Selva Política

MIGUEL BARBA

*No Debe Reservarse Información Pública en Situaciones de Emergencia

*Piden Diputados al Gobierno de Jalisco, Respeto Pleno a los Periodístas

Las y los diputados federales del PRI presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a situaciones de emergencia o contingencias sanitarias.

En un comunicado, detallaron que la propuesta señala que tanto dependencias como entidades públicas documenten detalladamente razones y criterios que motivaron elegir procedimientos de adjudicación directa sobre otros procedimientos de contratación, y que toda la información que se genere al respecto, así como políticas adoptadas para hacer frente a las situaciones de emergencia y contingencias sanitarias, sean sujeto de obligaciones de transparencia y no podrán adquirir carácter de clasificada.

Destacaron que México ha enfrentado momentos de enormes dificultades, ya sea por desastres naturales que generan situaciones de emergencia nacional, o bien, por la pandemia que actualmente agobia la vida de la población, situaciones en las que son necesarios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer las políticas públicas que las autoridades desarrollan para atender las emergencias.

Así como publicitar de manera expedita aquellas contrataciones de bienes y servicios que se requirieron al hacer frente a la situación.

Lamentaron que pese a que todos los procesos de contratación son públicos por mandato legal -máxime que se trata del uso y ejercicio de recursos públicos- el Gobierno Federal determinó que lo conducente era reservar por cinco años los contratos suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics, para la obtención de vacunas contra el Covid-19

“La publicidad de la información satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y la eficacia del actuar del Gobierno Federal. En mérito de lo expuesto, es claro que toda aquella información inherente a contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios generados con motivo de una situación de emergencia o contingencia sanitaria declarada por una autoridad competente debe ser publicitada; y más importante aún, esta información adquiere el nivel máximo de publicidad, dada la transcendencia en la vida de las personas y el interés público que conlleva”, finalizaron.

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En otro tema, ayer la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al Gobierno de Jalisco a garantizar el derecho a la libertad de expresión a periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.

Por medio de un comunicado, expresó que las autoridades del estado deben ser tolerantes a las críticas y el escrutinio de los medios de comunicación.

Indicó que se precisa una descripción detallada sobre el estado que guardan los informes anuales, referentes a la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos y periodistas en la entidad, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021.

“Cosas que por ley deben ser cumplidas dentro de la normativa de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del estado de Jalisco, en su artículo cuarto”, manifestó.

Dijo que también se solicita la emisión de un informe sobre la situación estatal en materia de seguridad para este sector. Asimismo, el Plan Anual de Trabajo correspondiente a los años 2020 y 2021 en la materia.

Argumentó que en la entidad las autoridades han cuestionado y denostado el trabajo periodístico que publica información crítica o la que puede parecer incómoda a su gobierno. Tal es el caso de los periodistas que fueron despedidos por denunciar e investigar casos de personas desaparecidas.

En ese sentido, refirió, que diversos organismos como la Comisión Estatal de Derechos de Jalisco y la Asociación Mexicana de Derechos a la Información se han pronunciado para que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez deje de descalificar, estigmatizar y respete a la prensa; pero “sobre todo no utilice el aparato estatal para censurar.”

Por ello, el Gobierno de Jalisco debe ser tolerante a la crítica, respetar el escrutinio público y reconocer el derecho a la libertad de expresión, “pues éste no debe estar condicionado o limitado, ya que hacerlo constituye un mecanismo de censura a las y los periodistas”.

Recordó que la libertad de expresión “es la piedra angular en la existencia de toda sociedad democrática” y este derecho es una condición indispensable para la vigencia y efectividad de los principios esenciales de la Constitución”.

El punto de acuerdo suscrito por la legisladora fue turnado a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, para sus efectos legislativos.

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De salida les informamos que la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) pidió a Morena presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a juicio a los expresidentes de México, y evitar el oneroso gasto de una consulta popular.

En un comunicado, la también consejera del Poder Legislativo del PRD ante el INE señaló: “no me cabe duda que la Consulta Popular es un mecanismo de participación de democracia directa por el cual la ciudadanía ejerce uno de los derechos humanos en materia política, a través del cual expresa su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional; pero esta consulta, no es de trascendencia nacional y sólo responde a un capricho de López Obrador”.

Durante la sesión del Consejo General del INE la legisladora reconoció el trabajo de dicho Instituto, que ha ajustado el modelo para la consulta, a parámetros mínimos necesarios que, por un lado, permitan la garantía de los derechos de la ciudadanía y su involucramiento en estos mecanismos de participación ciudadana, y, por otro, desahogar los trabajos de la consulta, al no contar con un presupuesto asignado para ello por parte de la Cámara de Diputados, y al contrario haber sufrido un recorte a su presupuesto.

“Las mexicanas y mexicanos queremos y exigimos se aplique la ley sin distingos, no queremos que nos pregunten si las autoridades deben o no cumplir con sus obligaciones y cumplir la ley”, sostuvo.

Rugidos

Riesgos

El accidente de la línea 12 del Metro en la Ciudad de México ha comenzado a pesar en las figuras políticas de los gobiernos federal y local, tras el informe parcial de la auditoría realizada hasta el momento.

El resultado de la investigación, confirma lo que todos sabíamos: que el acero se venció o la falta de una segura soldadura se fracturó y cayó la vía. En este sentido queda confirmado que la falta de mantenimiento crece como un factor firme para señalar a responsables.

El impacto mediático del accidente ha sacudido la conciencia de los ciudadanos, por lo menos en la capital del país lo que originó que el reclamo de encontrar culpables está más firme que nunca.

De ahí que el presidente Andrés López Obrador afirmara ayer viernes durante su conferencia que de haber algún responsable político, “nos deberíamos preguntar quien era Presidente de México cuando se construyó esa obra”.