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Selva Política

  • AFP
  • 15 jun 2020
  • 4 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Reclaman Diputados al Gobierno Federal Contratar a Personal Médico Extranjero

*Denuncia Constantes Derrames de Hidrocarburos en Paraíso, Tabasco

El Grupo Parlamentario del PRI señaló como injusta la acción del Gobierno de la República de contratar 585 médicos y enfermeras provenientes de Cuba, para participar en tareas al combatir la pandemia causada por el Covid-19, abandonando al personal mexicano.

Mediante un comunicado, indicó que, en lugar de contratar a extranjeros, debería garantizarse proteger a profesionales de la medicina y enfermería mexicanos, ya que el índice de contagio y mortalidad de ellos es muy superior, al resto de países que enfrentan la pandemia.

“Tan solo en las dos últimas semanas, los contagios se incrementaron 261% entre el personal de salud. Hasta el 31 de mayo más de 20 mil se habían contagiado y 271 fallecieron”, recordó el grupo. Solicitó al gobierno cumplir con la entrega de los bonos que prometió, que las incapacidades laborales del personal médico y de enfermería causadas por Covid-19, sean por riesgo de trabajo, y pagar al 100% su salario. La bancada se opuso a dejar en manos de personal no calificado, las vidas y salud de las y los mexicanos, especialmente porque no se ha establecido de forma clara el grado de responsabilidad que tendrá el personal cubano para atender a los enfermos; además porque se están violando la Ley General de Salud, la Ley General de Profesiones y las normas mexicanas.

El PRI rechazó este acuerdo ya que se ignora y margina a los profesionales de la salud mexicanos que han dedicado esfuerzo y entrega en su formación profesional, “para que ahora, con la excusa de la crisis sanitaria sean relegados por acuerdos y compromisos políticos”.

“La salud de la sociedad mexicana no puede ser hipotecada por compromisos de carácter ideológico o para pagar favores a los aliados internacionales del actual gobierno mexicano, pues es la vida de las y los mexicanos la que está en juego”, concluyó el grupo parlamentario.

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Hasta la Cámara de Diputados llegó la denuncia de Soraya Pérez Munguía, legisladora del PRI, quien pidió resarcir los daños ocasionados a la población y evitar más afectaciones al ambiente, debido a los recurrentes derrames de hidrocarburos en Tabasco, de los cuales Petróleos Mexicanos (Pemex) no asume su responsabilidad.

Informó que solicitó a Pemex presentar, ante el Congreso de la Unión, un informe pormenorizado sobre las causas que dieron origen al derrame de petróleo en la Laguna Mecoacán, en el municipio de Paraíso, Tabasco, el pasado 29 de mayo de 2020, y exhiba su plan de seguridad que prevenga nuevos desastres.

Asimismo, que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, realice una auditoría y la investigación sobre los acontecimientos que conllevaron al derrame de hidrocarburo, el pasado mes de mayo, con la finalidad de sancionar a quienes resulten responsables de la contingencia.

Pescadores de la zona reportaron daño a la actividad económica en 18 cooperativas y acusaron que el derrame ha puesto en riesgo más de 40 mil contenedores de ostión y, hasta el momento, los cooperativistas no han recibido apoyo por parte del Gobierno para enfrentar la emergencia ambiental, subrayó la legisladora por el estado de Tabasco.

Recordó que la Laguna de Mecoacán, con 5 mil 168 hectáreas de extensión, es uno de los estuarios más importantes para la pesca y la producción ostrícola a nivel nacional.

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De salida les informamos que la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MC, Fabiola Loya Hernández, presentó un punto de acuerdo para que diferentes instancias del Gobierno Federal fortalezcan los programas de atención de trastornos mentales, así como dotarles de un mayor presupuesto para su operación, ante el riesgo de un incremento desmesurado de afectaciones a la salud mental, como consecuencia de la cuarentena.

El exhorto tiene como finalidad que la Secretaría de Salud refuerce las estrategias nacionales en materia de atención a los problemas de salud mental, dado que es una realidad que dependencias como el IMSS, ISSSTE y Hospitales Generales, carecen no sólo de programas específicos, sino de personal médico especializado en la materia.

Expuso que asociaciones de psiquiatría, así como organismos ciudadanos, han denunciado que derivado del encierro ocasionado por la pandemia SARS-CoV-2, se han incrementado de manera preocupante la ansiedad, la agresividad, la apatía, el insomnio e irritabilidad entre la población adulta.

Asimismo, afirmó que los menores también están siendo seriamente afectados por el confinamiento y falta de convivencia con sus pares, ya que al ser partícipes de las preocupaciones de los adultos y al estar expuestos a información que no alcanzan a comprender, empiezan a manifestar actitudes negativas como ira, miedo y violencia, que de no ser tratadas con oportunidad podrían afectar su futuro desarrollo.

Loya Hernández solicitó también a la Secretaría de Salud a trabajar en coordinación con los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental, en el diseño e implementación de un programa específico de prevención, atención y tratamiento de los trastornos mentales ocasionados y/o agudizados por la pandemia.

“La OMS ha manifestado que una vez terminado el confinamiento, podemos llegar a presentar situaciones como estrés postraumático, ansiedad crónica y cuadros de angustia, por lo que el Gobierno Federal, a través de las instituciones de salud pública, debe estar preparado para atender a quienes se vean afectados”, agregó la legisladora.

La diputada federal hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar la asignación presupuestaria en el sector salud y dotar de mayores recursos al Instituto Nacional de Psiquiatría, además de garantizar que en los ejercicios fiscales subsecuentes se cuente con el presupuesto necesario para brindar una atención de mayor alcance, en beneficio de las y los mexicanos.


Rugidos


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¿El dinero o la vida?

El momento que sigue viviendo nuestro país, nos coloca en la difícil situación que llega a estar cualquier persona que es asaltada, bajo el grito amenazador del delincuente de ¡el dinero o la vida!

Ante la pandemia que no termina por ser controlada y mucho menos superada, el gobierno, las empresas y buena parte de la población han puesto sobre la balanza de las decisiones reincorporarse a las actividades laborales y económicas, aunque en ello nos vaya el riesgo del contagio y vivir el riesgo de perder la vida.

¿Qué hacer luego de tres meses de confinamiento? Parece ser que la decisión colectiva es salir y reincorporarse a las actividades cotidianas, bajo los cuidados necesarios, antes de aguantar unas semanas más bajo resguardo que, de acuerdo a las autoridades sanitarias es la única medida para hacer frente a la pandemia.

Reiniciar las actividades económicas permitirá obtener el dinero que ayudará atender las necesidades inmediatas de las familias, mientras que el riesgo a la salud pública parece estar comenzando a ser controlado.

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