Selva Política

MIGUEL BARBA

• Piden a AMLO Rectificar su Decisión Sobre el Apoyo a Mujeres Golpeadas

• Se Requiere Tipificación Penal Para Sancionar la Violencia Electoral

Las diputadas Martha Tagle Martínez, de MC, Lorena Villavicencio Ayala y Rocío Barrera Badillo, de Morena, y Verónica Juárez Piña, del PRD, respaldaron a la Red Nacional de Refugios (RNR), que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador rectificar su decisión de darle recursos directamente a las mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, solicitó instalar una mesa de trabajo interinstitucional entre las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, así como INMUJERES, Cámara de Diputados y, en conjunto, organizaciones de la sociedad civil, para analizar el tema de los refugios, cómo operan y encontrar una solución.

También exhortó al gobierno federal a respetar y ejercer el recurso etiquetado en el Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) 2019 destinado a los refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, entregándolo a los refugios, tanto de la sociedad civil como de la iniciativa privada.

Tagle Martínez sostuvo que a 12 años de la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “no hay buenos resultados y se requiere hacer un alto en el camino y replantear la política que atiende la violencia hacia las mujeres, pero sin destrozar en el camino lo que está funcionando, que son los refugios de las organizaciones de la sociedad civil”.

“Es primordial seguir dando apoyo gubernamental, a través de los recursos que, insistimos, están etiquetados en el presupuesto, a los refugios que han trabajado de manera importante durante 20 años para tener protocolos, medidas de seguridad”, indicó.

Expuso que lo aprobado en el PEF 2019 no son recursos que se pueden mover discrecionalmente, pues tienen un destino y éste es subsidio para los refugios para mujeres víctimas de violencia, y no se puede convertir simple y sencillamente en entregas directas a las mujeres.

Juárez Piña, coordinadora del PRD, llamó al gobierno federal a tener voluntad política e instalar, cuanto antes, la mesa de diálogo con las representantes de los refugios de la sociedad civil, para que conozca cómo operan y los testimonios de las víctimas; asimismo, a que respete el dinero que ya está establecido en el Anexo 13 del PEF.

Externó el compromiso de su grupo parlamentario para acompañar la demanda de la RNR, ya que “estos espacios son, sin duda, una lucha que han ganado las mujeres y para muchas significa seguridad, atención, acompañamiento, vida y sobrevivencia”.

Villavicencio Ayala apuntó que ser mujer es un riesgo y los refugios salvaguardan la integridad y vida de este sector de la población y en el fondo es, quizá, la única política de prevención para frenar el tema de violencia, por ello, expresó su respaldo a la lucha de la RNR.

“Aceptamos la propuesta de que se pueda generar un diálogo y darle seguimiento al tema del presupuesto aprobado por la Cámara y a que se respete la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, señaló.

A título personal, dijo, “quisiera hacer una reflexión con el Presidente de la República porque el tema del intermediarismo no debe aplicarse en todos los casos y menos cuando se trata de una política pública que no está generando clientelas, sino que está atendiendo la violencia grave en el país”.

Subrayó que si el gobierno “tiene duda de cómo se está entregando el recurso a estos refugios, que haga una supervisión adecuada, que fiscalice y se establezcan mecanismos para que se garantice que los recursos públicos no sean desviados para otras causas”.

Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación, sostuvo que es preciso trabajar en pro de las mujeres y regresarles sus beneficios, por lo que instó a que se respete el presupuesto que aprobaron los diputados para los refugios de la sociedad civil.

“En diciembre aprobamos un presupuesto que se debe respetar y vamos a darle seguimiento a la petición de la Red Nacional de Refugios, de tener un diálogo abierto y encontrar soluciones para las mujeres que están en refugios donde han encontrado la seguridad que no tienen afuera”, dijo.

Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, resaltó que la estrategia de dar directamente los recursos a las mujeres víctimas de violencia es improcedente, pues destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva que se ha ido construyendo desde hace varios años.

“Las mujeres víctimas de violencia extrema requieren protección, apoyo inmediato y atención integral especializada, ya que la vida y la de sus hijos corren peligro y una ayuda económica no restaura derechos; no salva vidas”, aseveró.

La activista dijo que las organizaciones de la sociedad civil constituyen uno de los ejes internacionales de derechos humanos, ya que han hecho un trabajo fundamental en la prevención, atención y eliminación de las violencias contra las mujeres, y con estas políticas el gobierno mexicano incumple acuerdos internacionales.

En otro tema y para erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género se requiere la respectiva tipificación penal, así como establecer sanciones expresamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; son las acciones afirmativas para su prevención, afirmó la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.

Además, especificó la necesidad de garantizar que cuando una mujer renuncie a un cargo público o requiera una licencia este espacio debe ser ocupado por otra mujer, ya que “fue ganado por una”.

Durante su participación en el ejercicio de parlamento abierto “Violencia Política de Género”, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ravel Cuevas puntualizó que en la citada ley debe quedar "expresamente establecida qué sanción corresponde a este tipo de acciones”.

Asimismo, agregó, “la falta de tipificación de la violencia política representó –en las elecciones de 2018- para las autoridades electorales un reto adicional porque nos orilló a tener que juntarnos para hacer un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia política”.

Para dicho protocolo, indicó, el INE “jaló la definición de violencia política contra las mujeres al Reglamento de Quejas y Denuncias del instituto”; sin embargo, “sucede que con los reglamentos norman lo que establecen las leyes y es evidente que en las mencionadas leyes no está”.

Rugidos

Horas Finales

Gana la percepción social, política y jurídica para que, en los próximos días o semanas, al Partido Encuentro Social le sea devuelto su registro por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tras la inminente definición, las declaraciones, argumentos, análisis y definiciones sobre el alcance jurídico e incluso político que debe rodear este caso, aumentaron considerablemente, resaltando que la tendencia de apoyo al PES para que se le regrese su registro, creció durante la última semana de manera considerable.

La sola representación de senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y concejales, así como el contar con un gobernador (Morelos), da al PES la fortaleza jurídica electoral para seguir como partido político. No devolverle ese estatus, sería un golpe a la democracia mexicana.

En días pasados, en algún artículo de análisis, de los muchos que se están publicando, se resumió el problema muy claramente. El TEPJF debe devolver el registro, negarlo o, en su caso, ordenar el recuento de los votos totales.