Selva Política

MIGUEL BARBA

*Presentarán Diputados Recurso de Queja Para Demostrar que INE se Equivoca

*Buscarán que las Cédulas Profesionales Avalen los Estudios Realizados

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que con base en las facultades que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, “presentaré un recurso de queja para que la propia corte determine que el Instituto Nacional Electoral (INE) violó una resolución de ese órgano jurisdiccional”.

Ante la actitud asumida por la mayoría de consejeras y consejeros, del INE, encabezados por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio organismo público autónomo por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros.

Dijo que “la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece claramente, que el INE deberá garantizar la realización de este ejercicio y para ello, el INE, dice la ley, cito: hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios”.

Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que este había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al instituto, por lo que el proceso de revocación debe seguir.

Gutiérrez Luna señaló que la determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE, constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio.

“El respeto a las atribuciones de los poderes y órganos constitucionales debe comenzar con la observancia a la ley emanada de este Poder Legislativo, asimismo también deben cumplirse las resoluciones de los órganos jurisdiccionales”, puntualizó.

Aseguró que esta actitud, que vulnera el Estado de derecho, tiene como origen la demanda del INE por más dinero, sin entender que esta soberanía en ejercicio de la facultad exclusiva en materia presupuestal, determinó asignar los recursos suficientes a ese órgano constitucional.

“Esta presidencia defenderá las determinaciones que emanen del ejercicio de nuestras facultades constitucionales, es nuestra obligación y la cumpliremos, así de nítida es la ley”.

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En otro tema, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) presentó una iniciativa para que quienes acceden a la educación superior, puedan tener la certeza de que la acreditación de sus estudios es válida, con una cédula profesional que lo avale y les permita el ejercicio de su profesión y, si lo desean, continuar sus estudios, no solo en México sino en el extranjero.

La propuesta de reforma a la Ley General de Educación plantea establecer la obligación de que todas las instituciones de educación superior cuenten con oferta educativa con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Asimismo, busca garantizar la formación de profesionistas cuyo ejercicio sea plenamente acreditado por un título legalmente expedido, registrado y, en su caso, la obtención de la patente para su ejercicio.

Señala que queda prohibido que los particulares presten servicios educativos a nivel superior o impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, de los cuales para su ejercicio se requiera título o cédula profesional.

En la actualidad, explica, el artículo 150 establece el permiso a los particulares para impartir estudios sin contar con el reconocimiento de validez oficial, con la sola condición de mencionarlo en su publicidad y en la documentación expedida, lo cual no se corrigió en la reforma educativa, “ignorando el gran daño provocado al plan de desarrollo profesional de las y los jóvenes”.

En el Artículo 101 plantea que en la educación que impartan los particulares, debe demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción II de la presente Ley, respecto a condiciones higiénicas, de seguridad, protección civil, pedagógicas y accesibilidad.

Considera que contar con RVOE y con el legal establecimiento de planes y programas en las instituciones de educación superior (públicas y privadas) significa también la obligación de garantizar que el personal académico posea como mínimo el título, diploma o grado para el nivel educativo en el que pretenda enseñar.

Afirma que las y los legisladores deben proteger el derecho a la educación y realizar modificaciones legales para fortalecer la Constitución y señalar con claridad en la Ley las obligaciones y prohibiciones indispensables para evitar que se viole o disminuya el ejercicio de ese derecho.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50, 51, 84, 98, 101, 111, 113, fracción XIX, y 150, turnada a la Comisión de Educación, contribuirá al desarrollo del país, a la continuidad y la movilidad educativa, puntualiza.

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De salida les informamos que la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) impulsa una iniciativa que busca tipificar el delito de feminicidio en grado de tentativa con una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

La propuesta, turnada a las comisiones de Justicia para dictamen y a la de Igualdad de Género para opinión, plantea reformar el párrafo tercero y adicionar una fracción XIII Bis al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y modificar la fracción E) del artículo 85 y el artículo 325 del Código Penal Federal, a fin de establecer que comete el delito de feminicidio en grado de tentativa quien atente en contra de la vida e integridad de una mujer por razones de género.

También estipula que el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en caso de feminicidio en grado de tentativa.

La proponente refirió que con esta reforma se avanza en la erradicación y prevención del feminicidio, toda vez que en la actualidad atentar directamente, con alevosía y ventaja, en contra de la vida de una mujer, con toda la intención de asesinarla y no lograrlo, es un delito que no vale, que no cuenta, por lo que no se castiga.

En este sentido, expresó que atender este tema es un reto inconcluso desde hace ya mucho tiempo, pues de acuerdo con organismos internacionales en la materia señalan que México ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a feminicidios.

La legisladora del PVEM subrayó que el número de feminicidios año con año crece significativa y alarmantemente, ya que tan solo en 2020 se registraron alrededor de mil 471 feminicidios, siendo el estado de México la entidad que ocupó el primer lugar con un total de 704 vidas de mujeres, seguido por Veracruz y la Ciudad de México.

Ante este panorama consideró viable su propuesta, pues atiende un delito grave, condenable y vergonzoso, el cual ha dañado a las mujeres en general y a las familias en lo particular, de quienes desafortunadamente lo han padecido.

Concluyó que es corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno coadyuvar en la protección a la población en general, en promover la denuncia, de salvaguardar a las víctimas directas o indirectas y en garantizar la seguridad, la paz y tranquilidad en todos los rincones del país.

Rugidos

2024 fin de Pandemia

Las farmacéuticas internacionales aseguran que en el 2024, la pandemia que aun golpea la salud de las personas de este mundo, podría llegar a su fin para convertirse solo endemia.

Ello representa que faltan aun dos años de riesgos y desafíos que deberemos enfrentar no solo desde las instancias gubernamentales en todos sus niveles, sino de manera particular para mantener los protocolos de sanidad que ayuden a superar la situación de salud pública mundial.

El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica afirmó ayer que la última cepa del Covid-19, conocida como Ómicron es mucho más contagiosa que las anteriores, pese a que está confirmado que también es menos letal.

Bajo esta confirmación, debemos esperar un mayor número de contagios de esta enfermedad en el mundo, lo que podría desestabilizar los planes, programas y acciones en torno a esta pandemia, puestos en marcha por las naciones en su conjunto.