Selva Política

MIGUEL BARBA

*Cuestionan que el Gobierno Adquiera Directamente, Medicamentos en el Extranjero

*Para Diputados Opositores, es Urgente Auditar Recursos del Programa Sembrando Vida

Diputadas y diputados del PAN, integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, afirmaron que la iniciativa del diputado Mario Delgado Carrillo (Morena) que plantea reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compras de medicamentos en el extranjero, “abre la puerta a la corrupción porque da al Presidente de la República la facultad de hacer compras por adjudicación directa sin mecanismos de transparencia”.

El martes, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Óscar González Yáñez (PT), discutió y votó a favor, de manera presencial y con modificaciones, la iniciativa de Delgado Carrillo que adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compras de medicamentos en el extranjero.

En conferencia de prensa, previa a la votación de la Comisión, las diputadas Martha Elisa González Estrada, Marcela Torres Peimbert, Gloria Romero León y Josefina Salazar Báez, así como el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtieron que en caso de ser aprobada la iniciativa, por ambas Cámaras, será impugnada por su bancada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezando porque “la discusión de la iniciativa se está dando sin respetar lo que marca el Reglamento de la Cámara de Diputados”.

La diputada González Estrada afirmó que la convocatoria a la reunión de la Comisión fue ilegal, porque no se dio el aviso con las 48 horas de antelación que marca el Reglamento, y, además la discusión de la propuesta se hizo sin el mecanismo de Parlamento Abierto.

La diputada Torres Peimbert afirmó que con dicha iniciativa “se le dan facultades plenipotenciarias al Presidente de la República para hacer compras de medicamentos en el extranjero, sin que haya la posibilidad de saber a quién se los compra, a qué precio y con qué motivo”.

“No habrá vigilancia en esas compras, y en lugar de acabar con la corrupción, estamos corriendo hacia ella. Vamos a impugnar esa iniciativa”, manifestó.

El diputado Ramírez Barba indicó que “tras los grandes fracasos para adquirir medicamentos e insumos para la salud, el Gobierno Federal anunció que comprará 120 mil millones de pesos en el extranjero. Y todo indica que para eso quieren aprobar su iniciativa en fast track”.

“Esa reforma supone una vulneración indiscriminada, innecesaria, contraria al orden público y desproporcional al derecho a la libre concurrencia, sin que la restricción del derecho fundamental encuentre el sustento debido, por lo que de aprobarse se contravendría el orden constitucional y daría lugar a las acciones correspondientes ante el Poder Judicial de la Federación”, manifestó.

La diputada Romero León comentó que este gobierno, a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo estableció que serían prohibidas las adjudicaciones directas, las ha mantenido y acrecentado.

“En el gobierno de Peña Nieto tuvimos alrededor de 70% de adjudicaciones directas; hoy prácticamente, sin contar el tema del coronavirus, estamos viendo que se están adjudicando de manera directa el 80% de las contrataciones y de las compras. Eso es muy grave porque es una ventana para la corrupción”, argumentó.

Los diputados subrayaron que no están en contra de que se hagan compras de medicamentos en el extranjero, pero que se hagan con mecanismos de transparencia “para garantizar que todos aquellos que quieran participar en las compras de gobierno lo puedan hacer y que no sigan las componendas”.

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Y hablando de cuestionamientos, ayer el diputado Juan José Canul Pérez (PRI) solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión integral, pronta y transparente de recursos ejercidos por el programa “Sembrando Vida”, ya que cualquier uso discrecional de recursos públicos deja espacio al clientelismo y uso electoral de los programas sociales.

Aseguró que luego de que el programa no alcanzó su meta en varias entidades, los campesinos han denunciado extorsión de funcionarios públicos.

El legislador solicitó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la Secretaría de Bienestar informe con transparencia y certeza sobre el padrón de beneficiarios, licitaciones realizadas para la adquisición de herramientas, compra de árboles y fertilizantes y, sobre todo, las empresas beneficiadas y su relación con los servidores públicos.

El reporte debe incluir qué acciones ha emprendido la dependencia federal para subsanar irregularidades identificadas en el diseño, ejecución y planeación del programa y constatar a cuántos servidores públicos ha sancionado por actos ilegales, en perjuicio de las arcas federales.

“Se trata de uno de los programas más emblemáticos de la presente Administración Federal, y no es posible que los campesinos se quejen de que la ayuda no llega a tiempo, que las plantas, herramientas e insumos se entregan desfasados de los ciclos productivos y tampoco, que denuncien extorsiones de los coordinadores del programa, quienes piden “moches” y amenazan con recortes y borrarlos de los padrones”, expuso Canul Pérez.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su balance de “Sembrando Vida” arrojó resultados graves como la entrega tardía de plantas e insumos a los productores; peor aún, los campesinos de su apoyo económico mensual adquieren los fertilizantes y los árboles que plantan; se carece de un plan integral de capacitación y asistencia técnica en las comunidades.

Tampoco hay un diagnóstico oportuno sobre la población objetivo, que deja abierta la posibilidad a actos de corrupción y favorecer clientelas electorales; además de que los resultados obtenidos son diferentes a los establecidos en los objetivos del programa, agregó.

El también secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, evidenció inconsistencias en el discurso oficial de una asistencia que debe apoyar las finanzas sociales, organización comunitaria y el tejido social.

El pasado 14 de julio, el Presidente de la República dio a conocer que a 400 mil campesinos se les da trabajo por medio del programa y esto permitirá sembrar un millón de hectáreas, sin embargo, la última presentación oficial de avances reportó que “Sembrando Vida” tenía la meta de alcanzar 200 mil nuevos sembradores, pero sólo se entregaron 104 mil 579 tarjetas de ayuda; se admitió que de un objetivo inicial para sembrar 575 millones de árboles y plantas sólo se alcanzaron 80 millones, es decir, no se cumplió con lo establecido.

Rugidos

Se va, no se va, se va …

Pues nada que éste jueves se sabrá si efectivamente el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú concluye lo que inició, el anuncio de su renuncia al gobierno del Presidente Andrés López Obrador quien durante los últimos 4 días ha dicho al respecto que platicará con el aun titular de la SCT para buscar un arreglo.

Y es que caló hondo la decisión del Primer Mandatario de asignar el manejo, la administración de los puertos y aduanas a la Secretaría de María principalmente porque esas zonas son presionadas por grupos delincuenciales, los cuales necesitan una respuesta firme, sólida y distinta a la que han tenido.

El Presidente López Obrador no pensó en ningún momento que su decisión diferente sobre la administración que deben tener los puertos, ocasionaría la molestia, inconformidad y decisión del ingeniero Jiménez Espriú de abandonar su equipo de trabajo.

La pregunta es ahora si el Presidente logrará convencer al temperamental titular de la SCT. Hoy lo sabremos.