Selva Política

MIGUEL BARBA

*La emergencia sanitaria podría ser causal de preliberación, proponen diputados.

*Urgen fortalecer Ley para la protección de personas Defensoras de Derechos Humanos

La Comisión de Justicia analiza reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que durante una contingencia o emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente en términos de la Ley General de Salud, sea causal de preliberación cuando se trate de personas vulnerables como adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas.

En una iniciativa, que plantea adicionar la fracción IV al artículo 146 de la citada Ley, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) precisó que un sector en grave riesgo de ser afectado por la pandemia de Covid-19, es el de la población recluida en centros penitenciarios.

Lo anterior, añadió, por el confinamiento, sobrepoblación, deficiencias en la infraestructura, y la falta de cuidados estrictos para prevenir contagios que, en estas circunstancias, corren el riesgo de ser inminentes, sobre todo para la población más vulnerable: adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión y obesidad, entre otros.

García Rojas subrayó que las cárceles en México son lugares propicios para el contagio del virus, pues de acuerdo con la directora ejecutiva de Intersecta (organización social), con el Covid-19 la prisión preventiva oficiosa funge incluso como una condena de muerte. Entre marzo y agosto del año pasado, 140 personas murieron, lo que indica que es 1.8 veces más grande la tasa de muerte en presidio.

En este beneficio de preliberación, comentó, se puede establecer el cumplimiento del resto de la sentencia en prisión domiciliaria haciendo uso de las herramientas tecnológicas pertinentes para su aplicación y control.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la tasa de muertes por Covid-19 de personas privadas de la libertad es de 2.3 veces más que la tasa nacional. Y, a pesar de ello, las personas privadas de la libertad –particularmente las que están en prisión preventiva– sigue aumentando.

El marco jurídico vigente establece la preliberación al sentenciado cuando ha cumplido una parte de su sentencia, por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa o por política penitenciaria. Y deben cumplir determinados requisitos de acuerdo con la política penitenciaria y las necesidades del programa institucional correspondiente.

La diputada del PAN consideró necesario despresurizar las cárceles, a través de distintos mecanismos, como es la liberación de personas y con medidas alternativas al encarcelamiento en el contexto de la pandemia.

Por ello, llamó a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. “No sólo estamos luchando contra el Covid-19, sino también contra la negligencia, malos tratos y falta de insumos para una correcta atención médica de enfermos de Covid-19 en diversas instituciones, no solo en hospitales, sino en los reclusorios. No podemos ir en contra de la dignidad y los derechos humanos de los internos, así como de sus familiares”.

El objetivo de la iniciativa, afirmó, es prevenir el impacto masivo de enfermedades como el Covid-19; se debe establecer esta hipótesis como causal de preliberación, cuyo otorgamiento obedecerá, en situaciones extraordinarias, por supuestos determinados, habiendo cumplido los criterios de la política penitenciaria y para sectores específicos.

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En otro tema, ayer diputadas y diputados del PVEM promueven una iniciativa que tiene el propósito de reformar diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de reconocer expresamente a los defensores ambientalistas.

El propósito es que los defensores ambientales puedan realizar su labor sin temor a represalias y se les reconozca para que se beneficien con el mecanismo de protección previsto en la ley.

De esta manera se obliga a las autoridades federales y a las estatales a trabajar en la regulación secundaria que permita fortalecer o crear medidas materiales de protección para ambientalistas, así como emprender políticas y estrategias hacia la prevención como una medida estructural.

La propuesta señala que se trata de un esfuerzo legislativo, a fin de visibilizar la crisis de seguridad de la que son objeto los activistas en materia ambiental.

Señala la iniciativa que han sido víctimas de diversos delitos, por lo que resulta necesario llevar a cabo acciones que las autoridades correspondientes pueden invocar para maximizar la tutela de sus derechos.

En un contexto de violencia como el que desafortunadamente se vive en nuestro país, la labor de las defensoras y defensores del medio ambiente debe ser tema prioritario del Gobierno, como pieza fundamental en la implementación y protección universal de los derechos humanos.

La iniciativa agrega que las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas deben trabajar, sin obstáculos, en un entorno seguro y propicio en todo el país, así como también deben hacerlo quienes con valentía alzan la voz para tutelar un derecho humano que nos beneficia a todos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Añade que “es prioritario adoptar las medidas correspondientes que reconozcan jurídica y socialmente el derecho a defender causas ecológicas sin que se ponga en riesgo la integridad física y psicológica de quienes lo hacen”.

La iniciativa modifica los artículos 2, 24, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.

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De salida les comentamos que en reunión virtual se instaló la Primera Comisión de Trabajo de la Permanente -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- que será presidida por la diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI), y que se mantendrá en funciones durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

En la reunión, la presidenta de esta instancia declaró formalmente instituida esta comisión, esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso, así como de conformidad con el acuerdo aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el 15 de diciembre del 2020.

La Primera Comisión estará integrada por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) y los senadores Carlos Alfredo Olson San Vicente, del PAN, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, quienes fungirán como secretarios.

Rugidos

Home Office

El gobierno federal ha decidido mantener a todos sus trabajadores laborando en sus casas, debido a los altos índices de contagio, hospitalización y defunciones que sigue provocando la pandemia del Coronavirus.

La decisión fue analizada y tomada el pasado jueves, cuando el Presidente Andrés López Obrador sostuvo una reunión con su gabinete de salud y se analizó el comportamiento de la pandemia, la cual a decir de la decisión tomada, aun es grave y muy peligrosa su presencia.

Con la decisión de practicar el Home Office, sobre todo para las personas que por su edad o salud corren el riesgo de contagio, la pandemia habrá cumplido un año en nuestro país, tiempo en el que todos hemos sido sometidos a un aprendizaje del nuevo comportamiento que como sociedad debemos tener.