Selva Política

MIGUEL BARBA

*Impulsan Diputados la Fracción del PAN, la Creación de un Seguro de Desempleo

*Plantean Reforzar Protección a la Mujer, Ante Amenaza de Violencia de Género

Integrantes del Grupo Parlamentario del PAN informaron que impulsan una iniciativa para crear un seguro de desempleo, a fin de garantizar un ingreso mínimo mensual a la población que perdió su trabajo a raíz de la pandemia por Covid-19.

En videoconferencia mediante la plataforma Zoom, el diputado Guillermo Huerta detalló que el monto propuesto es de 4 mil 400 pesos mensuales por cuatro meses, a todas las personas mayores de 18 años que pierdan un empleo formal.

Explicó que proponen reformar la Constitución Política, así como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

“Es una ayuda para estabilizar económicamente a las personas, económicamente activas para que regresen a un empleo formal, es lo que en grandes rasgos puedo platicarles a todos y cada uno de ustedes, cómo viene el sentido de nuestra reforma”, detalló.

En su intervención, el diputado Santiago Creel subrayó que de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza se incrementó en el país de manera significativa con 3.8 millones de nuevos pobres.

“Cuando el Coneval hace este estudio se percata que la pobreza en el país surge por la falta de ingresos de las familias y por el gasto en salud, y cuando se ve más a detalle el gasto a ingresos es por falta de empleo”, apuntó.

Por su parte, el diputado Santiago Torreblanca puntualizó que los 4 mil 400 pesos se definieron al multiplicar 2.5 veces el valor de la Línea de Pobreza Extrema por ingreso en área urbana establecida por el Coneval, es decir, el monto acumulado durante el periodo del apoyo sería de 17 mil 610 pesos.

Comentó que esta cifra es un poco mayor a lo que correspondería a un salario mínimo.

“Como PAN queremos ser muy responsables y, por un lado, las personas pudieran tener el ingreso mínimo para alimentarse, y tener los insumos para seguir buscando empleo, y por el otro lado, no se creará un incentivo perverso al no trabajar”, aseveró.

La diputada Diana Lara manifestó que “los mexicanos cuentan con la bancada del PAN en la Cámara de Diputados para proteger su ingreso y así reactivar la economía del país”.

Con esta iniciativa, expuso la diputada Mariana Gómez Del Campo, se busca generar ingresos para cubrir las necesidades básicas e impulsar también el consumo interno para acelerar la recuperación económica.

“Nosotros queremos asegurar el acceso a una canasta básica, frenar el uso de ahorros para el retiro, evitar la desestabilización del sector financiero y estamos trabajando para ello; el seguro de desempleo sólo es una parte de lo que nosotros podemos hacer desde Acción Nacional y a los diputados federales nos parecería increíble que Morena no quisiera apoyar una propuesta tan viable, una propuesta que va a oxigenar a las familias mexicanas y nosotros hoy hablamos por las familias capitalinas”, manifestó.

El diputado Jorge Triana dijo que el proyecto que presentó el Grupo Parlamentario de Morena “es un poco más general, un poco más ambiguo, nosotros nos estamos yendo por estos incentivos fiscales y son una garantía constitucional”.

Dijo que además de una reforma al artículo 4 constitucional, buscan reformar la Ley Federal del Trabajo, donde vienen todas las especificaciones.

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En otro tema, ayer la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) presentó una iniciativa para incluir a la representante de los Centros de Justicia para las Mujeres como parte del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Subrayó que el objetivo es que exista una verdadera coordinación, seguimiento y protección a las mujeres que denuncian casos de violencia de género.

“En México no se ve reflejada la coordinación entre las distintas autoridades de los niveles de gobierno, por lo que, aun teniendo las mujeres violentadas medidas de protección otorgadas por la autoridad judicial, seguimos escuchando lamentables historias de feminicidio, porque las autoridades no se coordinan y no se hacen cargo de ejecutar dichas medidas de protección”, agregó.

Asimismo, la violencia de género es un lastre generalizado que las mujeres empiezan a sufrir a edades muy tempranas y que se ha agudizado con el confinamiento debido a la pandemia; puede encontrarse en todas las clases sociales, edades y niveles educativos, por lo que afecta indistintamente de la condición económica, étnica, educativa o social.

“Desde nuestra propia condición de mujeres y experiencia, todas sabemos lo que es vivir en un sistema que oprime, violenta y mantiene en estado de desigualdad a las mujeres. La violencia representa una de las formas más extremas de desigualdad de género y una de las principales barreras para el desarrollo personal y social, lo que constituye una clara violación a los derechos humanos”, precisó.

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De salida les informamos que la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) presentó una iniciativa que reforma el artículo 115 constitucional para que los representantes indígenas sean reconocidos como parte integrante de los ayuntamientos de todo el país.

Expuso que la fracción VII, del Apartado A del artículo segundo constitucional ya establece que los indígenas “tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, a representantes ante los ayuntamientos”, sin embargo, es difícil implementar este precepto constitucional.

Lo anterior, dijo, ya que el artículo 115, que regula la figura del municipio libre, no reconoce al representante indígena.

Por ello, no está armonizada en las leyes orgánicas que regulan a los municipios en las entidades federativas, la única forma que tienen los indígenas para acceder a los ayuntamientos es mediante la vía jurisdiccional.

Argumentó que esta reforma es necesaria para fomentar la participación plena de los pueblos originarios en el ámbito local, sin necesidad de llegar a los tribunales, por lo que solicitó la aprobación de la iniciativa.

Rugidos

¡ Caracoles !

La comunidad científica de nuestro país está igual o más sorprendida con la acusación y señalamiento que el gobierno del presidente Andrés López Obrador les intenta fincar, que cuando con base en sus investigaciones académicas, realizan un hallazgo de conocimiento.

Fiel a su proceder y lucha en contra de lo que el presidente considera acto de corrupción, su gobierno intenta fortalecer la acusación de asociación delictuosa y malversación de fondos a una camada de investigadores y académicos que desde el Conacyt realizan su labor.

La autoridad judicial ha rechazado la posibilidad de iniciar la investigación y la puesta en marcha de las órdenes de presentación en contra de los académicos, debido a que ha encontrado en la demanda respectiva falta de elementos probatorios.

Ante ello, el mandatario mexicano consideró ayer mismo durante su conferencia mañanera que el que “nada debe, nada debe temer”. Tiene razón, aunque el daño a la imagen de los académicos está hecha.