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Selva Política

  • AFP
  • 29 may 2020
  • 4 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Por Falta de Presupuesto Cierran las Casas de Mujer Indígena, Denuncian Diputadas

*Los Recortes Presupuestarios Agravan la Crisis Económica; Habrá Malos Servicios

La cancelación del presupuesto que se brindaba a las Casas de Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI) ha provocado su cierre, y deja en vulnerabilidad e incertidumbre, a miles de mexicanas que requieren apoyo en salud sexual o reproductiva o que han sido víctimas de violencia, denunció la diputada María Ester Alonzo Morales (PRI).

La diputada indicó que las medidas para mitigar y atender la enfermedad Covid-19 requiere de todos los esfuerzos, pero resulta inconcebible que ante el incremento de la violencia contra las mujeres, se hayan retirado los recursos a estos importantes espacios.

Exhortó al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a que atienda y dé respuesta a las necesidades de 35 CAMI localizadas en distintos puntos del país.

“No hay que olvidar que debido al alcance y proyección que ha tenido el trabajo realizado con las mujeres indígenas y afromexicanas, las CAMI han sido reconocidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, como una buena práctica para el ejercicio de los derechos humanos, individuales y colectivos de esta población”.

Destacó la buena labor, compromiso y responsabilidad social de quienes están al frente de las casas, donde han recibido apoyo miles de mujeres que se encuentran en la indefensión.

“Las CAMI están cerrando sus puertas, ya que no hay recursos para solventar las necesidades de quienes llegaron ahí con la esperanza de una vida mejor. En tiempos de Coronavirus, estas mujeres tendrán que lidiar con la pandemia por SARS-COV-2 y la violencia”, agregó.

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Por cierto y en referencia con el tema anterior, ayer el Grupo Parlamentario del PRI advirtió que los recortes a las dependencias gubernamentales paralizan su actividad y agravan la crisis económica.

Por medio de un comunicado, la bancada señaló que las medidas de austeridad decretadas por el Gobierno que establecen recortes de 75% a servicios generales, materiales e insumos, condenan a los ciudadanos a recibir servicios públicos malos y precarios.

En específico, son preocupantes los recortes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues afecta su funcionamiento.

“La austeridad en la salud cuesta vidas, por eso ningún recorte debe afectar el suministro de insumos para traslados de emergencia, la compra de materiales médicos y de asepsia en hospitales como jabón quirúrgico e incluso productos farmacéuticos y de laboratorio”, subrayó.

Por otro lado, la comunidad escolar no tiene que padecer carencias, menos en el escenario de regreso a las aulas. Los recortes a la SEP comprometen el funcionamiento de las universidades públicas del país y el suministro de servicios como agua, luz e internet.

“La educación no debe estar sometida a recortes impulsivos, pues se condena el porvenir de la niñez y la juventud de México”, agregó.

Por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dejará de ser una opción de educación profesional para jóvenes que buscan superarse y trascender su condición de origen. De igual forma se afectará a los centros de investigación científica y tecnológica en todo el país, aseveró la bancada.

Respecto de la energía eléctrica, dijo que de consumarse el recorte presupuestal a CFE, se pone en riesgo la adquisición de combustibles y el mantenimiento oportuno de centrales que se usan para generar energía, provocando apagones y fallas en el sistema de abastecimiento.

El Grupo Parlamentario del PRI llamó al Gobierno Federal a reconsiderar estas medidas de austeridad, ya que afectarán los servicios que presta el gobierno a los mexicanos, asimismo, condena a la quiebra a miles de proveedores del sector público.

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De salida les informamos que la diputada Rocío Villarauz Martínez (Morena) manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia política contra mujeres y condenó la destitución de Jaquelina Escamilla Villanueva como titular del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), de Oaxaca de Juárez, por no transmitir una ponencia “provida”.

Llamó al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, a reflexionar y ser congruente con los principios de igualdad y derecho que rigen nuestro país, mismos que deben guiar nuestra responsabilidad como personas al servicio del pueblo.

Escamilla Villanueva denunció a través de la cuenta oficial del instituto la destitución de la que fue objeto, porque no se transmitió una ponencia “provida” con expositores que se oponen al aborto legal, incluso en casos de violación.

Villarauz Martínez expuso que la todavía funcionaria municipal señaló en su momento que, debido a fallas técnicas, no fue posible realizar la transmisión y que notificó al edil; en respuesta, la funcionaria fue amenazada con que si no se realizaba la transmisión tenía que presentar su renuncia.

“Por esta situación, Jaquelina Escamilla ha sido objeto de amenazas por parte del presidente municipal y de su esposa Patricia Beneld, presidenta del DIF municipal, desde el viernes pasado, que transmitió una conferencia sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, acusó.

La también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género reiteró su llamado a la autoridad municipal a que respete los derechos políticos y laborales de la funcionaria, así como garantizar su seguridad y la de su familia. “Solicito a las autoridades competentes dar seguimiento a este caso a fin de garantizar que ningún derecho que esté consagrado en nuestros ordenamientos jurídicos sea vulnerado”.


Rugidos


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El País en Rojo

En la estrategia del combate a la epidemia, en México se termina la “Sana Distancia” e inicia “la Nueva Normalidad” con 31 estados del país en color rojo que de acuerdo al semáforo epidemiológico, se deberá continuar con el uso del cubrebocas y la puesta en marcha de protocolos de seguridad en las empresas que retornen a sus labores, este lunes próximo.

Es de sobrada confirmación que las estimaciones, cálculos y pronósticos hechos en torno al comportamiento de la pandemia en nuestro país han resultado inexactas. El país mantiene alarmantemente un número alto de fallecimiento y nuevos contagiados cada 24 horas.

Ante este panorama y la entrada en vigor de la etapa “Nueva Normalidad” de cara a la pandemia que enfrentamos, serán los gobernadores de cada entidad federativa quienes decidan hasta dónde permitirán a los ciudadanos y las empresas salir y operar.

De no haber coordinación, acuerdos y entendimiento entre los tres niveles de gobierno, el país pasará del color rojo intenso, a las llamas e incendio ante posibles rompimientos de los acuerdos institucionales prevalecientes.

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