Selva Política

MIGUEL BARBA

*Educación Sexual y Reproductiva Debe ser Confiable, Veraz y Oportuna: Diputados

*Urge Regular Abusos Cometidos por Funcionarios, en Contra de Manifestantes

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (MC) planteó reformas a la Ley General de Educación, para que en los planes y programas de estudio que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, la enseñanza sexual integral y reproductiva, fomente en los educandos la inteligencia emocional necesaria para desarrollar su sexualidad de manera responsable de acuerdo con su edad

En una iniciativa que reforma los artículos 26, 30, 78 y 115 de la mencionada ley, remitida a la Comisión de Educación, se busca que dichos planes contemplen aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos; transmitan conocimientos confiables y actualizados sobre el autoconocimiento del cuerpo, y aborden los embarazos infantiles y no deseados

También, plantea promover entornos escolares libres de violencia sexual, mediante la transmisión de información sobre sus consecuencias físicas y psicológicas y el fomento de acciones de concientización y prevención que involucren a los educandos, padres y madres de familia o tutores.

En los considerandos, se indica que se requiere de la participación articulada de autoridades, maestras y maestros, padres y madres de familia o tutores y la sociedad, con la finalidad de terminar con “estigmas y tabúes que impiden hablar con niños y jóvenes sobre la sexualidad de manera natural y abordar temas como el uso correcto de anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, las consecuencias de los embarazos no deseados o a temprana edad, el placer sexual, la importancia de la planificación familiar, el autocuidado y conocimiento del cuerpo, entre otros”.

Menciona que la adolescencia o pubertad es una etapa que se caracteriza por innumerables cambios psíquicos, físicos y hormonales; sin embargo, la falta de información y educación sobre ellos ha ocasionado que en los últimos años en nuestro país se haya mantenido al alza el número de embarazos adolescentes, llegando a registrar casos de niñas de 9 años.

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes, con una tasa de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, y a nivel mundial se ubica en el segundo lugar; además, en Latinoamérica es el primer lugar en embarazos no planeados y anualmente nacen 390 mil bebés de mujeres entre 10 y 19 años.

De acuerdo con el Censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de cada 100 nacimientos, 17 son de mujeres menores de 20 años. En el informe Características de los nacimientos registrados en México durante 2019, se registraron 2 millones 92 mil 214 nacimientos, de los cuales aproximadamente 8 mil 500 fueron concebidos por niñas menores de 15 años y 339 mil 539 por adolescentes entre los 15 y 19 años.

Expone que los embarazos infantiles y adolescentes representan un problema de salud pública pues la maternidad en edades tempranas implica mayores posibilidades de que se presenten enfermedades congénitas o la mortalidad de la madre y el recién nacido. Además, se asocia a otra serie de problemáticas como deserción escolar, violencia sexual, matrimonio infantil, pobreza y segregación.

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El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (Encuentro Social) impulsa una iniciativa que adiciona un artículo 50 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que se considere falta administrativa no grave al servidor público que impida, obstaculice, coarte o prohíba de forma parcial o total la realización de la manifestación de las ideas organizada pacíficamente, sin perturbar el orden público y sin transgredir derechos de terceros.

La reforma añade que “si lo señalado en el párrafo anterior, se realiza a una manifestación de las ideas organizada por mujeres, la falta administrativa será considerada grave”.

El documento, turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, indica en la exposición de motivos que es importante regular estos abusos cometidos por servidores públicos en contra de quien se manifiesta, ya que no se cuenta con un artículo, ley o norma que pueda poner fin a estos abusos.

Destaca que es común que se realicen manifestaciones que son convocadas y organizadas por diversos grupos sociales, para presentar distintos tipos de demandas o peticiones y México no es la excepción.

Indica que una de ellas fue la marcha contra la violencia de género el 8 de marzo de 2020, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y se tiene como antecedente varias marchas para exigir alto al acoso y la violencia feminicida en contra de ellas.

Ese hecho creó un precedente y dio origen a la presente iniciativa, pues como se puede observar una de las principales consignas en las manifestaciones de las mujeres es el alto al acoso, el acceso a la justicia, así como el paro de la violencia, señala.

Sin embargo, añade, aún y con algunos avances, podemos darnos cuenta cómo al realizarse protestas y en su mayoría por mujeres son coartadas o impedidas por servidores públicos de todos los niveles, trasgrediendo así los derechos que tiene toda persona y más aún cuando se trata de mujeres.

Detalla que la manifestación es una forma de expresión, o reclamo público sin considerar un límite de personas y que una de las formas en realizarse es al aire libre, es decir, en vía pública y del cual puede formar parte cualquier tipo de persona.

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De salida les damos a conocer que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), realizó el Parlamento Abierto virtual “El Derecho Constitucional a una Vivienda Adecuada”, con el propósito de analizar la importancia de reformar el artículo 4º de la Constitución Política para fortalecer el reconocimiento del derecho de toda persona a gozar de una vivienda adecuada, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por México.

El parlamento virtual, que también fue organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Vivienda, pretende abrir el diálogo respecto a posibles reformas a leyes secundarias a futuro, que atiendan de manera efectiva los retos y desafíos.

La diputada Alavez Ruiz dijo que la vivienda es un mercado que no se desaceleró con la pandemia; por el contrario, tuvo mucha actividad durante 2020 e incluso incrementó su valor.

Consideró que a través de este intercambio de opiniones se contará con elementos para visualizar el diseño e implementación de políticas públicas, sus indicadores, evaluación y medición en beneficio de la sociedad.

Rugidos

Apertura

A un año de haberse registrado los primeros casos de Coronavirus en México, los sectores productivos y sociales del país han comenzado a presionar a las autoridades a fin de que los permisos para una mayor apertura comercial y de actividades se acelere.

Unos de los más afectados y sentidos es sin duda el educativo, donde alumnos, padres de familia y maestros han comenzado a urgir a las autoridades a flexibilizar las medidas para reiniciar las labores de manera presencial, bajo los protocolos sanitarios establecidos.

Los casos de fallecimientos y contagios siguen a la baja en el país y, ante esta situación parece ser que las condiciones sanitarias actuales están dando la oportunidad de iniciar el retorno a la normalidad.

Este deseo bien podría ser respaldado por toda la sociedad, sin embargo no debemos olvidar que una tercera ola de esta pandemia, podría colocar al actual gobierno como una administración perdida.