Selva Política

MIGUEL BARBA

*Presentan Iniciativa Para que Pensiones se Calculen en Base a Salario Mínimo

*Atienden Diputados la Exigencia de Castigar a Agresores de Mujeres

La diputada Laura Isabel Hernández Pichardo (PRI) presentó una iniciativa que modifica el artículo 123 de la Constitución Política en sus fracciones VI del Apartado A, y IV del apartado B, para establecer que el salario mínimo será la unidad de medida para el cálculo de los derechos de seguridad social y de las prestaciones laborales a las que tienen derecho las y los trabajadores, incluyendo las pensiones y jubilaciones.

El documento señala que utilizar como base la “UMA” para el pago de prestaciones, va en contra de la naturaleza del salario, que históricamente se ha utilizado como base y cálculo de los montos de las obligaciones en materia laboral, y la pensión de retiro es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo, que se genera y sustenta con base en el salario del trabajador.

Refiere que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de 2007, estipula el supuesto de los trabajadores que decidieron permanecer en el régimen de pensión vitalicia y establece el tope máximo de 10 salarios mínimos.

Sin embargo, con la entrada en vigor del decreto en materia de desindexación del salario mínimo en 2016 se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para remplazar el salario mínimo como parámetro en el cálculo de multas, créditos y aportaciones de seguridad social, lo que ocasionó incertidumbre respecto al pago de pensiones. Además, generó la reducción del monto mensual de las pensiones, aunque los trabadores cumplieran con los requisitos para acceder a una pensión.

Indica que la principal finalidad era elevar el salario sin perjudicar el establecimiento de multas, lo cual pudo cumplirse, pues aumentó significativamente el salario mínimo y se mantuvo el valor de la UMA, pero “conforme se establecía el aumento exponencial del salario mínimo en comparación con el bajo crecimiento de la UMA, se fue perjudicando a los trabajadores al servicio del Estado”.

Explica que el salario mínimo vigente es de 213.39 pesos para la zona libre de la frontera norte, y de 141.70 para el resto del país, y la UMA es de 89.62, es decir que “la UMA representa menos de la mitad del salario mínimo en la Zona Norte, y casi la mitad del salario mínimo en el resto del país”.

“En un ejercicio de comparación, el trabajador al servicio del Estado que se encuentre en alguna modalidad de pensión distinta a las cuentas individuales o bono de pensión del ISSSTE, sólo podrá percibir un monto máximo de 27 mil 244 pesos mensuales con el parámetro de UMA, y con el parámetro de salarios mínimos, estos mismos trabajadores podrían percibir un monto máximo de 43 mil 927 pesos mensuales”.

Destaca que deben respetarse los derechos reconocidos a los trabajadores al servicio del Estado con anterioridad a la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que el parámetro para calcular el pago de pensiones sería el salario mínimo vigente por ser parte de su naturaleza constitucional y no la UMA, que vulnera los derechos de los trabajadores y la Carta Magna.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la de Seguridad Social, para opinión.

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En otro tema, la diputada Febe Priscila Benavides Lozano, del PT, impulsa reformas al Código Penal Federal para establecer que se impondrá de ocho a quince años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, al que infiera una lesión mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, químicas o inflamables.

La iniciativa, enviada para dictamen a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, también eleva las penas para quien cometa feminicidio, pasando de cuarenta a sesenta, como se indica en el Código vigente, a cincuenta a setenta años de prisión, y de quinientos a mil días multa, a dos mil a cinco mil días multa.

También modifica la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, para precisar que comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio “cause actos sexuales a una persona”; se le impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a dos mil días multa.

Refiere que cada año en el ámbito mundial se registran alrededor de mil 500 agresiones con ácido hacia mujeres, de las cuales más del 80 por ciento van dirigidas hacia su rostro.

Señala que el objetivo es combatir la violencia contra las mujeres, ya que se ha agravado durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, la cual va desde la violencia física hasta el feminicidio, incluyendo las lesiones mediante sustancias corrosivas.

Menciona que los homicidios que se comenten contra hombres no ocurren de la misma manera que cuando se trata de mujeres, toda vez que en los feminicidios no solamente se les priva de la vida, sino que previamente se realizan actos crueles como estrangulación, sofocación, cortes, quemaduras, violencia sexual y otras heridas inhumanas contra su cuerpo.

La lucha contra la violencia tiene muchas formas, y el Estado debe castigar a quien realice cualquier acto considerado como feminicidio, ataque con ácido o tortura sexual principalmente contra las mujeres, puntualizó.

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Finalmente le adelantamos aquí que el coordinador de las y los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que su Grupo Parlamentario impulsará una reforma electoral integral, una vez que pasen las elecciones del próximo 6 de junio, para evitar excesos y abusos, “ya que a todas luces algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han caído en la tentación de invadir las funciones del Poder Legislativo.

“Claramente hay dos consejeros del INE que interpretan las leyes a su modo y a favor de sus amistades políticas; insisto, hay una miopía y un uso faccioso para detener desde este instituto el avance de Morena”, expuso en un comunicado.

Señaló que "estarán atentos a la propuesta de reforma electoral que envíe el titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión, no obstante, avanzarán al interior del Grupo Parlamentario en una reforma integral".

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados apuntó que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “son órganos sumamente costosos, incluso mucho más que en el mundo, y no favorecen a la democracia, actúan por consigna”

Agregó que “actualmente la Ley Electoral está muy desbalanceada y desproporcional, además, lejos de inhibir los delitos electorales y las faltas, las incentiva, hay muchos subterfugios que son aprovechados por los partidos que hicieron esta reforma, se saben el camino para violar la ley sin que sean castigados”.

Rugidos

Acelerados

Las prisas ganan a la clase política y, aun antes del proceso electoral del 6 de junio donde estarán en juego 15 gubernaturas y el congreso federal, ya arrancó la carrera por la presidencia de la República del 2024.

Militantes del Partido Revolucionario Institucional destaparon a Alejandro Moreno, actual líder nacional del tricolor como su abanderado para recuperar la Presidencia de la República, anuncio que causó más preocupación que extrañeza.

Para muchos de los políticos en México, el anuncio de los “acelerados” del PRI podría venir a complicar y entorpecer los presentes acuerdos electorales que tiene con el PAN y PRD, ante la justa cívica del próximo 6 de junio.

Para nadie es extraño las aspiraciones del actual líder nacional dl PRI, el cual antes de imponerse como el eventual candidato a la Primera Magistratura, tendrá que superar una eventual derrotar electoral del 6 de junio. Dice el refrán popular y dice bien: No por mucho madrugar, amanece más temprano.