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Selva Política

  • AFP
  • 13 may 2021
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*En Grupo, Diputados Darán Seguimiento al Proceso Electoral en Todo el País.

*Reforzarán la Ley de Responsabilidades Administrativas, Diputados Federales

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, formarán parte del grupo de trabajo que se constituyó para dar seguimiento a los procesos electorales de 2021 en las 32 entidades federativas.


El acuerdo de la Mesa Directiva de la Permanente, aprobado en votación económica en sesión a distancia, precisa que el actuar de los 15 integrantes del grupo, conformado también por senadoras y senadores, deberá constreñirse a los principios de legalidad, respeto y soberanía de las entidades federativas y de las instituciones electorales.


Las diputadas y los diputados que lo integran son: Por Morena, María del Carmen Almeida Navarro, Rubén Cayetano García y Alejandro Viedma Velázquez.


Del PAN, Dulce Alejandra García Morlán; del PRI, Claudia Pastor Badilla, y del PT, Gerardo Fernández Noroña.


El acuerdo menciona que los procesos electorales representan un ejercicio democrático, mediante el cual ciudadanas y ciudadanos manifiestan su voluntad de ser representados por determinados candidatos. En ese tenor, el 6 de junio de 2021 se llevarán a cabo elecciones para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en las 32 entidades federativas, entre los que se encuentran congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales.


Resalta que el citado proceso electoral es considerado el más grande en la historia democrática del país, ya que de conformidad con la información del Instituto Nacional Electoral, serán 93 millones de posibles electores los que podrán participar.


El Poder Legislativo es un reflejo de la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos; “por sí mismo, tiene un eminente carácter democrático y, por ende, es de su interés participar como observador en este importante proceso, mediante el cual la ciudadanía tendrá la oportunidad de renovar importantes cuadros de representación”, señala el acuerdo.


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En otro tema, ayer la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) señaló la necesidad de reforzar el sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas, para que la atención que otorguen a mujeres víctimas de algún tipo de violencia no conlleve alguna forma discriminatoria.


En un comunicado, afirmó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que no debe entenderse sólo como un acto individual y personal, sino como parte del funcionamiento de la sociedad en general, pues se encuentra presente en todos los grupos sociales, las instituciones y en las familias.


Sostuvo que es amplio el discurso sobre las estrategias de seguridad pública implementadas en administraciones anteriores, sin embargo, “hoy por hoy estamos corroborando que fueron catastróficas por los porcentajes de alta generación de violencia que heredaron a este gobierno y que ahora se están tratando de abatir”.


“Como legisladoras tenemos el fiel compromiso de contribuir al fortalecimiento de esquemas de rendición de cuentas y de los sistemas vigentes de sanción administrativa a las personas servidoras públicas que, por acción u omisión, sean omisos en garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en particular los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño”, expresó.


La legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.


“Buscamos la implantación de medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, atender el tema de la discriminación derogando las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y niñas, y atender la problemática en el acceso a la justicia, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, la incorporación de la perspectiva de género y un enfoque especial en temas de violencia de género”, expresó.


Abundó que la presente iniciativa atiende las recomendaciones realizadas por la ONU Mujeres, de la iniciativa Spotligth, e impulsa acciones estratégicas para erradicar la violencia y generar marcos normativos más protectores, progresivos e inclusivos de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.


“Nuestro país debe mantenerse activo en la implementación de la Agenda 20-30 garantizando los derechos humanos y la seguridad de las y los mexicanos en todos los ámbitos”, acotó.


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En otro tema, informamos a ustedes que la diputada Fabiola Loya Hernández (MC) presentó una iniciativa para expedir la Ley del Ingreso Mínimo Vital de impacto temporal económico, y que reforma también las leyes General de Desarrollo Social, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria


En tribuna, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, la coordinadora de la bancada de MC explicó que es preciso garantizar el derecho a recibir un Ingreso Mínimo Vital ante la ocurrencia de un caso o hecho fortuito o de fuerza mayor en los que vean disminuidos sus ingresos económicos.


Se plantea, dijo, que el Estado otorgue una compensación de 12 mil 753 pesos hasta por tres meses en los casos en los que las personas hayan perdido su empleo o hayan visto mermados sus ingresos económicos personales.


Destacó que a casi año y medio de la pandemia del Covid-19, la crisis de salud y económica continúa afectando a las y los ciudadanos, lo que hace necesario diseñar herramientas necesarias para superar esta difícil situación.


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De salida les damos a conocer que la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) propuso una iniciativa para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia que puedan sufrir las mujeres pasantes que realizan su servicio social.


Desde la plataforma digital Zoom, en el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, indicó que su iniciativa adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y se adiciona un artículo 138 Bis a la Ley General de Educación.


“Exponer a jóvenes estudiantes y prestadoras de servicio social a realizar su labor solas en comunidades aisladas y en contextos de machismo y violencia sexual merece un replanteamiento de la figura del servicio social, sobre todo a partir de un enfoque preventivo y consciente del alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentra el día de nuestro país”, expuso.



Rugidos

Alta Tensión


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La disputa electoral sigue cimbrando el ambiente político del país, debido en buena medida a que nadie de los candidatos quiere perder la posibilidad de ganar un puesto de elección el próximo 6 de junio.


A los señalamientos, acusaciones y advertencias, le siguen las denuncias ante las instancias judiciales, acción que ha venido a enrarecer aun más el clima electoral. Los candidatos hacen todo por quitar del camino a sus contrincantes y es ahí donde han aparecido las irregularidades.


A tan intento clima político, le acompaña además la violencia atizada por los grupos delincuenciales, hecho que no solo ha puesto en riesgo a muchas y muchos candidatos, sino que se han perdido vidas humanas sin que nadie pueda detener esta situación.


Lo mejor sería que todos los actores políticos logren serenarse para hacer de estas campañas, encuentros con la ciudadanía llenos de propuestas y no acusaciones y denuncias que solo enturbian aun más el remolino electoral.


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