Selva Política

MIGUEL BARBA

*Proponen Reformas a Ley del Sistema Nacional de Cuidados; Buscan Equidad Hombre-Mujer

*Espera a la Ley General de Salud, Reformas en Materia de Emergencia Obstétrica

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) promueve iniciativa para reformar cuatro leyes en materia del Sistema Nacional de Cuidados, con el propósito de hacer equitativa la responsabilidad de estas actividades entre mujeres y hombres.

Por ello, impulsa reformas a las leyes General de Desarrollo Social, Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado, propuesta que fue remitida a las comisiones de Desarrollo Social y de Seguridad Social.

En torno a la Ley General de Desarrollo Social: artículo 1, adiciona la fracción X, agrega el Título Sexto “Del Sistema Nacional de Cuidados” con los artículos 86 y 87.

En la fracción X plantea que la ley tiene por objeto: establecer las bases del Sistema Nacional de Cuidados para garantizar el derecho de las personas con algún nivel de dependencia a ser cuidadas y reconocerlo en sus dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad.

En el Título Sexto señala que el Sistema Nacional de Cuidados es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto:

Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Política Nacional de Cuidados.

Diseñar e implementar programas y acciones que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, teniendo como prioridad la atención de las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas y niños, adultos mayores y quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Cuidados.

Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en materia de cuidados.

Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos y prioridades de la Política Nacional en materia de cuidados.

Y aprobar el presupuesto destinado para el Sistema Nacional de Cuidados, el cual no podrá ser disminuido en términos reales, respecto del que se le haya asignado en el ejercicio anterior inmediato.

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Asimismo, indica que la coordinación del Sistema Nacional de Cuidados compete a la Secretaría, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y entidades federativas, así como de las organizaciones. La dependencia federal diseñará y ejecutará las políticas generales de cuidado y coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos en la materia.

La Secretaría establecerá el Programa Nacional de Cuidados, los programas sectoriales y los de las entidades federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa, con el fin de que se incluya la implementación de servicios públicos accesibles, pertinentes, suficientes, que garanticen la seguridad y derechos, así como una redistribución equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar

Respecto a la Ley Federal del Trabajo modifica el artículo 132, para precisar que son obligaciones de los patrones promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado; para tal fin, establecerán medidas de flexibilidad laboral.

Asimismo, otorgar permiso de cuidado de cinco días laborables con goce de sueldo a las mujeres y hombres trabajadores para la atención de actividades de cuidado de niñas, niños, personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad y personas adultas mayores en el ámbito familiar.

En cuanto a la Ley del Seguro Social adiciona el artículo 104 Ter y el 37 Ter a la Ley del ISSSTE, a fin de estipular que para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, se les podrá otorgar permiso de cuidado de cinco días laborables con goce de sueldo para la atención de actividades de cuidado de niñas, niños, personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad y personas adultas mayores en el ámbito familiar.

En la iniciativa se menciona que el confinamiento y el llamado a quedarse en casa por la emergencia sanitaria está provocando impactos específicos sobre la vida de las mujeres, no sólo porque se están profundizando las desigualdades de género ya existentes, sino porque puede implicar retrocesos inadmisibles en cuanto a los derechos alcanzados.

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En otro tema, la diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz (PES) planteó reformar los artículos 64 Bis 1 de la Ley General de Salud y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de emergencia obstétrica.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Salud y de Igualdad de Género, establece en el artículo 64 Bis, que el personal médico y administrativo que preste atención a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, deberá contar con capacitación sobre la atención y prioridad de las mujeres en esta situación, a través de programas diseñados a mejorar la calidad de la atención de la salud materno-infantil.

Agrega que los servicios de Salud a que se refiere el presente artículo realizarán campañas de prevención y erradicación de la violencia durante el embarazo y parto por los prestadores de la atención a la salud, ofreciendo un trato digno y respetuoso.

La modificación al artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es para agregar que corresponde a la Secretaría de Salud crear programas de capacitación para brindar una atención digna y respetuosa, y a no ejercer ningún tipo de violencia ni discriminación.

Expone que uno de los problemas en materia de atención materno infantil es que cuando hay una emergencia no se brinda una pronta respuesta, lo que evidencia la falta de recursos humanos capacitados, administrativos y económicos.

Con el fin de hacer frente a esa problemática, en 2009 se firmó el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, que estableció el compromiso solidario entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE para atender a toda mujer que presentara una emergencia obstétrica en la unidad médica con la capacidad resolutiva más cercana, independientemente de su derechohabiencia o afiliación, para así abatir la mortalidad materna a nivel nacional.

Sin embargo, considera que esto no fue suficiente ante los evidentes casos de falta de atención tanto en la unidad médica correspondiente al paciente, como en las de referencia.

Aunado a ello, agrega, el derecho a la salud presenta problemas graves, como la exclusión y discriminación que viven miles de mujeres en diversas formas; un ejemplo es el derecho a la atención ante una emergencia obstétrica que refleja condiciones deficientes.

Rugidos

Migrante; Alto Riesgo

Desempleo e inseguridad pública, violencia y falta de oportunidades para incorporarse a la actividad económica y social siguen siendo en buena medida, las principales causas que obligan a familias enteras a desplazarse de sus lugares de origen hacia otros sitios en busca de paz y seguridad.

La decisión de migrar contempla también, no se debe olvidar, poner en riesgo a las personas que deciden hacerlo. De acuerdo a reportes de organizaciones sociales, una de las zonas de mayor riesgo para el migrante sigue siendo la frontera entre México y los estados Unidos de Norteamérica.

A lo largo de la línea divisoria, el crimen organizado ha logrado ampliar su control en el tráfico de personas, trata de personas y secuestros que han derivado en asesinatos y desapariciones. Las autoridades de ambos países, han coincidido en señalar en este sentido su parcial incapacidad para detener el creciente problema que se vive en este renglón.

Riesgo latente y permanente viven todos y cada uno de los migrantes que deciden ir en busca de una oportunidad laboral, o aquellos que deciden alejarse de la violencia tras el desplazamiento y expulsión de sus lugares de origen. Urgen políticas públicas que atiendan el problema de la inseguridad y abandono en el que se encuentra el migrante que cruza nuestro país.