Selva Política

MIGUEL BARBA

*Urgente Legislar en Torno al Problema de Castigos Corporales que aún se Registran

*40 Millones de Infantes en México, Requieren ser Protegidos Ante la Violencia

Al inaugurar el foro “Hacia la prohibición de los castigos corporales y humillantes”, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, afirmó que urge legislar en la materia, ante los efectos nocivos que provocan estos métodos violentos.

Dijo que es un tema de particular importancia para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. “Se trata del análisis de una reforma legislativa que tiene la vocación de lograr la realización de un cambio sociocultural en la vida cotidiana de las personas”.

Estas agresiones, expresó, ocasionan pesadillas, trastornos del sueño, colitis e incontinencia urinaria; en el ámbito cognitivo, problemas de atención y alteraciones en la memoria; en el aspecto emocional, hiperactividad, miedo, depresión y estrés.

También dañan en la dimensión conductual, “que es quizá la más grave” porque termina por aceptar y normalizar la violencia en las relaciones y puede ser la base de alteraciones psicológicas y otras tendencias como el suicidio.

Añadió que ante la complejidad del problema y la integralidad que se necesita para su correcto análisis, se organizó este parlamento abierto, a fin de escuchar “la opinión y experiencia de distintos operadores finales de las normas que eventualmente se habrán de someter a aprobación”.

Refirió que el 23 de septiembre, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal para prohibir estas prácticas como método correctivo o disciplinario, porque se recurre a la violencia “bajo el pretexto de educar a los menores”.

Dijo que es un instrumento legislativo que aborda un problema generalizado y socialmente internalizado, como la aplicación de métodos violentos. “Es un fenómeno que hasta la fecha ha crecido de manera generacional y que, en gran medida, puede explicar las razones por las cuales nuestra sociedad vive inmersa en una espiral permanente de violencia.

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Sobre el tema, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena) señaló que acompañará la iniciativa por los datos graves que hay. “Estamos hablando de 39.2 millones de niños, de los cuales 26 millones son menores de 11 años; somos el país con mayor abuso sexual infantil o dentro de los dos primeros lugares en el mundo, lo cual nos parece suficiente para legislar y acabar con este tipo de prácticas”.

Aclaró que con la propuesta no se penaliza, sólo se prohíbe la conducta. “Que se entienda claramente que no es el método a través del cual tenemos que educar a los niños”; se trata de un mensaje pedagógico que tiene como propósito ir modificando patrones de crianza, aseveró.

La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria de la Comisión, destacó la relevancia de proteger la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, así como su salud mental y psicológica, fomentando una disciplina propositiva, lo cual requiere presupuesto para apoyar las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

Para ellos, agregó, el confinamiento ha sido muy complicado por los cambios de rutina al no asistir a las aulas; el estrés y los castigos corporales han aumentado.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión, afirmó que el Estado tiene una deuda con la infancia porque no se han cumplido las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Sostuvo que es importante que los menores no sean sujetos de tratos crueles o correctivos que los humillen. Se requiere desplegar estrategias a fin de que tengan disciplina y directrices de sus padres y tutores con el objeto de que sean mejores personas.

La coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, señaló que muchas de las prácticas violentas contra niñas, niños y adolescentes atienden aspectos culturalmente aceptados. Muchas de ellas se aprecian por la sociedad como necesarias e inclusive justificadas o como parte de un modelo correctivo. “Si bien se ha atendido el tema, las prácticas no se han erradicado”.

Ante esto, consideró necesario dar pleno cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Se han realizado esfuerzos para garantizar todos sus derechos y que vivan una vida libre de violencia. “Dejar a este sector sin los recursos necesarios, también representa una forma de violencia”.

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Patricia Colchero Aragonés, coordinadora de investigación y estudios del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina), sostuvo que estas prácticas violentas pueden reflejarse en trastornos de ansiedad y depresión. Es necesario erradicarlas en las escuelas y en diversos entornos. “Quien recibe este tipo de violencia las va a justificar y a reproducir”, afirmó.

Al moderar la mesa 1, “Perspectivas desde las Procuradurías de la Niñez”, la diputada Lorena Vllavicencio Ayala (Morena) señaló que si realmente se quiere garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe haber presupuesto para que las instancias encargadas de atender estos casos realicen mejor sus funciones.

Participaron Claudia Angélica Tynan López, Cristel Yunuen Pozas, Rafael Brito Miranda, Luis Rodolfo Domínguez Jaramillo y Juan Carlos Rodríguez Mendoza, procuradoras y procuradores de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de los Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Michoacán, respectivamente.

Se propuso crear un tipo penal específico de violencia infantil, para visibilizar el problema; que la reforma contenga una visión punitiva, pero que no criminalice; fortalecer con presupuesto a estas procuradurías; cambiar categorías de prevención, crianza positiva y educación parental, así como difundir métodos más eficaces de educación mediante campañas de comunicación.

En la mesa 2, “Perspectivas desde la impartición de justicia”, magistrados y juezas apuntaron la importancia de juzgar con un criterio de infancia y que las sentencias tengan un lenguaje sencillo para que los menores sean informados sobre las decisiones adoptadas.

Raúl Aarón Romero Ortega, magistrado e integrante en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, y Emilia Camargo Pérez, jueza Primero Familiar de Texcoco, de la misma entidad, expresaron que están a favor de reformar las leyes que eviten castigos hacia los niños, por mínimos que sean.

Alejandra Ramos Durán, jueza en materia penal en Chihuahua, planteó que se pueda recurrir a la toma de opinión de los menores, porque se les considera incapaces de emitir una declaración. No obstante, se les somete hasta a 14 sesiones de declaración revictimizándolos en el proceso judicial.

Rugidos

La Fe en Tiempos de Pandemia

Las autoridades de la Basílica de Guadalupe en la CDMX, darán a conocer este lunes si el santuario guadalupano se abrirá a los feligreses el día 11 y 12 de diciembre, día en que celebran a la Patrona de América.

La decisión gira en torno al enorme riesgo de contagio de coronavirus que podría originarse, si como se acostumbra cada año, millones de personas asisten al lugar a visitar a la Guadalupana en medio del primer rebrote de esta pandemia que no respeta credo ni religión.

El gobierno de la capital del país, debe ordenar a las autoridades eclesiásticas cerrar el santuario, hasta en tanto no se haya superado la emergencia sanitaria. No hacerlo, ni acatar el ordenamiento, implicará una responsabilidad directa de ambas partes.

El cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia fracasará ante la muchedumbre que podría darse cita para pedir a la Virgen de Guadalupe parar este mal.