Selva Política

MIGUEL BARBA

*Aprueban legisladores el Informe de la Comisión de Deporte; Resolverán Controversias

*Proponen más Reformas a la Ley General de Salud; Urge Fortalecer la Atención

De cara a la participación de deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ayer en reunión semipresencial, la Comisión de Deporte, presidida por la diputada Esmeralda Moreno Medina (Encuentro Social), aprobó su Segundo Informe Semestral del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

El documento destaca los diversos asuntos abordados por la Comisión en dicho periodo.

Resalta la aprobación de las reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de justicia deportiva, para modificar las facultades y atribuciones de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, cuya función es mediar y resolver las controversias de naturaleza jurídica entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos, sobre la base de la competencia que establece dicha ley.

Asimismo, el informe de actividades detalla que se realizaron tres reuniones con el presidente, los miembros titulares y otros funcionarios de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con el objetivo de intercambiar puntos de vista y argumentos que permitieron mayor viabilidad técnica y jurídica al proyecto de dictamen.

En asuntos generales, se informó que se integró la Subcomisión de Análisis y Dictamen Legislativo, la cual tiene la finalidad de dar respuesta oportuna a los asuntos que sean turnados por el Pleno de la Cámara de Diputados a la Comisión.

Funcionará para emitir predictámenes basados en su estudio, análisis y discusión, y ayudar a fortalecer el marco jurídico en materia deportiva.

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Por cierto, ayer el diputado Ismael Sánchez Hernández (PAN) propuso reformar la Ley General de Salud para fortalecer los cuidados paliativos y el tratamiento integral del dolor, como parte de la atención médica integral.

La iniciativa, que reforma los artículos 3, 33, 166 Bis1, 166 Bis 13, 188 Bis 3, 226 y 234, plantea establecer que las actividades de atención médica curativas, de rehabilitación y paliativas incluyen el tratamiento del dolor, orientado a reducir el sufrimiento físico y emocional producto de una enfermedad, así como la disponibilidad y acceso oportuno a medicamentos.

Señala que los pacientes enfermos en situación terminal tienen el derecho a recibir los medicamentos prescritos de forma oportuna, de acuerdo con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.

Además, las Instituciones del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso oportuno a medicamentos esenciales para el tratamiento de dolor y los cuidados paliativos, que deberá incluir opiáceos y los mecanismos para su uso seguro y adecuado.

También se propone que, en el caso de los medicamentos controlados para el tratamiento del dolor, la Secretaría de Salud establecerá las disposiciones y mecanismos que permitan garantizar su disponibilidad y abasto necesario para el acceso oportuno, además de su correcta dispensación y utilización adecuada, para prevenir el abuso o su desvío.

Asimismo, la Secretaría aplicará un sistema de control que garantice la disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos y científicos, y en particular para el tratamiento del dolor, en términos de las disposiciones legales aplicables.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Salud, destaca que es inadmisible que en la legislación vigente se restringa el acceso al tratamiento del dolor, a través de los cuidados paliativos solo a las personas que enfrentan una enfermedad terminal cuyo pronóstico de vida sea inferior a seis meses.

Menciona que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año aproximadamente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y se estima que, a nivel mundial, sólo el 14 por ciento de los pacientes los recibe.

En Latinoamérica, donde hay menos de dos servicios de cuidados paliativos por millón de habitantes, se calcula que cada año más de 3.5 millones de personas podrían beneficiarse de éstos, pero sólo el 1 por ciento los recibe.

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De salida les informamos que el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) promueve un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adhiera y ratifique a México en el Convenio de Ciberdelincuencia, también llamado Convenio de Budapest y su Protocolo Adicional, en materia de ciberseguridad.

Mediante un comunicado, advirtió que en el marco de los cambios que la pandemia ha generado, un efecto preocupante ha sido el aumento de la ciberdelincuencia, especialmente en los mercados emergentes como el nuestro.

El diputado por Chiapas refirió que el convenio promueve la implementación al ordenamiento jurídico nacional, legislaciones pertinentes para investigar y perseguir penalmente los delitos cibernéticos, y que a su vez faciliten la cooperación internacional en la materia.

“Lo que pone de relieve la necesidad de su medición para generar una respuesta institucional adecuada y dinámica a nivel nacional, regional e internacional,” expresó.

Ante este panorama, Bonifaz Moedano consideró que es imperante ratificar el Convenio sobre la Ciberseguridad del Consejo de Europa, dado que es el “acuerdo internacional de uso más extendido para desarrollar la legislación de combate al cibercrimen.”

Puntualizó que el tratado ha sido ratificado por 60 Estados de la Unión Europea, así como algunos exteriores como Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón.

Recordó que el convenio fue emitido el 23 de noviembre de 2001, y se “trata del único tratado internacional vinculante en la materia y constituye una especie de guía, “ley modelo” o “acuerdo marco”.”

Añadió que en el 2003 este convenio suscribió el Protocolo Adicional sobre Ciberdelincuencia, donde se agrega la penalización de actos de índole racista y xenofobia, cometidos por medio de sistemas informativos.

Expuso que conforme al Artículo 15 del Convenio, las medidas que los Estados adopten para combatir la “ciberdelincuencia” deberán diseñarse de tal forma que garanticen el pleno respeto al Estado de Derecho y a los principios internacionales en materia de derechos humanos.

"Esto implica que cada país implementará dentro de su ordenamiento interno las condiciones y salvaguardas necesarias para prevenir el uso abusivo de los poderes y procedimientos previstos en el mismo por parte de las autoridades, garantizando una efectiva y adecuada protección de los derechos humanos", agregó.

Rugidos

Hoy, el día

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelató ayer que será éste miércoles cuando se de a conocer la primera parte del peritaje realizado por el colapso de la Línea 12 del metro de la capital del país.

El anuncio ha puesto a más de uno nervioso, debido a que se espera que el resultado de dicho peritaje pudiera estar dirigido hacia algún personaje, o empresa que participaron directamente en la construcción y supervisión de la importante obra.

Luego de los señalamientos que a través de una investigación periodística hiciera el prestigiado diario estadounidense NYT, aseguran que al hoy canciller Marcelo Ebrard lo han visto apesadumbrado, pensativo e incluso ausente.

Lo interesante de todo ello es saber si con la revelación de este primer resultado de las investigaciones, las pesquisas se encaminan hacia algún funcionario de la 4T, o todo quedará en el olvido.