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Selva Política

  • AFP
  • 24 jul 2020
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Piden Diputados al Presidente, no Utilizar el Caso Lozoya con Fines Políticos

*Salvaguardar de la Pandemia a los Adultos Mayores, Demandan Legisladores

El Grupo Parlamentario del PRD pidió al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, dejar de utilizar el caso Emilio Lozoya Austin con fines políticos y que permita a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar la investigación.

Mediante un comunicado, la coordinadora de la bancada, Verónica Juárez Piña, señaló que desde que la FGR dio a conocer que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptó ser extraditado a México desde España, el Ejecutivo ha lanzado acusaciones sin pruebas, violando la secrecía de la investigación consignada constitucionalmente.

“El Presidente de la República está utilizando la investigación contra Lozoya con fines electorales, para dirimir diferencias políticas y no en la búsqueda de la justicia y el combate a la corrupción, en un momento en que la evaluación ciudadana no lo ha favorecido debido a la mala gestión de la crisis sanitaria”, acusó la diputada.

Sostuvo que se debe permitir a la FGR hacer su trabajo y que el Presidente se mantenga al margen de la investigación para no entorpecerla.

Abundó que fue un error haber cedido a las pretensiones de Lozoya Austin aceptando que fuera testigo colaborador, cuando es una pieza clave en la red de corrupción, conflicto de intereses y complicidad que permeó toda la administración de Enrique Peña Nieto.

“Lozoya es parte de los casos más escandalosos de corrupción del sexenio pasado, entre ellos Odebrecht, Fertinal y el financiamiento ilícito de campañas; y el gobierno de Andrés Manuel lo está tratando con pinzas y privilegios para fines completamente ajenos a la justicia y combate a la corrupción”, resaltó la líder parlamentaria.

Juárez Piña agregó que la ciudadanía reclama justicia y que se recuperen los recursos públicos desviados, asimismo, se castigue a los presuntos responsables y no se utilicen las instituciones de procuración de justicia con fines políticos.

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En otro tema, ayer el Grupo Parlamentario del PRI señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe actualizar sus protocolos en la gestión, trámites y expedición de pensiones para adultos mayores, a fin de prevenir aglomeraciones y contagios del virus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad Covid-19.

El acelerado contagio de coronavirus alertó a los diputados Ivonne Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguía y Pedro Pablo Treviño Villareal, quienes señalaron que se necesitan mecanismos institucionales para el cuidado de esta población, ya que por sus características y necesidades se considera vulnerables a contraer dicha enfermedad.

Precisaron que en los últimos meses el Covid-19 ha impactado la salud de los adultos mayores, en un país donde residen más de 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas, y de ellas 70% presentan algún grado de discapacidad o limitación.

“Lamentablemente, pese a su vulnerabilidad, muchos adultos mayores se ven en la necesidad de salir a las calles para poder realizar trámites para recibir sus pensiones, ya que por cuestiones ajenas a ellos, no han recibido sus pagos y por tal motivo, tienen que ir a resolver la situación en la que se encuentran”, expusieron.

Se ha documentado en diversos medios de comunicación que algunas delegaciones del IMSS exigen la presencia en sus oficinas de los adultos mayores, como sucedió en Monterrey, en donde el instituto reclama la presencia de los usuarios, situación que pone en riesgo su salud.

“Es momento de tomar en cuenta experiencias internacionales y locales, las oficinas gubernamentales deben adecuarse a las nuevas circunstancias, por tanto, constituye una oportunidad para modernizar los protocolos de actuación en la realización de trámites, para no poner en riesgo y priorizar la salud de los adultos mayores que son derechohabientes del IMSS”, finalizaron.

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De salida les informaos que la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que el derecho humano a cuidar y a ser cuidado debe ser incorporado en la Constitución, como parte del Estado de bienestar.

“El cuidado de las personas es un tema fundamental para el desarrollo de un país, por lo que ya no se pueden seguir concibiendo como una obligación natural, sino como una prestación con impacto en la vida social, económica y cultural de la sociedad”, externó en un comunicado.

La legisladora informó de su participación en el conversatorio “El derecho al cuidado debe ser universal”, donde apuntó que desde la Cámara de Diputados se está trabajando en la búsqueda de los consensos necesarios para que el derecho al cuidado, “pueda formar parte del Estado de bienestar que impulsa la Cuarta Transformación”.

Tras señalar que la pandemia por el coronavirus que padece la humanidad ha demostrado las débiles bases de un modelo económico, político y social, “en nuestro país, se ha empezado a construir un modelo distinto, basado en el bienestar de las mayorías”, sostuvo.

El día a día de las personas que dedican parte de su vida a cuidar a otros debe ser reconocido y respaldado por el Estado en sus tres órdenes de gobierno, por lo que se ha propuesto establecer un sistema de coordinación nacional de cuidados, para “darle el valor necesario a este derecho en sus dos vertientes, pasiva, a recibir cuidados y activa, a dotarlos”.

“La lucha por hacer un mundo más justo es un tema de derechos humanos, por lo que acompañamos la incorporación al texto constitucional del derecho humano a cuidar y a ser cuidado como un acto solidario, pero también como una responsabilidad que el Estado debe acompañar”, apuntó.

Alavez Ruiz mencionó que la Constitución de la Ciudad de México, incluye el derecho al cuidado como un elemento fundamental de la convivencia social y se está en proceso de construcción de la Ley del Sistema local de cuidados, que servirá de base y modelo para el ámbito nacional.

Este agregado a la Constitución, nos coloca en la ruta del cumplimiento de acuerdos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que prevé recomendaciones para cuantificar el trabajo no remunerado que llevan a cabo las mujeres y las niñas, así como compromisos en el marco de la Agenda 2030, que contiene metas relacionadas con el trabajo del cuidado.


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Tiempos de Caza

Ante la lucha electoral que ya se vive en buena parte del país, y la probabilidad de que MORENA pueda sufrir un revés en las preferencias de los electores el próximo año, el gobierno del Presidente Andrés López Obrador ha salido de cacería, bajo el compromiso señalar, acusar y fincar responsabilidad penal a todo aquel que haya caído en el pecado de la corrupción.

Quien estés limpio de culpa y corrupción, que tire la primera piedra, dice el refrán popular y en México, nadie lanzó nada. Ante ello y lo que está por venir, el Presidente López Obrador sigue llevando a sus conferencias los temas político-polémicos, frívolos incluso que logren impactar entre la ciudadanía.

Violando todo debido proceso, al mandatario no le importa citar a detenidos, acusados o incluso procesados con el fin de que el compromiso de acabar con corrupción, fomentada por parte de ex funcionarios y militantes de partidos opositores, va en serio.

El Presidente de México, su partido MORENA, sus militantes y simpatizantes se jugarán todo durante las elecciones intermedias. Para ello buscan llegar lo más limpios posibles de casos de corrupción que han comenzado a salir a la luz pública.

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