Selva Política

MIGUEL BARBA

*Acusan Diputados del PRD al Gobierno de Irresponsable por Inundación en Tabasco

*Respalda Morena, Desaparecer el “Outsourcing” y Apoyar a las Empresas

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, aseveró que tomar la decisión de inundar los municipios más pobres de Tabasco, en donde en su mayor parte viven las comunidades indígenas chontales, para no afectar Villahermosa, capital del estado, es un acto criminal del Presidente de la República.

Refirió que las inundaciones han dejado al menos cinco muertos, 148 mil personas afectadas, y 35 mil 982 viviendas inundadas en 13 de los 17 municipios de Tabasco.

“Entre los municipios más afectados se encuentran Centla, Jalpa y Nacajuca, habitados principalmente por indígenas chontales, y ahora se sabe que de manera premeditada el Gobierno Federal tomó la decisión de encauzar el desfogue de la presa Peñitas hacía comunidades de esos municipios para evitar que Villahermosa, la capital del estado, centro del poder político y económico en la entidad, se inundara”, denunció.

En su segundo día de gira por la entidad, que realizó principalmente a través de sobrevuelos sobre las regiones afectadas, el presidente de la República confesó que “abrieron parcialmente las compuertas de las presas para evitar que se registrara una inundación mayor en Villahermosa, aunque eso implicó que la salida del agua afectara los municipios de Centla, Jalpa y Nacajuca.”

La líder parlamentaria agregó que el mandatario dijo que “ante la intensidad de las lluvias registradas en el sureste y el caudal de agua de los ríos, se tuvo que optar entre inconvenientes, por lo cual se evitó un daño mayor a Villahermosa, pero se afectó la zona chontal”.

En ese sentido, aseveró que el jefe del Ejecutivo no sólo inundó premeditadamente los municipios más pobres del estado, sino que reaccionó tarde y mal para rescatar y atender a las familias afectadas.

“Es inusitado e inadmisible que habiendo otras alternativas que se pudieron haber tomado de haber actuado oportunamente, haya optado por sacrificar a varios municipios y a un grupo de la población, el de menor recursos, para proteger a otro municipio y a otro grupo de la población”.

Aseveró que esto demuestra que la trillada frase dé Andrés Manuel de 'primero los pobres', es una falsedad.

Cuestionó los criterios del residente para tomar esta decisión, pues por qué inundar las comunidades indígenas, que de por sí enfrentan condiciones adversas, y por qué, siendo oriundo de Tabasco y conociendo las condiciones de riesgo de la región en temporada de lluvias, su gobierno no tomó medidas preventivas para evitar una crisis como la actual.

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En otro tema, ayer la diputada Mónica Almeida López (PRD) coincidió con la necesidad de eliminar el “outsourcing” en México, para brindar una mayor protección laboral a todos los ciudadanos, sin embargo, se debe proteger a las empresas que están imposibilitadas para contratar de forma directa personal.

“Eliminar el ‘outsourcing’ en México será un gran paso para consolidar los derechos laborales de todos y que así más mexicanos vean los frutos de su vida laboral, sin embargo, algunos se verán afectados por el desempleo ya que no todas las empresas podrán generar espacios laborales, razón por la cual debemos trabajar en reformas que respalden a las empresas para evitar la pérdida de empleos”, comentó en un comunicado.

Explicó que la iniciativa del Ejecutivo Federal no cuenta con una estimación de lo que representará para las empresas asumir el costo de recontratación, detalle que podría frenar las intenciones de eliminar el “outsourcing” por completo en México.

Asimismo, recordó que el gobierno es uno de los principales beneficiados con el “outsourcing”, ya que entre el IMSS y el ISSSTE se calcula un gasto de 30 mil millones de pesos en la subcontratación de servicios y personal.

“Es necesario que de forma conjunta los tres poderes generemos las cifras de impacto, primero a nivel gubernamental, para evitar generar desempleo a falta de presupuesto para contratar a quienes se encuentren en el esquema de ‘outsourcing’ en dependencias del sector público, y que el sector privado replique el modelo”, agregó.

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Ayer el Grupo Parlamentario del PRI sostuvo que en su momento advirtió que extinguir el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue irresponsable, porque pone en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos.

Subrayó que ahora que estados como Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz viven los estragos de las lluvias intensas, el Gobierno Federal es responsable de destinar recursos suficientes para apoyar a las familias damnificadas y regresar a la normalidad los servicios públicos.

“Solicitamos que el Poder Legislativo se pronuncie para exhortar al Ejecutivo Federal a que salvaguarde la vida y bienes de las familias perjudicadas por las inundaciones y que las dependencias de gobierno lleven a cabo acciones que reparen la infraestructura carretera, de telecomunicaciones y salud pública”, señaló la bancada en un comunicado.

En el caso de Tabasco y Chiapas, las y los diputados priistas pidieron fortalecer los trabajos de búsqueda, a fin de localizar a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas y poner en marcha un programa de asistencia a damnificados que perdieron seres queridos y su patrimonio.

“No es correcto que la población tenga que lidiar con la incertidumbre por la falta de apoyo gubernamental, específicamente para proteger la vida e integridad de los mexicanos; la recuperación de su patrimonio y el incumplimiento de protocolos de actuación, que prevengan contagios del Covid-19, ya que tanto Chiapas como Tabasco, tienen altos índices de casos y defunciones por coronavirus”, indicaron.

De igual modo, señalaron que la presencia de funcionarios de la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Coordinación Nacional de Protección Civil, no ha dado los resultados esperados, frente a las inundaciones.

Rugidos

Rebrote

La pandemia del Covid-19 recobra fuerza entre los mexicanos a nivel nacional y debido a ello más gobiernos estatales están determinando hacer obligatorio en todo momento el uso del cubrebocas, como última reducto o medida para enfrentar la emergencia sanitaria.

Con ello el número de personas hospitalizadas también va en aumento de manera acelerada y, ante tal comportamiento del contagio, varios gobiernos estatales y municipales podrían levantar la voz para analizar la posibilidad de un nuevo confinamiento.

El desafío no es nada sencillo, pues un nuevo confinamiento y cierre de comercios y empresas nos llevaría a un nuevo desplome en la recuperación económica y la detonación casi en automático del desempleo que ya asfixia al país.

Vaya momento en la toma de decisiones: ¿privilegiar la salud o la economía?