Selva Política

MIGUEL BARBA

*Realizarán Foro Virtual “El Futuro de los Derechos de Pueblos Indígenas en AL”

*Buscan Diputados Garantizar la Transparencia en las Licitaciones Públicas

La Comisión de Pueblos Indígenas, que preside la diputada Irma Juan Carlos (Morena), realizará el foro virtual “El futuro de los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica”, el próximo domingo 9 de agosto, cuyo objetivo es promover la preservación y el desarrollo pluricultural, plurilingüe e intercultural de nuestro país y el continente.

El foro se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 23 de diciembre de 1994, con el objetivo de fortalecer la cooperación mundial para solucionar los problemas que enfrentan las comunidades originarias en derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación, salud, el uso de sus lenguas y prácticas culturales.

En México, las condiciones de vida de estos pueblos son desfavorables, porque no se les garantizan derechos constitucionales como educación, salud, vivienda, empleo y cultura, por lo que es fundamental respetar sus propias estructuras de organización social y tradiciones, destaca la comisión.

Las poblaciones originarias han buscado durante años el reconocimiento de sus territorios, forma de vida y recursos naturales. A lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad son las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo, por ello, la comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para protegerlos.

Además, como resultado de la pérdida de sus territorios, muchos han migrado a zonas urbanas en busca de educación y empleo, a fin de escapar de los conflictos, persecución e impactos del cambio climático. Asimismo, los migrantes indígenas se enfrentan a la falta de acceso a servicios públicos y discriminación.

Ante este panorama, la comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida; por ello, es trascendental escuchar en este foro voces de representantes indígenas de México y Latinoamérica.

En el foro se prevé la participación del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, la representante de Latinoamérica y el Caribe ante la ONU, Irma Pineda, la senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Máxima Apaza Millares.

También el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Salomón Jara Cruz, y el magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Luis Enrique Cordero Aguilar.

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En otro tema, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) propuso reformar diversas leyes para garantizar la transparencia en materia de licitación pública para consolidar un mecanismo competitivo en el cumplimiento de obras y servicios.

La legisladora presentó una iniciativa para reformar las leyes de Obras Públicas; de Asociaciones Público Privadas; de Adquisiciones; y la Federal de Transparencia a fin de que el sector de la construcción mejore, haya mayor rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, se elimine la discrecionalidad para la asignación de obras y contratos, y evitar la corrupción a través de fortalecer la licitación pública, informó en un comunicado.

La diputada reconoció que la corrupción es el peor mal que la población tiene que enfrentar, por los daños económicos, sociales y políticos que genera, y por ello resulta alarmante el desplazamiento de esta vía para consolidar contrataciones.

“Es alarmante la frecuencia con la que se prescinde de la licitación pública para contratar y se termina utilizando los procedimientos excepcionales, más aún cuando de entre 15 a 20% del Presupuesto de Egresos de la Federación se ocupa para la inversión física”, dijo.

Explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estudió 80 contratos de inversiones físicas relativos a proyectos de infraestructura con montos superiores a los 100 billones de pesos, entre 1999 y 2010, con “conclusiones terribles para el erario”.

“En el caso de los contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el incremento promedio fue de 131% respecto al monto original; para Pemex el incremento fue de 284.3%; mientras que para CFE fue de 51.3 por ciento; y para Capufe y Conagua correspondió el 35 %”.

Es necesario “promover un cambio significativo a nuestro marco legal, para que el Estado mexicano logre transparentar todo lo concerniente a las contrataciones públicas”.

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De salidas les comentamos que diputadas y diputados del PAN presentaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una denuncia en contra de instituciones de salud por la compra irregular de medicamentos, insumos y contratación de servicios en el sector.

En un comunicado, detallaron que las instituciones involucradas en dicha compra son las secretarías de Salud (Ssa), Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La denuncia fue encabezada por su coordinador Juan Carlos Romero Hicks y los legisladores Éctor Jaime Ramirez Barba, Jorge Arturo Espadas Galván, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba y María de los Ángeles Ayala Díaz.

Así como Carlos Elhier Cinta Rodríguez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Karen Michel González Márquez, Janet Melanie Murillo Chávez, Sarai Núñez Cerón, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano y Ricardo Villarreal García.

Refirieron que de acuerdo con lo reportado en el sistema de información pública gubernamental sobre adquisiciones (Compranet) y el análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se encontraron “¿Compras de emergencia o de pánico?” y se identificaron tendencias y patrones preocupantes.

Señalaron que en situación de emergencia el dispendio de recursos no se justifica y el Gobierno Federal debería preocuparse por hacer un mejor uso del dinero público para enfrentar una pandemia que amenaza con convertirse en una crisis humanitaria.

Rugidos

Niños en Huelga

La decisión de algunos gobiernos estatales, e incluso el de la capital del país de legislar en torno a la prohibición en la venta de refrescos y frituras para los niños, podría causar un serio problema entre millones de microempresarios que viven principalmente de la venta de esos dos productos.

El gobierno de Oaxaca ha sido el primero en legislar y prohibir la venta de refrescos y frituras a los niños de esa entidad, situación que deberá ser atendida a fin de diseñar una estrategia para compensar las ganancias que deja la compra de dulces por parte de los niños en esos comercios.

Aunque no imaginamos que los infantes vayan a protestar o a iniciar una huelga en protesta por verse impedidos para adquirir lo que más les gusta en la tiendita de la esquina, la prohibición de estos dos productos podría generar al mismo tiempo pérdidas económicas considerables para estas dos industrias.

De ser así, una nueva ola de despidos podría estarse gestando.