, pidió exhortar al titular de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal (SSPC) para que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ordene la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios.

En su punto de acuerdo hace el mismo llamado a los gobernadores, y además que ordenen la confiscación de chips sueltos en los centros penitenciarios estatales.

Asimismo, exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta soberanía sobre el monitoreo de equipos que permiten bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos e imagen en los centros penitenciarios federales y estatales.

El documento turnado a la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, menciona que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, señala en 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, que representan 6 mil 542 por cada 100 mil habitantes.

Cita que 91.6 por ciento de los casos, la extorsión fue telefónica y pagada en 7.1 por ciento de las ocasiones; en un solo año, se realizaron 5.2 millones de llamadas, equivalentes a 14 mil 305 llamadas por día en promedio, 596 por hora, casi 10 por minuto.

Un dato alarmante es que entre 50 y 80 por ciento de las llamadas salen de los penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones”.

Considera que el autogobierno de las prisiones ha generado el fracaso de los inhibidores de señal de celulares y los equipos son objeto de sabotaje, las antenas se reorientan, se instalan dispositivos que inutilizan a los inhibidores, además, la corrupción y mala tecnología en el sistema penitenciario permiten que el negocio de la extorsión telefónica siga prosperando.

Entre el 5 de diciembre de 2019 y el pasado 10 de enero, el gobierno de la Ciudad de México decomisó al interior de los centros penitenciarios un total de mil 908 celulares; estas medidas, además, han evidenciado la portación de chips, de manos libres y equipos.

La diputada Báez Ruiz plantea que la extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia en México, sólo por debajo del robo. La Ciudad de México, Jalisco, estado de México y Veracruz, son entidades donde existe mayor incidencia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Rugidos

Levantan la voz

Integrantes de la Caravana por la Verdad, la Justicia y la Paz encabezada por el poeta Javier Sicilia y la familia Lebaron cumplieron ayer su objetivo de llegar hasta el zócalo de la capital del país, apostarse frente a Palacio Nacional y entregar al Gobierno Federal una propuesta de combate a la inseguridad pública y la violencia que azota al país.

Más allá de los señalamientos, acusaciones y comentarios sobre esta manifestación que partió hace días de Cuernavaca, Morelos, el problema de la inseguridad, la violencia y las desapariciones sigue sin mostrar ir a la baja lo que obliga al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador atender con mayor puntualidad la exigencia de solución.

Hace unos días también se dio a conocer que municipios de Michoacán, comenzaron a ser abandonados por familias enteras ante la violencia desatada por grupos criminales, carteles de la droga y de la propia delincuencia común que han hecho a un lado la propuesta de “abrazos no balazos” del Presidente López Obrador.