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Selva Política

  • AFP
  • 19 may 2021
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Difundirán la Cultura de la Paz en la Búsqueda de la Igualdad Hombre-Mujer

*Darán Mayor Independencia a la Decisión de Custodia de los Infantes

La diputada María del Refugio Alvarado Romo (MC) impulsa reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el fin de definir la cultura de la paz como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación.


En su iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, indica que la política nacional en esta materia debe adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres en las que se incluyan las necesarias para promover dicha cultura, la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones y generar una convivencia basada en el respeto a la dignidad de las mujeres.


Agrega que las autoridades correspondientes promoverán la convivencia basada en el respeto a la dignidad de las mujeres, y garantizarán la formación en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo y la convivencia en un marco de respeto a los derechos y dignidad de las mujeres.


Refiere que la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, incluidas las basadas en la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, propiedad, discapacidades, nacimiento u otra condición.


Considera que, para lograr los objetivos previstos en la citada Ley General, se deben establecer medidas que sirvan como herramienta para el respeto y fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.


Puntualiza que todas las personas, como integrantes de la sociedad, deben asumir un compromiso con la construcción de la paz. Agrega que la desigualdad y la violencia no pueden atenderse solamente con leyes; si se quiere contener la diversidad de problemas sociales que enfrenta el país, es necesario atenderlos desde la visión preventiva, privilegiando a la persona como objetivo para el logro del bien común.


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El diputado Ricardo de la Peña Marshall (Encuentro Social) presentó una iniciativa para evitar que los progenitores interfieran en las decisiones que tomen niñas, niños y adolescentes sobre quién prefieren que tenga su guarda y custodia.


La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, establece que para evitar dicha situación, las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar.


El legislador, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, señala que las disoluciones matrimoniales traen consigo diferentes problemas como el impacto psicológico que niñas, niños y adolescentes enfrentan al ver a su familia desintegrada o que alguno de los progenitores usan diferentes estrategias para conseguir su custodia.


“A veces las y los menores son influidos o incitados a tomar decisiones diferentes a su criterio”, indica en su iniciativa que agrega un párrafo al artículo 22 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.


Refiere que si bien las disoluciones entre parejas son realizadas por mutuo acuerdo, la realidad es que la separación de bienes y la custodia de los menores “se vuelven un campo de batalla”, porque es común que los menores son utilizados como parte de la negociación lesionando sus derechos humanos e integridad.


El derecho de los menores al libre desarrollo de la personalidad incluye la libertad que tienen de elegir o tomar sus decisiones autónomamente, sin que otra persona interfiera o vicie su voluntad; sin embargo, esto no siempre es así, y lo podemos ver muy a menudo en las peleas por su custodia.


Agrega que si bien niñas, niños y adolescentes tienen la libertad de elegir libremente y tomar sus decisiones, de nada sirve esto si existen agentes externos intentando persuadirlos, por lo cual el Estado debe establecer políticas públicas que generen el espacio adecuado para que los menores ejerzan efectivamente este derecho.


Por lo anterior, resalta, es importante tomar las medidas adecuadas para proteger la libertad de los niños a poder crearse un juicio propio acerca de las situaciones y vivencias que tienen día con día, así como de sus relaciones interpersonales y afectivas, y que no sean sujetos de manipulación u objeto, en una separación conyugal.


El diputado añade que la familia es un pilar importante de la sociedad, porque de ella surge el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, de quienes además depende el futuro del país; por ello, es importante que sean personas autónomas, con valores e íntegras.


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Ayer mismo la bancada del PRD propuso que el Ejecutivo Federal apoye a las y los trabajadores, y con ello, sostener el nivel de consumo y fuentes de empleo a través de un apoyo económico directo.


Sería mediante el Ingreso Básico de Emergencia y temporal para trabajadores informales de México, así como el pago del salario mínimo vigente para trabajadores formales hasta por tres meses, en aras de contribuir en la búsqueda de alternativas viables para solventar las consecuencias más lesivas provocadas por la pandemia del Covid-19.


Mediante un comunicado, señaló que el Salario Básico de Emergencia propuesto tendría la equivalencia monetaria de la línea de bienestar, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) define como la suma de la canasta alimentaria y la no alimentaria y que, de manera individual, la estima en 3 mil 360 pesos al mes con cargo a la ampliación del déficit presupuestario aprobado para el ejercicio fiscal en que se presente la emergencia económica o de salud.


La propuesta busca introducir una adición en el párrafo cuarto y otra, en la fracción I del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que dé respuesta a la eventualidad de una situación emergente o de salud, así como la posibilidad de ampliar, excepcionalmente, el déficit presupuestario ya aprobado para financiar severos efectos que se verifiquen derivados o infringidos por el acontecimiento de una emergencia económica o de salud que se configure conforme la fracción II Bis y el inciso d) de la fracción III del artículo 21 de esta ley.


Las y los legisladores perredistas subrayaron que se prevé para México un crecimiento de 5% para 2021 “que, de ser el caso, estaríamos aún -3.5% por debajo del nivel de 2020 de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Agregaron que en abril se perdieron 555 mil empleos y en mayo, se prevé al menos la pérdida de empleos de poco más de 400 mil plazas


“En este contexto, no es ocioso llamar la atención en que mientras un nutrido grupo de países en el mundo y particularmente en Latinoamérica, han instrumentado planes contracíclicos para incentivar la economía, el empleo, la demanda y la actividad productiva, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado en continuar con los mismos programas sociales y obras emblemáticas de su administración, ruta que nos llevó a decrecer, un año antes, cuando no había pandemia”.




Rugidos

Advertencia


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Es urgente que las dirigencias nacionales de los partidos políticos, los cuales buscan el voto ciudadano que les permita posicionarse el próximo 6 de junio, se reúnan y acuerden lo más pronto posible acciones para detener la violencia en contra de sus candidatos.


Las amenazas y atentados por parte del crimen organizado en contra de quienes buscan un puesto de elección popular, se han multiplicado durante las últimas semanas y días, arrojando como resultado más candidatos asesinados.


De no llevarse a cabo éste cierre de filas en contra de las intimidaciones y agresiones contra quienes hoy buscan el voto popular, conforme se acerque la contienda, prevista para el próximo 6 de junio, la inseguridad atizada por los grupos criminales llegaría triunfante al proceso electoral.


Faltan tres semanas para que los ciudadanos acudamos a depositar nuestro voto y la inseguridad amenaza a nuestra democracia participativa. De seguir ofreciendo el gobierno “abrazos, no balazos”, el abstencionismo será el gran ganador el próximo 6 de junio.




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