Selva Política

MIGUEL BARBA

*En Espera de su Discusión, el Dictamen que Prohíbe la Fiesta Taurina

*Coinciden Diputados el Relevante Papel de la JLCA en Tiempos de Pandemia

Tuxtla.- La Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino rectificó por ley y por reglamento la aprobación del dictamen que reforma la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, en materia de corridas de toros.

En sesión extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal se aprobó por cinco votos a favor y cero en contra el dictamen a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de dicho ordenamiento, en materia de corridas de toros.

El diputado Jesús Sesma Suárez, presidente de la comisión e integrante de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, explicó que esta sesión se efectuó para reponer el procedimiento de votación y evitar contradicciones, dudas o incertidumbres, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso local, dejando sin efecto el dictamen aprobado ayer (6 de diciembre).

Precisó que esta modificación a la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México consiste en una reforma al artículo 25, fracción 22, párrafo segundo y tercero, la adición de la fracción 25 al artículo 25, recorriéndose el 26, y agregándose un inciso D a la fracción segunda del artículo 65, a fin de establecer una multa de entre 27 mil 500 a 55 mil veces la unidad de medida y actualización.

El diputado Jesús Sesma adelantó que no se subirá este dictamen para su votación en el Pleno hasta concluir una serie de reuniones con el gremio taurino y las familias que dependen de esta actividad, para buscar soluciones a la afectación económica que recibirán.

Explicó que se reunió con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Taurinos, quienes le expresaron su preocupación por las familias que trabajan en la tauromaquia, y que dependen de la derrama económica que ésta genera, y les ofreció organizar una serie de mesas de trabajo para buscar soluciones.

“Somos sensibles de la situación económica, pero también somos sensibles de lo que queremos: evolución en nuestra Ciudad de México, que es evitar cualquier tipo de maltrato que conlleve a la muerte de algún ser vivo no humano”, argumentó.

Por su parte, la diputada Ana Villagrán Villasana, del grupo parlamentario del PAN, expresó su respaldo a la prohibición de las corridas de todos, a las que consideró una forma de tortura, así como a la propuesta del presidente de la comisión de reunirse con las familias afectadas. “Queremos una ciudad libre de cualquier violencia contra los animales”.

“No vamos a dar un paso atrás, el paso ya está dado, eso es lo importante, es histórico; pero también existe esta otra parte que no podemos dejar de lado, sería una irresponsabilidad del Congreso de la Ciudad, de esta comisión, el no generar una ruta de salida para todas las familias que se dedican o tienen su economía a través de esta actividad”, señaló la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del PRD.

“Aquí procuramos por encima de todo el bienestar animal, lo cual nos tiene aquí reunidos como comisión y es lo que debemos de representar, sin embargo, también vamos a tener la sensibilidad de percibir, de escuchar y de plantear una vía y una ruta para estas familias que podrían verse afectadas, para que no lo sean”, afirmó la diputada Tania Nanette Larios Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN, destacó que esta es una causa tan grande que rebasa cualquier diferencia ideológica de los diferentes partidos políticos. “Qué bueno que se da un paso adelante, es una señal contundente de la necesidad de actualizar el marco jurídico de la ciudad, con una Constitución que reconoce derechos para los seres sintientes”, expresó.

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En otro tema, ayer legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local reconocieron la labor realizada durante la pandemia por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que implementó la recepción de demandas por vía digital para continuar con su labor, que se incrementó ante los despidos originados por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19.

En mesa de trabajo con el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Martínez Corona, la diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la comisión e integrante del grupo parlamentario de MORENA, explicó que esta reunión se efectuó con motivo del proceso para el análisis y la aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México 2022.

En su oportunidad, el diputado Royfid Torres González, de la asociación parlamentaria Ciudadana, se refirió a la transición que está en proceso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hacia los juzgados laborales, derivada de la reciente reforma laboral; y preguntó por el expediente más antiguo que está pendiente en esta instancia, el cual precisó el titular de la JLCyA es de 1980.

La diputada Elizabeth Mateos Hernández, de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, destacó la importancia que la conciliación laboral tiene en épocas de crisis, cuando se incrementan los despidos, y se deben garantizar los derechos humanos y laborales de los trabajadores, y consideró transparente el manejo de los recursos de este organismo.

El diputado Martín Padilla Sánchez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, reconoció el buen trabajo realizado en esta institución para la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores, particularmente en torno a las huelgas.

En tanto, la diputada Lourdes Paz Reyes, del grupo parlamentario del PT, reiteró que está en curso la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, que implica que para el próximo año se echarán a andar los tribunales laborales y el Centro de Conciliación Laboral.

La diputada Mónica Fernández César, del grupo parlamentario del PRI, cuestionó el destino de los recursos adicionales solicitados para 2022, y en qué afectaría el que no se otorgaran éstos.

Por el grupo parlamentario de MORENA, el diputado Fernando Mercado Guaida, ofreció estudiar profundamente la solicitud de incremento presupuestal solicitada, la cual consideró razonable; y la diputada Nancy Núñez Reséndiz cuestionó si ha existido un incremento de demandas a consecuencia de la pandemia.

En su turno, el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Martínez Corona, aseguró que durante 2021, a pesar de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se tienen en trámite un total de 129 mil 84 asuntos.

Asimismo, destacó que se instrumentó el Sistema de Recepción de Demandas (SIREDE), que permitió la recepción de 14 mil 255 demandas por vía digital, además de 10 mil 746 presenciales, entre enero y octubre de 2021.

En materia presupuestal, señaló que durante 2021 se contó con un presupuesto de 441 millones de pesos, y para 2022 requirió recursos por 470.9 millones de pesos, para rehabilitar y dar reforzamiento estructural a los dos inmuebles de la sede de esta institución (edificio principal y anexo) que serán utilizados posteriormente para el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Martínez Corona precisó que el presupuesto solicitado para 2022 es similar al recibido en 2020, ya que los recursos de 2021 fueron menores a los del año anterior, por lo que en realidad no habría ningún incremento en términos reales.

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De salida les informamos que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) debe regirse bajo principios de austeridad coincidieron diputados locales integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, durante la mesa de trabajo con el titular de dicha institución, Jesús Anlen Alemán.

En el marco del diseño del Paquete Económico 2022, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (AP Ciudadana), sugirió al funcionario hacer un esfuerzo para mantener la eficiencia y así cumplir con las obligaciones que tiene al frente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al tiempo de solicitar detalles sobre el incremento solicitado en el capítulo 1000. Asimismo, confió en que el presupuesto aprobado en el Congreso será ejercido con autonomía, conforme a la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones y prestaciones, así como bajo los principios de legalidad, refirió.

En su oportunidad, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (AP Mujeres Demócratas), pugnó porque se le otorgue el incremento de 553 millones de pesos al Tribunal, pues la realidad cambia año con año. Además, reconoció la productividad que ha tenido dicha institución a pesar de que se le han recortado los recursos.

Para el diputado Martín Padilla Sánchez (AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad), la migración de juicios digitales que pretende hacer el Tribunal debe contar con mayores recursos, por lo que pidió más detalles sobre dicho proyecto que tiene el próximo año este órgano autónomo.

En su turno, la diputada Lourdes Paz Reyes (PT), le hizo un llamado al presidente magistrado del Tribunal para seguir con el combate a la corrupción y la garantía de lograr la meta de plena justicia en todas las materias, pero en particular en materia administrativa.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD), se pronunció por hacer un esfuerzo al interior del Congreso para reconocer el trabajo y la productividad que ha tenido el Tribunal y así otorgarle el recurso adicional solicitado para el próximo año. En ese sentido, dijo que ese incremento en su presupuesto se justifica toda vez que la demanda de los ciudadanos ha aumentado. Asimismo, recomendó implementar estrategias de difusión para que los ciudadanos tengan acceso y conozcan la labor del Tribunal.

Rugidos

Cornadas

El dictamen aprobado que contempla prohibir en la capital del país la fiesta taurina, podría registrar modificaciones, luego de que los grupos empresariales que participan en el negocio de la tauromaquia solicitaron una reunión con los diputados del congreso de la Ciudad de México afin de hacerles saber sus puntos de vista.

Tras el primer paso de preparar la iniciativa y aprobar el dictamen correspondiente, los diputados decidieron aplazar la discusión y aprobación o rechazo del mismo, hasta no escuchar totalmente la posición y propuesta de los empresarios de este segmento.

Cabe recordar que años atrás, los grupos ambientalistas y protectores de la vida animal, han buscado prohibir la Fiesta Brava, con el único fin de salvaguardar la vida de los astados e impedir con ello el sufrimiento que viven al salir al ruedo.

Ante ello, lo que se esperaba sería una decisión y aprobación relativamente fácil, ya comenzó a complicarse. Veremos en qué termina.