Selva Política

MIGUEL BARBA

*Insisten Diputados: se Deben Salvaguardar Derechos Humanos del Migrantes

*Buscan Impedir Venta de Casas y Departamentos que Están Fuera de la Ley

Tuxtla.- El problema de los migrantes que por grupos intentan cruzar nuestro país y llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica crece y representa ya un serio problema interno. Ante ello la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) impulsa una reforma al artículo 73 de la Ley de Migración, para que las autoridades mexicanas hagan lo posible por preservar la unidad y vínculos familiares, velando en todo momento por la protección y salvaguarda de los derechos humanos y el interés superior de la niñez de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional.

También establece que cuando exista violencia familiar las autoridades mexicanas podrán llevar a cabo medidas precautorias, a fin de proteger la integridad de las personas que pudieran estar en riesgo.

Argumenta que esta reforma es fundamental, toda vez que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio al compartir fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice.

Destaca que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) alrededor de 81 mil migrantes extranjeros ingresaron al país entre los meses de enero y noviembre de 2020 provenientes, principalmente, de Honduras, Guatemala y El Salvador, a pesar de ser un año marcado por los cierres de fronteras y las restricciones de movimiento debido a la pandemia de Covid-19.

Asimismo, refiere que según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desde el inicio del 2021 las cifras de niñas, niños y adolescentes migrantes pasó de 380 a casi 3 mil 500 en tres meses, un incremento nueve veces superior, lo que representa el 30 por ciento de la población migrante.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios para su estudio y dictamen, menciona que separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, vulnera la unidad familiar.

Estima que la principal causa de migración de las personas centroamericanas es la persecución étnica, religiosa, racial, política, cultural y por factores medioambientales, como inundaciones, huracanes y terremotos, lo cual ha originado que desde 2018 siete caravanas de más de un millar de personas hayan cruzado por territorio mexicano con destino final a Estados Unidos.

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En otro tema, ayer la diputada Blanca Araceli Narro Panameño (Morena) propuso reformas a los artículos 11 y 56 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de prohibir la preventa y venta de inmuebles para vivienda que no hayan demostrado tener la autorización correspondiente.

El propósito es establecer que corresponde a los municipios y entidades federativas, prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias o de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los términos previstos en la ley y en las leyes de las entidades federativas.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, también plantea mandatar que las leyes estatales deberán incluir la obligación de las autoridades estatales y municipales en dicha prevención.

En los considerandos, se expone que la intención es evitar interpretaciones a modo, derivadas de vacíos legales que los desarrolladores inmobiliarios y las constructoras pueden y han utilizado a su favor y en detrimento de los compradores y del proyecto urbano, dado que no existe una indicación expresa en la cual se les obligue a contar con todos los permisos necesarios antes de iniciar la preventa de proyectos habitacionales.

Menciona que se trata de proteger el patrimonio y los derechos de las y los compradores, así como de sus familias y otorgarle a las autoridades competentes mayores facultades para sancionar a los actores involucrados en caso de infringir la ley.

Destaca que si bien la ciudadanía puede verificar la credibilidad del desarrollador inmobiliario y/o de la constructora en cuestión mediante la consulta de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor, también es un hecho que no todas las personas saben de la existencia de esta herramienta y, aun así, esto no representa una garante ni mucho menos una certeza jurídica.

Por ello, añade, es necesaria la intervención de las instancias legislativas, a efecto de proteger a la ciudadanía de posibles fraudes que, en su mayoría, representan nada menos que los ahorros de sus vidas.

Además del aspecto económico, existen factores de mucho mayor peso, como son los sismos. En Puebla, Oaxaca, Morelos y en la Ciudad de México “hemos sido testigos de las consecuencias más trágicas que arrojan estas construcciones irregulares e ilegales, por los malos usos del suelo que, junto con la complicidad de ciertas autoridades municipales y estatales, desobedecieron los reglamentos de construcción con el fin de saciar sus propios beneficios”, señala.

Considera que sancionar y prohibir las prácticas ilegales que se cometen en el sector constructor-inmobiliario, son la única medida “que podemos tomar para detener y revertir el avance de la injusticia social, de los daños a la economía, tanto a la nacional como a la de la propia ciudadanía, así como mitigar los impactos negativos al medio ambiente, sobre todo tratándose de asentamientos urbanos”.

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De salida les informamos que la diputada Margarita García García, del PT, presentó una iniciativa que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, para que sea obligación de la entidad instructora expedir las constancias respectivas a los trabajadores que aprueben exámenes de capacitación o adiestramiento.

Las constancias deberán ser autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda.

La iniciativa refiere que el Capítulo III Bis de la citada ley denominado “De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores”, hace mención de la obligación de los patrones a proporcionar capacitación a sus trabajadores, ya sea fuera o dentro de los centros laborales.

En tal sentido, se considera que para que el trabajador no quede en estado de indefensión debe recibir la constancia señalada; de lo contrario no tiene manera de acreditar su experiencia y preparación.

Agrega que ese tipo de documentos normalmente tienen valor curricular y es la manera con la que se cuenta para acreditarse ante algún empleador.

“La certificación es un tema importante para aumentar las posibilidades de las personas a encontrar un trabajo bien remunerado considerando mejores capacidades adquiridas por su preparación”, menciona la legisladora en su propuesta.

Rugidos

Embajadas y Consulados

Las embajadas y consulados de México en buena parte del mundo, están en el “ojo del huracán” político, luego de la invitación que el presidente Andrés López Obrador hiciera al gobernador de Sinaloa saliente, Quirino Ordaz para ir a ocupar ese cargo diplomático en España.

La estrategia de “consentir”, designar u ofrecer un cargo a los gobernadores salientes de otros partidos contrarios a MORENA --se asegura--, es una estrategia política para “detonar” la alianza política PRI-PAN-PRD e impedirles con ello ganar espacios políticos el año que entra, cuando estén en juego seis gubernaturas más.

En Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes e Hidalgo se elegirán nuevos gobernadores debido a lo cual y ante la invitación del Primer Mandatario a los gobernadores de Sinaloa y Nayarit para integrarse a su gobierno, las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD han denunciado y alertado para no aceptar ni recibir la “manzana envenenada” –así la consideran- ofrecida a quien deja la gubernatura.

Lo bueno o malo de ello es que con la decisión tomada por el presidente López Obrador, de “seducir” de esta manera a los gobernadores aun en funciones, es que muchos de ellos no cuentan con la carrera diplomática, requisito para desempeñarse dentro del terreno de las relaciones exteriores.