Selva Política

MIGUEL BARBA

*Buscan Tipificar como Delitos el “Acarreo”, Durante Procesos Electorales

*Requieren Capacitarse Autoridades Penitenciarias, en Materia de Igualdad de Género

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) informó que promueve una iniciativa para reformar diversos ordenamientos a fin de tipificar y sancionar el acarreo, engaño, promesas de cualquier índole o pago en dinero o especie, durante actos electorales y de partidos.

Planteó modificar las leyes General de Partidos Políticos, la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la General en Materia de Delitos Electorales.

En conferencia de prensa, el diputado recordó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo donde señala diversas anomalías en las que incurrieron algunas organizaciones que buscaban su registro como partido político; incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo evidentes vicios y prácticas antidemocráticas que se tienen que corregir.

“Algunas anomalías que podemos destacar son la omisión de reportar gastos en la celebración de asambleas, las aportaciones de personas no identificadas, la omisión de reportar gastos de publicidad en redes sociales y la de presentar la documentación comprobatoria del origen de los recursos”, señaló.

También se dio a conocer que varias asambleas distritales, en todo el país, incurrieron en la realización de una “promesa de pago” al afiliarse a dichas organizaciones, agregó.

“Es inaceptable que se lucre y trafique con la pobreza y necesidad de la gente para fines políticos. Por ello, esta iniciativa pretende castigar más severamente la compra de votos, inclusive con cárcel”, aseveró.

Gutiérrez Gutiérrez apuntó que su propuesta también busca que en las organizaciones que busquen ser de orden político, no tengan intromisión de culto religioso, y sea el INE quien verifique que se cumpla esta determinación.

Asimismo, que el Consejo General del INE solicite, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la revisión de los recursos que aportaron las organizaciones que quieren constituirse, y sancionar con cárcel a quien pague dinero a personas para que asistan a las asambleas distritales para la conformación de un partido político.

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Por otra parte, ayer la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia, afirmó que con la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias deberán ser capacitadas en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y atención psicopedagógica, para que den un trato sensibilizado a las mujeres en reclusión y a sus hijos.

En tribuna, al fundamentar el dictamen que modifica la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de mujeres en reclusión, la legisladora dijo que con este proyecto de decreto se garantizará el respeto a los derechos de las mujeres y de las y los menores de edad en situación de reclusión.

“Con este dictamen se incorporarán en la ley la observancia obligatoria del interés superior de la niñez, específicamente en lo referente a la conservación de la guarda y custodia de la hija o hijo menor de tres años en favor de la madre sentenciada”, argumentó.

Sostuvo que la capacitación de las autoridades penitenciarias en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y de atención psicopedagógica deberá ser sin un impacto presupuestario adicional.

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En otro tema, ayer el diputado Diego Del Bosque Villarreal (Morena) pidió que se analice con más calma el proyecto de Ley General de Educación Superior que está en el Senado, ya que puede permitir que se continúe “el saqueo” que se ha hecho a muchas universidades públicas.

Existen “inquietudes respecto al proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior que están presentando diversos partidos en el Senado”, sostuvo en rueda de prensa al respaldar a integrantes del Movimiento Estudiantil Espartaco de Puebla y de la Red por la Democracia.

El legislador cuestionó la ley presentada en el Senado, ya que su planteamiento no corresponde a los tiempos de la Cuarta Transformación; “esta reforma lo que pensamos que hace, es simplemente legalizar el robo, el saqueo que han hecho las direcciones de estas universidades durante años”.

Aseveró que “la educación superior, las universidades públicas tienen que ser espacios democráticos”

Subrayó que existe “un grave problema en la transparencia de las universidades públicas, lo cual ha ido de la mano en un proceso de privatización de todos estos espacios educativos”.

Por su parte, integrantes del movimiento estudiantil Espartaco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acusaron que existe un proceso de privatización dentro de su casa de estudio.

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De salida les informamos que la diputada Edith Castañeda Ortiz (Morena) informó que promueve un punto de acuerdo dirigido al Gobierno Federal para que solicite a organismos y acreedores privados internacionales condonación de la deuda externa o, en su caso, el consentimiento de un proceso inmediato de reestructuración; el propósito, aminorar efectos de la crisis derivada por la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa, acompañada de diputados y activistas promotores de la suspensión del pago de la deuda pública, reconoció que es complicado; sin embargo, dicha propuesta “es justa, legítima y necesaria”, ya que la grave crisis económica que padecemos, acentuada por la pandemia, está generando que la deuda pública aumente sin control.

Lo que además propicia que los pagos por su servicio se tornen cada día más onerosos para países como México y, para pagarla se destinen recursos valiosos mucho más útiles para otras necesidades como reactivar la economía nacional, generar empleos y aumentar el gasto social.

En 2020 el costo financiero de la deuda pública establecido en el Presupuesto de Egresos aprobado por los diputados es de 727 mil 374 millones de pesos, monto equivalente a 3% del Producto Interno Bruto (PIB), detalló.

Si se dejara de pagar un año el servicio de la deuda pública, se tendrían recursos suficientes para aumentar en más del doble el gasto en los programas sociales o para reactivar la economía nacional o establecer la renta básica universal.

Rugidos

¡ El General !

La detención en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, acusado de narcotráfico y lavado de dinero cimbró no solo a las instituciones del país, sino a la sociedad entera.

Una investigación derivada de las declaraciones hechas por personajes relacionados con la captura del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, llevó a las autoridades antinarcóticos de la Unión Americana a iniciar una profunda y fina investigación que concluyó con pruebas fehacientes las cuales han sido utilizadas para buscar fincar responsabilidades al ex Secretario de la Defensa Nacional de México.

Tras su arresto y presentación ante las instancias judiciales, el general escuchó durante la audiencia, los cargos que se le imputan y, ante ello, habrá que esperar la presentación de pruebas y la defensa inicial que lleve a cabo el ahora detenido.

Se ha revelado que al general, entre los mandos y redes del narcotráfico, se le conocía como “El Padrino”, revelaciones que se van sumando y sorprendiendo nuevamente a la sociedad mexicana.