Selva Política

MIGUEL BARBA

*Piden Diputados Sanciones Para Quienes Construyan en Reservas Ecológicas

*Habrá en Línea Aéreas Trato Correcto a Embarazadas y en Periodo de Lactancia

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) propuso modificar el Código Penal Federal para sancionar con prisión de entre dos y 10 años, y de 300 a tres mil días de multa, a quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o en zonas no aptas, de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.

En la iniciativa que analiza la Comisión de Justicia, señala que el propósito es ofrecer mecanismos jurídicos para que la vulnerabilidad humana ante los desastres naturales sea minimizada y en su caso reparada.

Propone castigar también a quien, debiendo obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos sin contar con la misma.

Asimismo, a quien asiente datos falsos en documentos para simular el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normatividad federal; no realice el análisis de riesgo o incumpla con las medidas técnicas, correctivas, de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño o riesgo que la autoridad administrativa o judicial ordene.

Las mismas penas previstas en este artículo y además de la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrá al servidor púbico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice cualesquiera de las acciones señaladas en el presente artículo, agrega.

La diputada Herrera Anzaldo explicó que hay un vacío en el Código Penal Federal en materia de riesgos, pues no establece la prohibición de construir, edificar, realizar obras o asentarse dentro de un espacio territorial sin haber elaborado un análisis de riesgos o tomado en cuenta la legislación aplicable y sin contar con la autorización correspondiente.

Por ello, dijo, se plantea fortalecer la legislación para incluir responsabilidades y sanciones a quien autorice o desarrolle proyectos en zonas de riesgo, y propiciar la homologación normativa y la correcta vinculación con los programas y órdenes de gobierno bajo el principio pro persona, para impulsar un desarrollo social y económico equilibrado.

Agregó que se busca materializar el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo para proteger los bienes y derechos establecidos en la Constitución, así como dar fuerza normativa a la protección civil y brindar al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y protección de las personas.

Puntualizó que la aprobación de este proyecto, incentivará la participación social y vinculación del Legislativo con la ciudanía y los estados, y puede generar un cambio de atención gubernamental y mejor presupuesto, pues actualmente se asigna más al Fondo de Desastres (seis mil ocho millones, 472 mil, 100 pesos) que al de Prevención de Desastres Naturales (346 millones 587 mil 453 pesos), una diferencia de cinco mil 661 millones 884 mil 647 pesos.

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En otro tema, ayer el grupo parlamentario del PVEM presentó reformas al artículo 33 de la Ley de Aviación Civil, a fin de que los concesionarios y permisionarios de las aerolíneas civiles adopten las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

La iniciativa, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del PVEM y de Morena, prevé que con estas medidas no haya barreras que obstaculicen la lactancia materna, y se visibilice y atienda la problemática que actualmente se presenta en torno a este sector.

El documento, turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictaminación, señala que en muchos aeropuertos de México los agentes de seguridad insisten en que se coloque en el equipaje que se documenta la leche materna extraída; es decir, que se guarde en el maletero del avión o se deseche el alimento.

Considera que la falta de capacitación y criterio en la revisión de la leche materna por parte de los agentes de seguridad en los centros de revisión de los aeropuertos ha provocado que las mujeres vivan experiencias desagradables, pues el trato es inhumano, agresivo, intimidatorio y violenta sus derechos.

Además, se afecta a la mujer emocionalmente por el hecho de tener que extraerse la leche para continuar con la lactancia, a lo que se suma un trato incorrecto que en muchas ocasiones termina con obligarlas a tirar la leche.

La iniciativa considera que para apoyar la lactancia materna de manera exclusiva por seis meses o más, es necesario contar con todas las facilidades que permita a las mujeres lactantes, a pesar de tener que viajar por motivos de trabajo o placer, continuar amamantando a sus hijas e hijos.

Agrega que la recomendación de organismos internacionales es fortalecer la lactancia materna exclusiva, que es parte de un conjunto de objetivos en favor de la alimentación a escala mundial y como un derecho de niñas y niños de México.

Se expone en la iniciativa que para avanzar en la igualdad de género se tienen que realizar acciones, tomar medidas y eliminar las barreras que permitan el ejercicio de los derechos y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos: político, económico, social, cultural y civil.

Es importante garantizar la paridad entre hombres y mujeres, porque es un compromiso asumido por el Estado mexicano con una reforma constitucional y la suscripción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

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De salida les informamos que el diputado Samuel Calderón Medina, de Encuentro Social, impulsa una reforma al artículo 331 Bis la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer que las personas trabajadoras del hogar mayores de quince y menores de dieciocho años no podrán residir en el domicilio donde realicen sus actividades.

Lo anterior, dijo, debido a que corren riesgos que implican la denegación de sus derechos fundamentales, tales como educación, salud, descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas, recibir los cuidados adecuados y mantener contacto regular con sus padres y otros adolescentes. Estos factores pueden tener un impacto físico, psicológico y moral en su desarrollo, salud y bienestar.

En una iniciativa turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, el legislador, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señaló que las labores del hogar realizadas por adolescentes, cuando interfieren en su educación o son excesivas, contradicen la legislación nacional e internacional en materia de derechos de la niñez.

Rugidos

Alerta

En las próximas semanas y meses, la batalla contra la pandemia en México vivirá sus episodios más intensos y peligrosos debido a que la movilidad de la ciudadanía a nivel nacional no se detiene y las recomendaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno como la de “quedarse en casa” se hace a un lado.

En este inicio de año, el número de contagios, hospitalizaciones y decesos se han elevado sustantivamente y parece ser que nada los detiene debido a que las fechas importantes de fin y principio de año fomentaron las reuniones familiares y de amigos sin las protecciones recomendadas.

La alerta sobre el número de contagios que derivan, en el peor de los casos, en hospitalizaciones y decesos sigue siendo un mero aviso de peligro que la mayoría de los ciudadanos no lo toma en cuenta. Lo cierto hasta ahora es que el momento grave parece ser que se prolongara en tanto se avance en el programa de vacunación al mayor número de los mexicanos.