Selva Política

MIGUEL BARBA

*Proponen Funcione un a Línea Telefónica de Emergencia Infantil

*Plantean Diputados Reforma la Ley Federal del Derecho de Autor

Con la finalidad de crear una línea telefónica que atienda los llamados de emergencia y denuncia ante presuntos casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, la diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) propuso reformar el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El documento remitido a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, precisa que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, serán las encargadas de crear la línea telefónica de denuncia anónima única en el país.

Considera que debería complementarse con una permanente campaña de difusión tanto en medios convencionales de comunicación como en redes sociales que, a su vez, se vincule con la activación inmediata de todos los protocolos, instituciones y programas gubernamentales encargados de atender el problema de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle y de combatir el maltrato infantil en cualquiera de sus manifestaciones.

“Sí hay un sector de la sociedad vulnerable en el mundo, son las niñas, niños y adolescentes, porque no pueden por voluntad propia defenderse, organizarse, salir a la calle a protestar o elegir quién los represente; es nuestro deber y competencia ayudarles”, afirma.

Resalta que, a pesar de los esfuerzos de gobiernos anteriores, no se ha podido erradicar el trabajo infantil, la desnutrición, a los niños en situación de calle y en la calle, deserción escolar, la pornografía infantil, la prostitución infantil, el abuso sexual en las instituciones religiosas y demás felonías en contra de la niñez.

En el país, expone, se tiene una línea de emergencias 911; sin embargo, esta no es una línea que atienda los casos de maltrato hacia la niñez y adolescentes, de acuerdo con información oficial de 911, se observa que no hubo registro de llamadas para atender esta problemática.

La legisladora detalla que la trata de niños y niñas afecta a los menores del mundo entero, tanto en los países industrializados como a los que están en vías de desarrollo. Los niños y niñas víctimas de la trata son objeto de prostitución, matrimonio forzado o adopción ilegal. También son mano de obra barata o no remunerada, sirven como empleados domésticos y se les recluta para incorporarlos a grupos armados.

La naturaleza invisible y clandestina de la trata y la falta de una sólida recopilación de datos hacen que sea difícil saber el número de víctimas infantiles en el ámbito mundial; sin embargo, según las últimas estimaciones disponibles, cerca de 1.2 millones de niños y niñas y adolescentes son objeto de trata todos los años.

“Sabemos que con la pandemia y el confinamiento los casos de violencia intrafamiliar aumentaron y aún no se ha dimensionado la afectación física y psicológica de las y los menores. Por ello, es trascendente activar la línea en los estados con las instituciones y programas que se tengan como una misión de país, pero más aún como un acto de humanidad, conciencia y esperanza en el futuro”.

Asimismo, deberá coordinarse con las entidades federativas para que las instituciones, programas y políticas estatales en esta materia sumen todos sus esfuerzos para cumplir un objetivo en común: defender y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, agrega la diputada Merary Villegas Sánchez.

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En otro tema, ayer la diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de establecer que el uso y publicación del retrato de una persona se exceptuará cuando sea utilizado con la finalidad de dañar su integridad.

En el ordenamiento citado se establece que el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes.

La autorización, de usar o publicar el retrato, podrá revocarse por quien la otorgó, quien, en su caso, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación.

En tal sentido, la iniciativa que fue remitida a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su dictamen, propone que lo anterior se exceptuará cuando el uso, publicación o finalidad tenga por objeto dañar o menoscabar la integridad o imagen de la persona.

No obstante, cuando el fin que se le otorgue sea distinto al pactado o tenga por objeto dañar o menoscabar la integridad o imagen de la persona que otorgó el consentimiento, responderá por los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado; teniendo la obligación de retirar la imagen o retrato de que se trate.

La legisladora argumenta que producto de la coyuntura actual, es la generación de contenido visual inédito cuyo objetivo es captar al mayor número de seguidores, compradores o publicistas a través de diversas técnicas de marketing porque hoy en día existe un mercado diferente, incluyendo a las redes sociales.

Sin embargo, lo anterior no debe representar la monetización de las personas por encima de sus derechos y su protección; es decir, aun cuando una imagen representa un valor económico en el mercado, esta sigue representando a una persona, la cual reciente el modo o forma en que se presenta, así como la proyección que se le dé a ésta.

Ello, refirió la legisladora, lleva a diversas situaciones, porque la problemática subyace en la compra-venta de derechos personales, como lo es el derecho a la imagen propia; es decir, cuando una persona decide ser fotografiada, retratada, video grabada, etcétera, obteniendo un beneficio por ello, implica el ejercicio irrestricto de sus derechos.

Sin embargo, cuando la finalidad de esa acción se traduce en el perjuicio de su imagen o integridad por considerar que no representan el objeto por el cual se autorizó su publicación, lleva consigo el menoscabo de su persona, lo que podría traducirse en una serie de daños y perjuicios tanto de carácter económico como emocional.

Por lo anterior, la diputada Fabiola Rafael Dircio mencionó que “la finalidad principal es respetar el libre uso de los derechos de autor y, a su vez, la protección a las personas que permiten el uso de su imagen sin que ello genere un detrimento a su persona”.

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De salida les informamos que para garantizar a las personas adultas mayores, el acceso a la energía eléctrica de calidad y estímulos y/o descuentos por concepto de pago por el uso del servicio de luz eléctrica en casa-habitación, el diputado Omar Enrique Castañeda González (Morena) presentó una iniciativa.

Con adiciones a las leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Comisión Federal de Electricidad, busca establecer que corresponde a la Secretaría de Energía garantizar a las personas adultas mayores dichos beneficios.

Además, que a propuesta del director general de la Comisión Federal de Electricidad se autorice el otorgamiento de estímulos y descuentos a las personas adultas mayores.

El documento, enviado a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Energía, expone que las personas adultas mayores tienen derecho a disfrutar de una vida plena, con total independencia y autonomía, a la salud, y a la seguridad social y económica.

Menciona que el Estado tiene la obligación, en el ámbito de sus competencias, de respetar y garantizar el goce de los derechos de ese sector, apegado a principios de igualdad y no discriminación en razón de su edad.

Rugidos

Midiendo Fuerzas

La discusión sobre realización inmediata o aplazamiento del ejercicio democrático de la revocación de mandato se está saliendo de control y de no haber prudencia, este enfrentamiento abonará al enfrentamiento y la división de todos los sectores del país.

El enfrentamiento verbal, los amagos, amenazas y hasta avisos intimidatorios en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral por parte del presidente Andrés López Obrador, los gobernadores de Morena, diputados, senadores y hasta militantes de ese partido están rayando en visos de autoritarismo.

Tras escuchar las razones de las dos partes, INE y Gobierno Federal, sobre la necesidad de realizar en tiempo y forma la consulta sobre la revocación de mandato del actual presidente de México y la falta de presupuesto para llevar a cabo esto, lo mejor será que el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva sobre el particular.

Seguir agitando las aguas del entendimiento y los acuerdos político-sociales, en medio de una violencia pública creciente y una pobreza sin precedente en nuestro país, en nada abona sostener estas posturas por demás imbéciles.