Selva Política

MIGUEL BARBA

*Reactivar Estímulos Fiscales Para el Sector Pesquero y Acuícola, una Necesidad

*Por “Supuesta Austeridad”, Busca el Gobierno Desaparecer Organos Autónomos: PRD

La diputada Claudia Yañez Centeno (Morena) exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reactivar los estímulos fiscales que otorgaba a la gasolina ribereña y al diésel marino, mismos que en el mes de junio se publicaron en ceros, y que son vitales ante la difícil situación que enfrenta el sector pesquero y acuícola nacional.

"Pedimos a la SHCP declinar la disposición de eliminar el esquema de estímulos fiscales a estos sectores en dichos rubros, ya que contribuirían en parte a redinamizar la productividad y competitividad de los pescadores, que se ha visto diezmada por los estragos del coronavirus", indicó en un comunicado.

Consideró que a la pérdida de estímulos fiscales a los energéticos que está instruyendo la Secretaría de Hacienda, se suma el embargo impuesto por Estados Unidos a la producción pesquera del Alto Golfo de California; la temporalidad de vedas de ciertas especies e inclemencias meteorológicas, entre otros factores, que incide en la economía y viabilidad de la actividad pesquera.

“Es urgente que el Gobierno de México considere el cúmulo de dificultades y desventajas que el sector pesquero y acuícola suma al día de hoy para desarrollar su actividad y para sostener un estado de bienestar, dadas las disposiciones de confinamiento social, así como la poca o nula actividad pesquera, que ha provocado alteraciones en el consumo y oferta de pescados y mariscos a nivel local y nacional”, dijo.

La también secretaria de la Comisión de Pesca señaló que las desventajas económicas por las que actualmente transitan hombres y mujeres del sector pesquero y acuícola tienen repercusiones transcendentes y profundas; está detenida o limitada la frecuencia de su actividad y acelerada la pérdida de empleos, que dificulta asumir los costos familiares de alimentación, salud, vivienda, servicios y otras necesidades cotidianas.

Informó que con este objetivo presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, pues, dijo, invocando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que se establece que el Gobierno Federal impulsará el comercio justo y la economía social y solidaria, es fundamental que sostenga sus esquemas de estímulos para fortalecer las economías locales y asegurar empleo para los 300 mil pescadores y acuicultores, quienes además generan cerca de 2 millones de empleos indirectos.

Yáñez Centeno expuso que el combustible es el principal insumo para la actividad pesquera y acuícola, por lo que los estímulos sí benefician directamente a los pescadores y acuicultores.

Además, enfatizó, el sector pesquero y acuícola al no contar con apoyos extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia por el virus de Covid-19, ameritan que se respete el esquema de estímulos previo a la disposición del 29 de mayo de 2020.

"Es una realidad que un precio competitivo del combustible favorece la operación de embarcaciones y granjas acuícolas, ya que el alto costo de los energéticos en México pone en desventaja al sector pesquero y acuícola frente a productores internacionales del mismo sector y con quienes mantenemos o buscamos sostener acuerdos comerciales", manifestó.

Actualmente, en México el costo promedio del diésel es de 17.77 pesos/litro, en Estados Unidos de 13.59 pesos/litro, Ecuador 10.55 pesos/litro, y Rusia 14.50 pesos/litro; por lo que el alto costo de los energéticos en el país implica una seria desventaja con respecto a los productores internacionales.

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En otro tema, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) afirmó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende adelgazar e incluso desaparecer los órganos autónomos y ahora hasta uno de Estado como el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), con su discurso “sofístico” de supuesta austeridad.

En un comunicado, la también integrante de la Comisión de Gobernación y Población, recordó que el Conapred pugna por el derecho de las minorías y la defensa de los derechos humanos.

“López Obrador no es un hombre de izquierda, es un hombre autoritario que promueve el retroceso institucional”, expresó.

Almaguer Pardo, criticó la declaración del titular del Ejecutivo, quien dijo que son más de 100 los organismos que deberán desaparecer poco a poco, o achicarse.

“Con su discurso engañoso de que, hasta los ciudadanos desconocen su existencia, omite que estos organismos descentralizados o autónomos, trabajan y generan políticas públicas que sirven para prevenir y mitigar los problemas que les aquejan a millones de mexicanos”.

La diputada perredista pidió no olvidar que estos organismos autónomos nacieron de los movimientos de oposición que han buscado en estos últimos 30 años, una democracia real.

Al decir que sólo consumen presupuesto estos organismos, “quiero recordarle al Presidente que no todo el presupuesto sirve para la entrega de sus dádivas con intención electoral, como lo son sus programas sociales. El presupuesto de los mexicanos también se invierte en actividades no palpables a primera vista, pero que crean las condiciones que nos permiten un mejor desarrollo tanto a los ciudadanos, como al país”, abundó.

Por su parte, la diputada Mónica Almeida López (PRD) dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), más allá de solidarizarse con la sociedad mexicana por la crisis económica y sanitaria, está aprovechando la oportunidad para lucrar con la desgracia de millones de familias que tendrán que optar por comer o pagar el recibo de la energía eléctrica y su reconexión.

La también integrante de la Comisión de Energía, señaló que los usuarios han registrado incrementos en sus tarifas del 10% al 80% e incluso algunos llegan hasta un 300%; ante esto la empresa del Estado admite las alzas, sin embargo, justifica el aumento del servicio debido al aislamiento provocado por la contingencia sanitaria de Covid-19.

Asimismo, la CFE cortó el servicio eléctrico a 543 mil 128 familias que no pudieron pagar el recibo correspondiente cuando la contingencia sanitaria escaló a la fase más alta, que fue cuando aumentó el aislamiento social, crecieron los despidos y recortes de salarios, y la empresa se embolsó 47 millones 38 mil pesos por concepto de reconexión a usuarios a los que les habían restringido el servicio.

Rugidos

Ánimos Caldeados

Los ánimos político-sociales aumentan en buena parte del país, lo que perfila a la lucha electoral del próximo año como un fuerte encuentro que de no tener el cuidado necesario, podría derivar en eventuales enfrentamientos violentos.

La polarización social, atizada por la clase política, augura una abierta contienda por los más de tres mil puestos de elección popular que estarán en juego el próximo año, al cual podría favorecer el actual clima de división y enfrentamiento social y político que vive nuestro país.

El actual ambiente social ha llevado al país, a un “torbellino” del que no se sabe los alcances y resultados que tendrá para todos y cada uno de los actores y sectores involucrados e interesados en la lucha política.

Lo más grave es que el tiempo y las verdaderas circunstancias económicas nacionales –actualmente en crisis- no están siendo tomadas en cuenta por lo que, cuando despertemos, la pandemia económica nos habrá arrollado.