Selva Política

MIGUEL BARBA

*Plantean Ampliar Pensión a Huérfanos con Incapacidad Permanente

*Dar Asistencia Social a Personas en Situación de Calle, Proponen Diputados

La diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social para ampliar el tiempo de goce de la pensión de un asegurado a sus huérfanas y huérfanos con incapacidad permanente.

La propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 64 de la Ley del Seguro Social para señalar que, si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, deberá otorgarse o extenderse el goce de la pensión de manera permanente, en los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos del asegurado con incapacidad permanente que no puedan mejorar su capacidad para el trabajo.

El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Social para dictamen, menciona en la exposición de motivos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al ser el principal sistema de pensiones del país, debe considerar en sus estatutos a los hijos de las personas trabajadoras que tengan discapacidad permanente.

La ley vigente señala que, a cada huérfano totalmente incapacitado, se le otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total, y que la pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo.

Precisa que hay personas que no pueden trabajar por una incapacidad permanente, como es la situación del trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Estas personas, por si mismas no pueden obtener recursos, y muchas veces dependen de sus padres o madres, quienes son trabajadores afiliados al IMSS, por lo que, en los casos de fallecimiento de sus padres o madres, se ven vulnerados y sin posibilidad de obtener una pensión permanente.

Explica que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 por ciento de la población de cada país tiene alguna discapacidad, “lo que equivaldría en México a 18 millones 525 mil personas, considerando que hay 123 millones 500 mil habitantes. El INEGI refiere que son 5.7 millones de personas con esa condición.

Subraya que la discapacidad para caminar, moverse o desplazarse; la debilidad visual, la pérdida de la vista en uno o ambos ojos; la debilidad o incapacidad auditiva; para comunicarse por limitaciones para hablar o porque no pueden o conversar de forma comprensible, son de algunas de las más conocidas.

Además, la discapacidad mental, que abarca problemas de retraso, alteraciones de conducta o del comportamiento, y otras que incluyen limitaciones o dificultad para aprender una nueva tarea o poner atención y limitaciones para recordar información o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana.

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Y el tema de justicia social se abordó de manera importante en la Cámara de Diputados. Hugo Rafael Ruiz Lustre, legislador de Morena, planteó incluir a los hombres y a las personas adultas mayores en situación de calle como sujetos de la asistencia social, pues son vulnerados en uno o más derechos, tales como la salud, educación, y en temas de vivienda y los relacionados con trabajo o justicia.

Con la adición de un inciso d) tanto en la fracción II y V del artículo 4º de la Ley de Asistencia Social, se busca incluir a más personas que se encuentran en esta condición, y así combatir este flagelo social que “lamentablemente no es considerado como una política prioritaria para la nación”.

Ruiz Lustre expone que no existe una convención o tratado internacional específico para que los Estados se comprometan a respetar y vigilar los derechos de la población en situación de calle, dado su perfil heterogéneo y por tratarse de un grupo de la sociedad excluido y discriminado en el que existen niñas, niños, jóvenes mujeres, hombres y personas mayores.

Menciona que las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos mecanismos, no solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización y trabajo, sino al no reconocerles voz propia, lo cual se entiende como exclusión de la producción simbólica.

A ello, se suma su omisión en los censos y el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no cuenta con información detallada sobre estas poblaciones aun cuando precisa la población que habita en los alojamientos de asistencia social, es decir, se encuentran sub-representados en las estadísticas oficiales a nivel nacional, lo que impide conocer quiénes son, dónde se encuentran o qué hacen, y obstaculiza un diseño eficiente de las políticas públicas que les incluya.

El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, menciona que censar a las personas que viven en situación de calle es una misión casi imposible porque la metodología es inadecuada, sobre todo “porque casi todos se empeñan en ocultarlo o de plano no hablan de ello. Los censos que se han realizado, han sido de manera superficial; en realidad, no se ha visto de fondo”.

Señaló que según cifras del Gobierno de la Ciudad de México, se identificó a 4 mil 354 personas en situación de calle que se concentran en mil 244 puntos de la capital del país, de las cuales las principales son las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

El documento que analiza la Comisión de Salud precisa que las personas callejeras no aparecen en las estadísticas de pobreza en México, porque la medición del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social se basa en las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Conforme a información del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ambos de la Ciudad de México, el mayor motivo para que las personas se encuentren en situación de calle son: problemas surgidos en el núcleo familiar, violencia familiar y por el consumo de drogas.

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Ya de salida les informamos que la diputada del PT, Marta Dekker Gómez, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con el objetivo de garantizar que la integración de los órganos de dirección de estas organizaciones se realice conforme al principio de paridad de género y orienten sus objetivos con perspectiva de género.

En su propuesta plantea definir el concepto de Paridad de Género como el principio constitucional que se garantiza para asignar 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, en la integración de los órganos de dirección de las Cámaras y sus Confederaciones.

Asimismo, establecer que estos organismos promuevan entre sus afiliados y afiliadas la perspectiva de género, apoyar y fortalecer empresas dirigidas por mujeres, así como erradicar la discriminación hacia las mujeres, la desigualdad salarial en la integración de su personal, y garantizar la paridad de género en los órganos de dirección de las Cámaras y las Confederaciones.

Además, la Secretaría de Economía verificará que la integración de los órganos de dirección de alguna nueva Cámara se apegue al principio de paridad de género y que dicha Cámara promueva la perspectiva de género y la igualdad en sus administraciones y direcciones.

Rugidos

Vacunación

Este lunes inicia a nivel nacional la vacunación anticovid para las personas mayores de 60 años que se hayan inscrito para tal fin, programa que les permitirá blindar su salud y enfrentar de una mejor manera la pandemia que aun golpea a los habitantes de nuestro país.

Lamentablemente para los casi 5 millones de personas que se dieron de alta, de un total de 15 millones, no alcanzarán las vacunas, debido a que el arribo del biológico se ha retrasado y se asegura que éste irá llegando en cantidades importante durante las próximas semanas.

En México como en cualquier otra parte del mundo, el reto y desafío de inmunizar a toda la población se antoja casi imposible, momento que debe ser revertido con organización, participación, orden y voluntad de las autoridades de cumplir con la tarea de traer más vacunas y aplicarlas a todos los que decidan aplicárselas. En eso debemos estar todos.