Selva Política

MIGUEL BARBA

*Se Avanzó en el Fortalecimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres

*Muchos, los Retos y Oportunidades Hacia la LXV Legislatura

La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados emprendió reformas constitucionales en materia de igualdad y paridad de género, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en el país, así como modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de otorgarles una mayor participación en la Banca de Desarrollo.

Con las reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política, publicadas el 6 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión. El mismo esquema será para los estados, así como en la integración de los ayuntamientos.

Asimismo, la obligación de observar el principio de paridad de género en la elección de representantes ante los ayuntamientos en municipios con población indígena, los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los organismos autónomos.

También, en la postulación de candidaturas de los partidos políticos a los distintos cargos de elección popular, la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, en listas encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo; los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, y la integración de los ayuntamientos municipales.

Las reformas al primer párrafo del artículo 40 y la adición de un segundo párrafo del artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, tuvieron como propósito que los consejos directivos encargados de la administración de las instituciones de Banca de Desarrollo, se integren por consejeros independientes y de forma paritaria, y a una dirección general, en los términos de sus propias leyes orgánicas.

Asimismo, para que instituciones de Banca de Desarrollo, fideicomisos públicos del Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, prioricen programas y proyectos que atiendan las necesidades específicas de mujeres en materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección. El decreto se publicó en el DOF el 4 de junio de 2019.

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Por otra parte y con el propósito de dejar un compendio de temas, información y aportaciones para que sean retomados por las y los diputados de la próxima Legislatura, la Comisión de Justicia, que preside la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), llevó a cabo de manera virtual la segunda jornada del foro “Agenda en materia de justicia. Retos y oportunidades hacia la LXV Legislatura”.

La diputada Ortega Martínez puntualizó que lo que se busca es poner a disposición de la nueva Legislatura aquellos temas que han llegado a la mesa de la Comisión, porque hay una obligación del Congreso de abordarlos, en virtud de ser un mandato constitucional.

Señaló que es un ámbito en el que México tiene muchas cosas por hacer para mejorar el sistema de justicia y lograr que haya un real acceso a ella para todas y todos los mexicanos.

Son temas necesarios para perfeccionar nuestro sistema de justicia. “Tendremos una memoria que entregaremos a los órganos de la siguiente Legislatura, para efecto de que puedan llegar a los y las diputados”.

Comentó que uno de estos pendientes en la agenda legislativa es lo relativo a la justicia cívica. “Hay que tener cuidado cómo se construye esta legislación, sobre todo en derechos humanos; tener una visión de cada entidad y región del país, es fundamental, y atender el derecho a la defensa”, agregó.

En la mesa “Legislación en materia de justicia cívica”, Leticia Bonifaz Alfonzo, integrante de la CEDAW, dijo que es preocupante que pueda darse una sobrerregulación que lleve a que no fluyan las competencias y facultades locales de la mejor manera, porque este tipo de justicia está ligada a la convivencia cotidiana y a situaciones básicas diferentes en este México diverso. “Es clave para el ejercicio de derechos fundamentales, con sanciones alternativas que no lleguen lejos de la justicia superior”.

Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que se debe ser cuidadoso en la redacción de la ley, pues debe cubrir aspectos transversales, pero sin que se invada la soberanía y las facultades de los estados. Agregó que es una oportunidad de revisar los temas que tienen que ver con este tipo de justicia, como los de derecho turístico, medio ambiente, protección civil, conflictos entre vecinos que no deben escalar a otras materias.

María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, apuntó que sin un modelo de justicia cívica real en el país no habrá justicia, debido a que es una forma efectiva de prevenir el delito y que además visibiliza los derechos de las víctimas y de la comunidad; sin embargo, falta mucho en los ámbitos institucional, cultural y presupuestal para lograrlo, por lo que los próximos legisladores deben sensibilizarse sobre la importancia de esta materia. “Debe ser ligera, local, con propias formas, bien sustentada y con los fondos económicos suficientes”.

Luis Felipe Nava Gomar, director general de enlace con los poderes Legislativo y Judicial del INAI, señaló que la justicia cívica debe tener un enfoque de prevención que evite situaciones complicadas en el futuro y delitos, focalizando los riesgos en una comunidad. Consideró que deben tomarse en cuenta medios alternativos de solución de controversia, la preferencia por la solución del conflicto frente al formalismo, así como el uso de las nuevas tecnologías y un presupuesto asignado.

Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, señaló que el Estado mexicano tiene una deuda con sus gobernados en materia de justicia y que los tribunales están rebasados en su tarea de administración de justicia en esta ciudad y en los estados de la República. “Es urgente que el Congreso federal apruebe la Ley General de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y una partida presupuestal para implementar esta forma de resolver conflictos”.

Julieta Ovalle Piedra, subcoordinadora de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana de Abogados, manifestó que la facultad del Congreso de legislar sobre medios alternativos de resolución de controversia puede llevarse a cabo a través de una ley general. “México promueve una política de comercio exterior, tiene firmados tratados internacionales, y una red muy importante”.

Rugidos

Alto Riesgo

El número de contagios por Covid-19 continúa en altos niveles y no se ve una mayor voluntad de buena parte de la ciudadanía para detener de manera firme la pandemia, la cual sigue arrebatando la vida a cientos de mexicanos cada día.

El problema requiere de un mecanismo más allá del protocolo sanitario que contempla el uso casi obligatorio del cubre boca, la práctica de la sana distancia o, en el mejor de los casos la aplicación del gel antibacterial y lavado de manos.

El contagio que por miles registra a diario el país, nos hace pensar en implementar nuevas medidas, aunque éstas no sean la del cierre de la ecomía que atemoriza a los tres niveles de gobierno.

A 15 días de regresar de manera presencial a las escuelas de educación básica, el gobierno federal ha matizado ese su deseo. Ahora asegura que el retorno de estudiantes será gradual y no obligatorio.