Selva Política

MIGUEL BARBA

*Aprueban Diputados Reformas Para Endurecer Castigos por Feminicidio

*Se Deben Promover Políticas de Prevención de Violencia Contra la Mujer

La Cámara de Diputados aprobó con 415 votos a favor y uno en contra, reformas al Código Penal Federal, con el objetivo de incrementar de 45 a 65 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio, y de mil a mil 500 días multa; por abuso sexual a un menor, se impondrán de 10 a 18 años de cárcel.

El dictamen de la Comisión de Justicia, que se envió al Senado de la República, señala que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá prisión de seis a diez años.

Desde la tribuna, la diputada de Encuentro Social, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina dijo que datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que durante los últimos cinco años el feminicidio aumentó en 137.5 por ciento en el país.

De la misma fracción parlamentaria, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz aseveró que es importante salvaguardar la integridad y vida de las niñas, niños y mujeres. El feminicidio es un tema de valores, solidaridad y dignidad porque “estamos hablando de abusos sobre seres humanos, no de política. Ni una menos. Ni un menor más abusado sexualmente. Ni una mujer más violentada, abusada y asesinada. Las queremos vivas”.

En este sentido, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) saludó que la Cámara de Diputados aprobara incrementar de 60 a 65 años, la pena máxima de prisión para quien cometa delito de feminicidio y establecer que la mínima será de 45 años, en lugar de 40.

Asimismo, endurecer las sanciones consideradas para el delito de abuso sexual a menores de 15 años de edad y de personas que no pueden comprender el significado de esta conducta, con una pena máxima de prisión de 18 años y mínima de 10.

En conferencia de prensa, sostuvo que, pese a que el incremento de las penas no va a eliminar por sí sólo la falta de responsabilidad institucional de las altas y bajas burocracias de México, es un gran paso que responde a las demandas de la sociedad.

“Es claro que no vamos a remediar el dolor de las familias y hay que aceptarlo, no hemos hecho lo suficiente los gobiernos en cualquiera de sus órdenes, pero esto nos sitúa en una gran realidad: cuando perdemos una vida, pierde la especie humana, perdemos todos”, señaló.

Reiteró que si bien el endurecimiento de las penas no resuelve la violencia de género que viven las mujeres, es un clamor de la sociedad que los delincuentes, por lo menos tengan penas severas.

Pérez Negrón apuntó que la violencia de género es un tema que no puede ser ajeno para nadie, independientemente de colores, ideologías y afinidades, y enfatizó que su bancada continuará trabajando en favor de las mujeres y por lo socialmente correcto.

En otro tema, ayer el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el Gobierno Federal tiene que promover políticas públicas de prevención, educación, denuncia y corrección de la violencia contra las mujeres; asimismo, se requiere la creación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio.

Asimismo, la Fiscalía General de la República, y sus homólogas a nivel local, deben ser más sensibles y empáticas frente a las agresiones contra mujeres. También se requiere atender el tema desde un punto de vista de gestión financiera, señaló el diputado en conferencia de prensa junto a legisladores y legisladoras de su bancada.

“Nosotros queremos contribuir. Estamos hartos, no podemos permitir más inactividad, y vemos con mucho pesar la indolencia del Presidente de la República, la falta de empatía y de asignación de culpabilidades”.

“El PAN quiere ser parte de esa solución y por eso estamos listos, para sumar y multiplicar, ni un caso más”, agregó el líder parlamentario.

Por su parte la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, expuso que al crear una ley general para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio, homologaría los tipos penales de este delito a nivel federal y local.

Del mismo modo, establecería directrices de actuación al Ejecutivo, es decir, políticas públicas transversales para combatir este flagelo. “Hemos demandado una y otra vez perspectiva de género en la procuración de justicia y en la impartición”, añadió.

La diputada Adriana Dávila Fernández (PAN) exhortó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a “recapitular su papel como jefe de Estado y entender que la violencia de género sí existe”. Lamentó sus declaraciones, no sólo por el contenido, sino porque genera un clima de impunidad.

Comentó que en lugar de desaparecer los programas sociales que beneficiaban a mujeres, tenía que fortalecerlos. “Porque la política pública es un conjunto de acciones concretas que nos ayudan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres”.

Los avances obtenidos por las mujeres en los últimos 20 años corren el riesgo de tener un retroceso en este sexenio, por eso “queremos pedirle al Presidente que deje de actuar con ocurrencias y que haga política con seriedad”, solicitó la legisladora.

Rugidos

Prevención

El secuestro, abuso y asesinato de la infante Fátima, hechos reprobables que se vivieron hace días en la Ciudad de México, son una alerta más de cómo hoy en día la sociedad mexicana debe prevenir para evitar abusos de personas enfermas que agreden a sus semejantes.

El reto es por demás importante e interesante. Tiene que haber coordinación entre las autoridades y la sociedad para denunciar aun antes de que sucedan hechos reprobables como los que se saben en torno a los casos de feminicidios.

Es por demás necesario y urgente, no solo el hecho de denunciar a los posibles y probables agresores sociales, sino además y de manera importante que las autoridades hagan caso a cada señalamiento hecho como prevención por parte de ciudadanos mexicanos.

El tiempo avanza y la paciencia social se agota. Urge que la autoridad demuestre resultados y eficacia.