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Selva Política

  • AFP
  • 9 dic 2020
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Aprueban Diputados por Unanimidad Crear Centros de Justicia Para Mujeres

*Habrá Igualdad de Género en el Sector Social de la Economía: Legisladores

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 456 votos a favor, el dictamen que reforma las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Coordinación Fiscal, a fin de promover el desarrollo, implementación y evaluación de los proyectos de las entidades federativas para la creación, fortalecimiento y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca que los Centros de Justicia para las Mujeres brinden atención a las víctimas de violencia o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos, mediante la prestación de servicios multidisciplinarios en un mismo lugar y con ello promover y garantizar su acceso a la justicia, su ejercicio pleno de garantías y su incorporación a la vida productiva social, cultural y política en la sociedad.

Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena, María Wendy Briceño Zuloaga, explicó que estos Centros ofrecerán como mínimo atención médica y psicológica incluyendo atención terapéutica de contención emocional, asesoría jurídica, representación legal, gestión de expedición de documentación oficial, cuidado infantil, servicio de trabajo social y seguridad a víctimas en situación de riesgo grave o falta de red de apoyo familiar o comunitario, para lo cual se coordinará con los refugios para víctimas.

Se dará acceso a la justicia a través de agencias del Ministerio Público especializado en violencia contra las mujeres, asesoramiento para el empoderamiento económico, gestión de acceso a servicios educativos y programas de inserción al mercado laboral, precisó.

Enfatizó que estos Centros deberán ubicarse de forma prioritaria en zonas rurales, comunidades indígenas y territorios carentes de instituciones públicas para la prevención y atención de violencia hacia las mujeres, por lo que se deberá contar con personal hablante de las lenguas indígenas que predominan.

Las instituciones estatales que se encargarán de brindar los servicios en los Centros son: la Secretaría de Gobierno; fiscalía o procuraduría general; secretarías de Seguridad Pública o Ciudadana; de Salud; de Trabajo, de Educación; de Desarrollo Social o Económico; de Desarrollo Integral de la Familia; de la Mujer o instituto de las Mujeres; Comisión de Atención a Víctimas; Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes; Instituto de la Defensoría Pública e Instituto de Pueblos Indígenas.

De Morena, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, indicó que este dictamen contribuirá al cumplimiento de las observaciones realizadas a México por parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que señalan la urgencia de que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos y servicios efectivos y oportunos que garanticen justicia.

Por ello, dijo, estos Centros de Justicia serán instancias de primer contacto y de atención integral, canalización y seguimiento para romper con el ciclo de violencia y promover el empoderamiento de las mujeres. “A las protestas se les debe responder con propuestas reales y estas reformas los son”, subrayó.


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En otro tema desahogado, ayer la Cámara de Diputados aprobó, por consenso de 456 votos a favor, el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se reforma la fracción II del artículo 2º y se adiciona la V al artículo 9 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al Sector Social de la Economía.

Con estas reformas, se busca garantizar la participación de las mujeres en las organizaciones de la economía social y solidaria, y así materializar la igualdad en estos sectores económicos.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que es necesario educar a la comunidad y a los colaboradores de la economía social sobre la importancia de los efectos diferenciados que viven las mujeres y los hombres en la economía social.

Asimismo, mejorar las prácticas de las organizaciones de la economía social y solidaria en temas de la igualdad de remuneración, de representatividad en los órganos de decisión y sacar provecho de aquellas experiencias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida, con perspectiva de género

Destaca que las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y, por lo tanto, la mitad de su potencial; sin embargo, la desigualdad de género persiste en todo el mundo y provoca el estancamiento del progreso social.

Es por ello que se considera que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar la igualdad de género y alcanzar el desarrollo sostenible.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) dijo que el dictamen busca incorporar la igualdad de género como parte del objeto de la ley, y la paridad e igualdad de género como parte de los principios que deberán tomar en cuenta en su estructura interna los organismos del sector.

Con ello se busca empoderar a las mujeres y caminar hacia la igualdad sustantiva de la mano de la economía social y solidaria, la cual es una gran generadora de transformaciones sociales. Al reconocer y proporcionar la participación activa de las mujeres y rechazar todas las formas de discriminación, se conseguirá una mayor autonomía en la toma de decisiones.

“Se estima que eliminar la brecha de desigualdad posibilitará un incremento neto del PIB, puesto que la participación de las mujeres genera mayor crecimiento económico y un efecto multiplicador en la sociedad. Asimismo, el empoderamiento económico de las mujeres resulta fundamental no solo para mejorar nuestra vida sino la de toda la población”, agregó.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC) comentó que las mujeres enfrentan claras desventajas, discriminación y violencia que en muchos casos provoca consecuencias irreversibles. “Una de las estrategias para reducir múltiples formas de violencia es el empoderamiento de las mujeres y esto se traduce en incluir su crecimiento económico, profesional y laboral”.


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La Cámara de Diputados, durante su sesión semipresencial, aprobó por unanimidad de 451 votos a favor, el dictamen que adiciona la fracción XIV al artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de establecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de género.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca una mayor participación de la mujer en la práctica de actividades físicas en el tiempo libre, así como su inclusión en el deporte de alta competición, toda vez que sólo así se logrará una igualdad sustantiva.

Al fundamentar el dictamen, vía plataforma digital, el diputado Ernesto Vargas Contreras (Encuentro Social), argumentó que la aprobación de esta reforma garantiza que el Estado brinde las mismas condiciones a las mujeres que a los hombres para participar en el deporte, la cultura física y la educación física.

Recalcó que lamentablemente en la actualidad no se ha garantizado un trato idéntico, por lo que los estereotipos y roles influyen en la práctica del deporte, pues están ligados a la masculinidad, por lo que muchas mujeres que se desempeñan en estas disciplinas se sienten menos valoradas y con menos oportunidades de participación.




Rugidos

Primero, los Héroes


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El gobierno federal anunció ayer que el primer lote de vacunas anticovid-19 llegarán a nuestro país en los próximos 10 días, para ser aplicadas inmediatamente a las personas que lo merecen, como son los trabajadores de la salud, quienes están en la primera línea de combate para vencer la pandemia.

Las primeras 250 mil vacunas -2 por cada persona- se comenzarán a aplicar en la Ciudad de México y el estado de Coahuila, debido a los altos índices de contagio que se registran en esas dos entidades. Tras concluir ahí, se informó, se atenderá al personal médico en el resto del país.

Los meses de enero, febrero y marzo, serán determinantes para avanzar en la vacunación de las personas con mayor riesgo de contraer el Covid-19. Debido a ello, las y los mexicanos de 50 años y más recibirán la atención primaria con el fin de romper el hilo de contagio que se registra en buena parte del país. Que así sea…





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