Selva Política

MIGUEL BARBA

*De Urgente Necesidad, Ajustar el Plan de Negocio de Pemex, Proponen Diputados

*Piden a AMLO Retirar su Iniciativa Para Modificar la Ley de Presupuesto

El Grupo Parlamentario del PRI, que coordina el diputado René Juárez Cisneros, urgió al Gobierno Federal a ajustar el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante los efectos de la crisis petrolera, la baja en el grado de inversión y las pérdidas reportadas en 2019 y el primer trimestre de 2020.

“Es necesario hacer un alto en el camino y reencauzar la estrategia que se está siguiendo en Pemex; toda vez que existe incertidumbre sobre la viabilidad de su negocio en marcha”, indicó la fracción parlamentaria en un comunicado.

Tan sólo en el primer trimestre de 2020, Pemex reporta una pérdida neta de 560 mil millones de pesos, refirió.

Apuntó que la empresa productiva del Estado cuenta con recursos económicos respaldados por el Gobierno Federal, pero esto es un arma de dos filos. “Por la magnitud de Pemex, podría darse el caso extremo de que lleve al Gobierno Federal a la insolvencia de pagos”.

La bancada priista reiteró su disposición para buscar alternativas que coadyuven al rescate de Pemex. “En función de ello, se considera conveniente evaluar la reducción de las metas de producción de petróleo y gas natural, cerrando pozos que no son rentables; así como, revisar las metas de refinación para determinar cuáles refinerías deben cerrar por el tipo de petróleo que consumen o por la falta de equipo coquizador que tengan”.

Subrayó que desde 2018, tres calificadoras internacionales (Moody’s, Standard and Poors y Fitch) reconocían la existencia de problemas en Pemex, y consideraban que su nivel crediticio contaba con el grado de inversión.

“Sin embargo, ante los cambios de política energética, Moody ́s le ha bajado dos niveles a Pemex (de Baa3 a Ba2) y Fitch le ha bajado cinco niveles crediticios a la empresa (de BBB+ a BB-) en menos de dos años. Ambas calificadoras internacionales ubican ahora a Pemex como un ‘ángel caído’ que ha perdido el grado de inversión”, comentó.

“En el caso de Standard and Poors, Pemex ha perdido un grado crediticio a lo largo de la actual administración y está en el límite dentro del grado de inversión”, abundó.

“El Grupo Parlamentario del PRI hace un llamado a las autoridades federales para que se utilicen las herramientas que tiene la Constitución, a fin de promover un plan de inversión privada de largo plazo, en toda la cadena de valor, porque no hay recursos públicos suficientes para que Pemex lo haga todo, sin provocar desabastos”.

“Se necesitan hacer cambios para recuperar la confianza de los potenciales inversionistas nacionales e internacionales en el sector” finalizó.

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En otro tema, ayer el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que el titular del Ejecutivo debe retirar la iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; no es suficiente aplazar la realización de un periodo extraordinario.

Asimismo, urgió la necesidad de “establecer la construcción de un gran acuerdo nacional que atienda las problemáticas de economía, seguridad, educación y salud”, la cual ya se empieza a desbordar en los hospitales por falta de lo necesario para atender a los miles de enfermos por el Covid-19.

“La pandemia es una desgracia universal, no varita mágica para ampliar poderes del Presidente”, sostuvo en un comunicado.

Romero Hicks señaló que es necesario que todos los sectores procuren un Acuerdo Nacional en el que participen los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, los gobiernos de los estados y los municipios, así como las organizaciones de la sociedad civil: sindicatos, agricultores, empresarios y la academia.

En este contexto, es inaplazable rescatar los recursos destinados a los proyectos faraónicos inviables e improductivos, como el de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, para dirigirlos a atender la emergencia sanitaria, así como definir la estrategia eficaz para conservar los empleos y mantener vivas a las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país.

El líder de la bancada del PAN destacó que contamos con este mes de mayo que comienza para preparar la reapertura gradual de la economía, pero para eso necesitamos las pruebas para detectar a los infectados, determinar los ramos que podrían reiniciar actividades o ubicar las zonas que estarán en disposición de regresar paulatinamente a la normalidad.

“Es en eso en lo que debemos ocuparnos y no en estos distractores de un Presidente ausente de lo importante y perdido en temas absurdos”, aseveró.

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Finalmente ayer el Grupo Parlamentario del PT celebró que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina pongan en marcha el Plan DN-III-E para fortalecer a estados que actualmente sufren más estragos por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Lo importante de implementar esta estrategia es que, derivado de las acciones oportunas que el gobierno ha llevado a cabo desde el inicio de la contingencia, se podrá apoyar más en los lugares que acumulan el mayor porcentaje de infectados, ya que la infraestructura hospitalaria del país no se ha visto comprometida.

"Las y los legisladores del Partido del Trabajo reconocemos el esfuerzo que los encargados del sector salud han hecho a favor de la ciudadanía; el resultado es evidente, han evitado mayor propagación de la epidemia, lo que permite centralizar más los trabajos de contención de la misma en las entidades que así lo requieren", indicó la bancada en un comunicado.

La previsión que hubo desde los primeros días, ha hecho posible que la capacidad en hospitales, así como el número de camas, ventiladores, especialistas y médicos no ha sido rebasada, a pesar de las calamidades que han surgido por la enfermedad, lo que permitirá salvar un mayor número de vidas en México.

Rugidos

¿Corrupción?

La venta-compra de ventiladores a instituciones del país, a precios superiores y por parte de un hijo de un integrante del gabinete legal del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, está dejando muy mal parada a la actual administración pública federal, la cual parece tener la voluntad de aclarar si en este caso hay o no elementos para considerarlo un acto de corrupción.

Los involucrados son el actual director general de la Comisión federal de Electricidad, Don Manuel Bartlett Díaz y su hijo, León Manuel Bartlett Alvarez, éste último habría vendido al IMSS en Hidalgo y al ISSSTE ventiladores, respiradores utilizados en estos momentos para auxiliar a las personas contaminadas de Covid-19 a precios muy superiores.

Más allá de lo que costaron al erario público, se ha señalado dicha venta como una acción de compra venta ilegal, “contaminada” totalmente por el manto de un conflicto de interés, toda vez que además de darse bajo esas condiciones, fue venta directa, presumiblemente sin licitación alguna. Vaya caso.