Selva Política

MIGUEL BARBA

*Reforzar Medidas AntiCovid en la Frontera Sur y Norte del País, Exigen Diputados

*Catálogo Universal de Servicios de Salud Debe Atender a Enfermos de Covid

El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, demandó al gobierno federal reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y de prevención del COVID-19 en las dos fronteras de nuestro país, principalmente en los albergues para migrantes, donde la marginación y la pobreza extrema hacen más vulnerable la salud de las y los mexicanos.

El legislador presentó a la Comisión Permanente cuatro puntos de acuerdo. Dos se refieren a la Secretaría de Salud (SSA), uno al Instituto Nacional de Migración (INM), y otro a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la finalidad de hacer frente, de manera puntual y eficiente, al problema de la pandemia en favor de los migrantes.

En el primer punto de acuerdo exhorta a la SSA a enviar brigadas médicas a las casas de migrantes sostenidas por organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones sociales, religiosas y particulares, a fin de asegurar el diagnóstico, asistencia médica y la protección de los derechos humanos de las y los migrantes, en estos momentos de emergencia sanitaria.

Respecto del punto de acuerdo a la SSA, Moreira Valdés exhorta a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica en las comunidades rurales e indígenas del país, así como en las poblaciones que concentran los mayores índices de pobreza extrema.

Al INM lo instó para que, de conformidad con los principios constitucionales en materia de derechos humanos, fortalezca los protocolos de prevención recomendados por la autoridad federal sanitaria, habilite espacios físicos y despliegue personal especializado en la detección y contención de posibles casos de COVID-19 en instalaciones migratorias y albergues ubicados a lo largo de ambas fronteras mexicanas.

El cuarto punto de acuerdo presentado es para que la CNDH realice visitas a los albergues a cargo del INM con el objetivo de evaluar el respeto y protección de los derechos humanos. En especial, solicita verificar las medidas instrumentadas para evitar contagios y salvaguardar la salud de las y los migrantes.

Rubén Moreira expuso que los albergues son espacios de protección para los viajeros fatigados, enfermos, vejados o agredidos y siempre van a requerir de ayuda, porque faltan voluntarios y profesionistas, así como alimentos, ropa, zapatos, artículos de limpieza personal y de aseo, ropa de cama, colchonetas, cobijas, computadoras, teléfonos celulares con crédito y medicinas.

Explicó que los migrantes están forzados a vivir hacinados en cuartos que comparten entre 40 o 50 personas, amontonados en literas, sin acceso a la salud, alimentos y ahora con el riesgo de contagio, por lo que urgió a las autoridades federales a tomar cartas en el asunto, así como a los gobiernos estatales por donde transitan: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros entidades señaladas por el Coneval con indicadores de rezago y pobreza extrema.

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Por otra parte, ayer la diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) llamó al Ejecutivo Federal a analizar la posibilidad de incluir dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud el padecimiento conocido como Covid-19.

Asimismo, pidió que acelere la publicación de las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) funge como fideicomitente.

En un comunicado, señaló que es necesario incluir el Covid-19 en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, “ante la pandemia que se encuentra enfrentando nuestro país, a efecto de garantizar debidamente el acceso universal al derecho a la salud, y que todas las acciones que tome el Gobierno Federal se realicen con apego a derecho”.

“No deben agotar los 180 días que otorga la ley –a partir del 29 de noviembre de 2019, cuando se aprobó la reforma a la Ley de Salud para crear el Insabi–, para emitir las reglas de operación, porque podría ser demasiado tarde para estar en condiciones de enfrentar la amenaza real que representa el Covid-19”, manifestó.

“Es importante que el padecimiento aparezca expresamente en el cuadro de enfermedades del sistema respiratorio para que sea atendido por el sistema de salubridad, tenerlo en el catálogo permitirá garantizar debidamente el acceso universal al derecho a la salud de todos los mexicanos”, agregó.

Pérez Munguía indicó que el sector salud reclama de manera imperiosa el abasto de medicamentos y dispositivos médicos para combatir el Covid-19, “y está demostrado que, desde diciembre pasado en que se presentaron los primeros casos de la enfermedad en el mundo, muchos países se prepararon y México no lo hizo, no previno insumos; al contrario, la administración vigente desdeñó la ciencia y tomó tarde la decisión del aislamiento y el cese de actividades”.

Asimismo, apuntó que por confianza y seguridad de todos los mexicanos, la Secretaría de Salud debe aclarar la compra de los ventiladores pulmonares y todos los dispositivos médicos diseñados para combatir y atender los síntomas generados por el virus Covid-19.

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De salida les informamos que la diputada María Guillermina Alvarado Moreno (Morena), integrante de la Comisión de Seguridad Pública, condenó enérgicamente el asesinato de tres trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al interior de su domicilio, en Torreón, Coahuila.

La legisladora federal por Nuevo León recordó que presentó una iniciativa para proteger la integridad de los servidores públicos, particularmente de los que pertenecen al sector salud, ante las agresiones que han sufrido en el contexto de la emergencia nacional por coronavirus.

“Tal ha sido el lamentable caso de las hermanas Aracely, jefa de Grupo de Servicios Técnicos de la Subdelegación del IMSS; Dora, subjefe de Enfermeras de la UMAE 71, y Cecilia, enfermera general adscrita a la Unidad de Medicina Familiar 46”, subrayó.

Alvarado Moreno puntualizó que su propuesta plantea reformar el artículo 189 del Código Penal Federal, a fin de robustecer las condenas contra agresores de servidores públicos. Esto es de cinco a 15 años de prisión, adicionales a lo que la pena del delito amerite.

“El interés esencial de esta iniciativa, es proteger la vida, la dignidad y los derechos de las y los hombres que lo dan todo por su país, por la salud y por la gente; funcionarios que durante estas circunstancias difíciles dan la mano a otros merecen todo nuestro respaldo”, argumentó.

Alvarado Moreno abundó que es responsabilidad del Poder Legislativo velar por quienes ponen en riesgo su vida y la de sus familias, a fin de salvar la vida de los demás.

Rugidos

Colaboración

Ex secretarios de salud de administraciones públicas federales han levantado la voz, para señalar lo que consideran son deficiencias en estrategia y acciones para combatir la pandemia del coronavirus que sigue golpeando la salud de decenas de miles de mexicanos.

Ante ello, senadores y diputados de los diferentes partidos políticos, han levantado la voz para invitar a los ex funcionarios a sumarse a esta lucha con opiniones y consideraciones, las cuales puedan fortalecer la estrategia de combate contra la pandemia.

Aseguran que enfrentados, criticando sin aportar en nada se podrá avanzar en contra de un problema de gran dimensión como lo es la decidida lucha en contra del coronavirus que a diario en México, aumenta su presencia entre las personas.

Muy seguramente se manifestará la decisión de aportar recomendaciones por parte de los exfuncionarios. El reto será que el actual gobierno del Presidente Andrés Manuel López, acepte por lo menos escuchar lo que opinan los médicos de anteriores administraciones.