Selva Política

MIGUEL BARBA

*Proponen Diputados que Gobierno Pague a Estudiantes el Servicio Social

*Expedir la Ley de Empleo Juvenil, Urgen Diputados; Frenaría la Desocupación

La diputada de Movimiento Ciudadano, Geraldina Isabel Herrera Vega, presento iniciativa que adiciona un artículo 138 Bis a la Ley General de Educación, para que los estudiantes de las instituciones de educación superior que realicen su servicio social en dependencias o entidades gubernamentales, tengan derecho a apoyos o remuneraciones.

La propuesta, que es analizada por la Comisión de Educación, establece que durante la prestación del servicio social, los estudiantes recibirán beca económica, estímulo en especie para cubrir sus necesidades mínimas, así como apoyos administrativos y materiales escolares.

Los apoyos serán proporcionados de acuerdo con las disposiciones presupuestarias y a la programación de cada entidad o dependencia gubernamental, añade.

El artículo Segundo Transitorio refiere dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del decreto, las legislaturas de los estados deberán armonizar su marco jurídico.

En la exposición de motivos, la legisladora menciona que el servicio social sigue enmarcando a la población joven y estudiantil como agentes de cambio social en el país.

Explica que se ha caracterizado por ser una actividad temporal y obligatoria que permite a los estudiantes adquirir conocimientos y habilidades laborales, consolidar su formación académica y tomar conciencia de la problemática nacional, sobre todo de los sectores más desprotegidos del país.

Señala que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México el 38 por ciento de los estudiantes que logran ingresar a la educación universitaria no termina sus estudios, colocándose como el país con el de mayor índice de deserción de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sólo 8 de cada 100 alumnos concluyen una carrera universitaria.

Uno de los principales problemas que tienen que enfrentar los estudiantes universitarios es la carencia de recursos económicos, lo cual los obliga a desertar de la universidad definitivamente o a darse de baja temporal o bien dejar truncos sus estudios para incorporarse a la vida productiva.

Por lo anterior, considera de suma importancia apoyar económicamente a los estudiantes universitarios en esta importante etapa de su formación, ya que eso les permitirá una mejor vinculación académica con el sector profesional y productivo, y evitará la enorme deserción que se registra actualmente.

“Con esto cumpliríamos una sentida demanda de las y los jóvenes que estudian su carrera universitaria”, puntualiza la diputada.

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Por otra parte y con el fin de frenar el galopante desempleo que registra el país, el diputado de Morena, Lucio Ernesto Palacios Cordero, presentó la iniciativa para expedir la Ley de Empleo Juvenil, misma que permitiría promover el trabajo decente de las personas jóvenes, vinculando el empleo, la educación y la formación profesional, desde la perspectiva de los derechos humanos.

La propuesta busca generar oportunidades para el acceso al mundo del trabajo, así como la realización de prácticas laborales en el marco de programas educativos y de formación, y la promoción de emprendimientos juveniles autónomos.

Plantea que es deber del Estado promover que las empresas sociales o privadas desarrollen acciones en favor de mujeres jóvenes, población juvenil indígena y afrodescendientes, y personas jóvenes con discapacidad, a fin de brindarles protección especial al trabajo.

Se establece que el Gobierno Federal estará a cargo del programa de fomento al empleo de jóvenes, dentro del cual se celebrará un convenio con empresas que brinden oportunidades de capacitación en el trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian al momento de solicitar su incorporación, con el fin de destinar un subsidio para las y los beneficiarios, equivalente al monto que determine la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La STPS será la responsable de elaborar y articular las acciones y programas de promoción del trabajo decente juvenil, en coordinación con las secretarías de Educación Pública y de Bienestar, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La promoción del trabajo decente juvenil deberá tener en consideración la situación de las personas jóvenes provenientes de los hogares de menores recursos, velando por quienes tengan responsabilidades familiares, especialmente jóvenes embarazadas o con hijos o hijas, se encuentren desvinculadas del sistema educativo, así como de las y los jóvenes con discapacidad desempleados.

El diputado Palacios Cordero subrayó que la integración social y económica de la juventud ya representaba un desafío antes de la pandemia, por lo que en las condiciones actuales ha sido más susceptible de ser afectada por los efectos sociales y económicos de la emergencia sanitaria.

Indicó que se requiere construir políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas jóvenes en México y garanticen el ejercicio de sus derechos humanos.

Por ello, la iniciativa se inscribe en el proceso por reducir las desigualdades socioeconómicas, combatir la exclusión y la discriminación, pero sobre todo hacer efectivos los derechos económicos y sociales de las y los jóvenes para establecer un marco legal que promueva el empleo en condiciones laborales más favorables de contratación e impulsar el trabajo digno para esta población.

Refiere que en días pasados, la Organización Internacional del Trabajo presentó el informe “México y la crisis de la Covid-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, en el que destacó que ante la probabilidad de que se agudicen algunas brechas ya existentes en el empleo, los jóvenes también experimentarán condiciones adversas en el trabajo.

Señala que mientras el desempleo global se sitúa en 3.4 por ciento de la fuerza laboral, la población desocupada joven equivale al 6.96 por ciento de la Población Económicamente Activa para el grupo etario de 15 a 19 años, 6.93 por ciento para el grupo de los 20 a 24 años y 4,6 por ciento para las personas de 25 a 29 años.

Por ende, los jóvenes tienen más dificultades para acceder al trabajo, como sucede en el resto de los países de la región, se subraya en la iniciativa turnada a las comisiones unidas de Juventud y Diversidad Sexual, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Rugidos

¿Habrá Elecciones?

Los altos niveles de contagio, hospitalización y muertes por la pandemia que enfrenta nuestro país, obliga a plantear la pregunta y posibilidad de aplazar las elecciones federales del próximo 6 de junio.

Por el número de personas que asistirán a las urnas -se estima sean cerca de 60 millones- lo más recomendable es analizar la posibilidad, analizarla y tomar la decisión de aplazar, no suspender, el proceso electoral donde estarán en juego 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados Federal.

No es cosa menor abordar el tema y anteponer la salud de los mexicanos, ante un proceso de elección popular donde estarán en juego más de 3 mil puestos de elección directa. En esta ruta, lo mejor sería que de aquí a junio los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos hayan desaparecido.

En esta nueva encrucijada de qué es primero la salud o las elecciones, mucho tendrá que ver la velocidad con que se vacuna al mayor número de mexicanos.