Selva Política

MIGUEL BARBA

*Exigen Diputados Sancionar Acoso Sexual, Registrado en Escuelas del INBAL

*Buscan Aumentar Penas Contra Patrones que Defrauden Regímenes del Seguro Social

La coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, impulsa un punto de acuerdo por el cual exhorta a diversas instancias con el objetivo de solucionar y sancionar la problemática de acoso sexual y violencia de género suscitados en las escuelas dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

El documento que fue remitido a la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, hace un llamado a las titulares de las secretarías de Cultura, de la Función Pública, de Gobernación; de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del instituto Nacional de las Mujeres, con ese propósito, y a diseñar una política de prevención.

La legisladora refiere que la finalidad es atender la violencia que aqueja a las mujeres dentro de los centros educativos, con la finalidad de promover instrumentos jurídicos necesarios que garanticen la implementación efectiva del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con acciones como la emisión de la declaración de la Alerta de Violencia de Género en todos sus espacios de acción.

En las consideraciones explica que el pasado 26 de febrero de 2021, estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana (ADM), adscrita al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), iniciaron un paro indefinido debido a las “continuas prácticas de hostigamiento sexual que realizan docentes dentro de la institución, sin que las autoridades inmediatas asuman su responsabilidad.

Juárez Piña comentó que “la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, y su expresión máxima, el feminicidio, no respeta fronteras geográficas, culturales, económicas o edades, y pese al conocimiento de los altos índices de violencia contra ellas, aún no hay acciones efectivas para enfrentarla y erradicarla”.

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En otro tema, el diputado Carlos Enrique Martínez Aké (Morena) planteó reformas al artículo 308 de la Ley del Seguro Social, para aumentar las penas a los patrones o sus representantes que cometan el delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social por pagar menos o no pagar correctamente las cuotas obrero-patronales, en perjuicio de los trabajadores.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Social, busca establecer prisión de tres meses a cinco años cuando el monto de lo defraudado no exceda de trece mil Unidades de Medida de Actualización; actualmente, es de tres meses a dos años y se fija en salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal.

Además, prevé pasar de una pena de prisión de dos a cinco años, como lo establece la ley vigente, a una de cinco a nueve años, cuando el monto de lo defraudado exceda de trece mil salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, pero no de diecinueve mil Unidades de Medida de Actualización.

Cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de diecinueve mil Unidades de Medida de Actualización, la prisión sería de nueve a 15 años, en vez de cinco a nueve años, como actualmente está en la ley. En los casos cuando no se pueda identificar la cuantía de lo que se defraudó, la pena sería de tres meses a cinco años de prisión.

En la argumentación de la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, Martínez Aké señala que, de acuerdo con cifras y cálculos oficiales, las personas que perciben un salario mínimo en el país ascienden a siete millones, entre formales e informales. Sin embargo, muchos de ellos obtienen más ingresos.

“Actualmente no se tiene una estimación certera de los afiliados al IMSS que falsean información sobre sus percepciones, hay todo un círculo vicioso en este tema, ya que existe una connivencia entre el empresario y el trabajador para declarar menos. Al empresario le conviene porque paga menos cuotas obrero-patronales y el trabajador lo acepta porque el ingreso corriente que recibe es mayor que lo que podría recibir con la cotización real y también paga menos impuestos”, añade.

Indica que actualmente, los cotizantes en el IMSS, alrededor de 62 por ciento se encuentran entre 1 y 3 salarios mínimos, por lo que hay una subcotización, ya que los empresarios afilian al trabajador con un salario bajo y lo demás se lo dan por fuera

El diputado de Morena califica de inhumano que después de 30 años de trabajar en una empresa, una persona cobre una pensión pensando que se le otorgará por el salario que recibía y no; la recibe del salario que el patrón declaraba al IMSS, que era menor, o por ejemplo en el caso de las incapacidades médicas y riesgos profesionales recibirán menos pagos porque sus salarios reportados son menores a los montos reales que reciben.

Sumado a esa problemática, añade, está el llamado patrón sustituto o el outsourcing, ya que cobran por el trabajador hasta 5 veces (o más) de lo que le pagan; si hay “prestaciones de ley” son en base al salario mínimo con el que lo registran ya que el resto del sueldo es por fuera, si le despiden tiene que renunciar, sin utilidades y a largo plazo sin pensión y sin un crédito Infonavit. Aunque, también existen las que ni “prestaciones de ley” dan.

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De salida les informamos que la diputada Zulma Espinoza Mata, y el diputado Arturo Escobar y Vega, ambos del PVEM, impulsan un punto de acuerdo con el objetivo de restaurar, proteger y conservar los ecosistemas en sitios con operaciones mineras.

El documento, turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a realizar mesas de diálogo con las comunidades aledañas a las zonas mineras, organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para definir estrategias y proponer acciones, a fin de restaurar, proteger y conservar los ecosistemas en los sitios de las 6 operaciones mineras que cerraron actividades.

Además, solicita a la Semarnat que, con apoyo de la Secretaría de Economía, informe a la Comisión Permanente las razones por las que se encuentran detenidos 523 proyectos mineros y en caso de ser por posibles daños ambientales, emitir las resoluciones negativas de dichos proyectos.

Refiere que el pasado 19 de mayo, durante una conferencia con el titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que seis operaciones mineras cerraron actividades y 523 proyectos mineros se encuentran detenidos.

Los impactos ambientales que genera esta actividad son pérdida de cobertura vegetal y de suelo, erosión, sedimentación excesiva en cuerpos de agua, contaminación de suelo y de agua superficial y subterránea por metales pesados y sustancias derivadas de los procesos de extracción de los minerales (cianuro, entre otros), así como la contaminación del aire, como resultado de procesos de extracción de los minerales, principalmente en fundidoras.

Sin embargo, esta actividad económica es de gran importancia en nuestro país, considerando que el sector minero metalúrgico representó en 2018 el 8.2 por ciento del Producto Interno Bruto y al mes de enero de 2020 generó más de 381 mil empleos directos.

Rugidos

Murió el Abstencionismo

La sorprendente participación ciudadana, registrada en la jornada de ayer en todo el país, ha dado una lección ejemplar a la clase política de nuestro país que en buena parte le estaba apostando al abstencionismo.

El ejercicio llevado a cabo por la ciudadanía en general, obliga a las autoridades y a la clase política no solo a validar, sino a respetar el voto masivo, sea cual sea la dirección y preferencia que éste indique.

Al mismo tiempo, la copiosa participación, obliga a desterrar la posibilidad de un posible fraude, toda vez que el interés manifestado el día de ayer domingo por participar en la justa cívica, permite pensar que también fueron unas elecciones muy vigiladas.

Por ello nos permite asegurar que la masiva participación le ha permitido gana a México en esta jornada que, ni duda cabe, será referente para las que vengan.