Selva Política

MIGUEL BARBA

*Comisión Especial Veracruz, Documenta más Abusos de Poder en esa Entidad

*Propone Senado Crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales

El encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, no es un hecho aislado a los casos de abusos de autoridad y violación de derechos humanos que se viven en Veracruz, aseguró el senador Dante Delgado.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Especial para investigar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, informó que se están documentando lo distintos casos de esta situación “preocupante” que vive el estado.

“En el caso de José Manuel del Río es importante hoy destacar que no es un hecho aislado. Hay múltiples violaciones que deben tener cauce legal y político,” reiteró el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

El legislador subrayó que no existe ninguna prueba que compruebe que el funcionario sea el autor intelectual del crimen que se le imputa, hecho que reconoció el propio Juez de Control, Francisco Reyes Contreras.

Esto es delicado, resaltó, especialmente cuando se supone que el magistrado conoce el Estado de derecho y sabe que hay responsabilidad en el abuso de la autoridad.

En ese mismo tema, el senador Eduardo Ramírez, de Morena, informó que se comunicó vía telefónica con del Río Virgen el día de ayer. Comunicó que lo notó “echado para adelante” y con el “buen sentido del humor que siempre le ha caracterizado”.

Por ello, Dante Delgado refrendó el compromiso del Senado para investigar todos los casos de abuso de autoridad y violación a los derechos humanos en Veracruz, por lo que aseguró que esta Comisión “está instalada de forma permanente y sesionará de acuerdo con los avances que se vayan obteniendo”.

En ese sentido, recordó que este grupo de trabajo autorizó abrir un portal para recibir y documentar las quejas sobre abusos de autoridad en la entidad, las cuales serán investigadas debidamente. Hasta el momento, informó, han recibido “más de una docena” de denuncias relevantes.

Insistió que, en la investigación de la Comisión, “todos los casos serán documentados”. No habrá un solo caso en el que se haga apreciaciones subjetivas ni dichos, sino efectivamente comprobados y comprobables, sostuvo.

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En aras de otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho y que contribuya a combatir los delitos ambientales y su disminución, el senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso una iniciativa con el objetivo de impulsar la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

Dicho órgano tendrá como fines la investigación de los ilícitos relacionados y el esclarecimiento de los hechos; la prevención del delito; procurar que no exista impunidad; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos ambientales de verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas.

El fiscal ambiental deberá ejercer sus funciones con independencia y autonomía, libre de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar, sostiene la propuesta. En el ejercicio de sus funciones se conducirá conforme al criterio de objetividad, con base en el cual dirigirá la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, detalla.

Además, la Fiscalía propuesta deberá contar con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.

El titular de la Fiscalía General de la República designará a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido, establece el documento.

El Senado, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, podrá objetar dicha designación o remoción en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el fiscal general enviará una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de la persona titular de dicha Fiscalía.

Por ello, explica el senador Paz Alonzo, dicha institución deberá estar dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, y estar a cargo de un Fiscal, quien establecerá una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país.

Asimismo, agrega, deberá contar con un modelo de investigación orientado a la realidad y será el encargado de su conducción y desempeño, de conformidad con la normatividad aplicable y será superior jerárquico de todo el personal integrante de la misma.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

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En otro tema y luego de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión para avanzar en los principios de la democracia sindical, el senador Daniel Gutiérrez Castorena consideró indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer un plazo máximo en el cargo de dirigentes sindicales.

Recordó que en septiembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios que sientan las bases para “un renovado sindicalismo”, pero la legislación no precisó el tiempo que pueden durar en el cargo los líderes de los sindicatos, por lo que, en la práctica, permite la perpetuación de dirigencias y violenta de manera flagrante el derecho de votar y ser votado de las y los trabajadores.

No basta con establecer un procedimiento de voto personal, libre, directo y secreto; se requiere, asentó el legislador de Morena, que la Ley sea más determinante para impedir que haya dirigentes más allá de periodos razonables.

Se necesitan, explicó Gutiérrez Castorena, acciones más eficaces y puntuales para el desarrollo de una cultura democrática, igualitaria, de movilidad sindical y de renovación generacional.

En este contexto, el senador presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer que “el máximo dirigente sindical no podrá sumar con tal carácter, más de 10 años activos, sea en forma consecutiva o interrumpida”.

El proyecto, que se analizará en las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, también sugiere que, en casos específicos, se tiene que observar el principio de paridad de género.

Gutiérrez Castorena consideró importante incorporar el concepto de igualdad de género para que las trabajadoras puedan ejercer sus derechos de democracia sindical y asumir cargos como dirigentes.

Además, planteó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pueda recibir quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de elección sindical y, en caso de evidencias debidamente sustentadas y graves, disponer la reposición de la elección bajo su vigilancia.

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De salida les informamos que el Senado de la República impulsa acciones para garantizar un medio ambiente sano y el respeto a los derechos de los animales, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

En un mensaje difundido en redes sociales, el coordinador de la mayoría parlamentaria aseguró que las y los senadores cumplen con su deber legislativo de crear mejores leyes para ampliar las obligaciones y ordenar las acciones del Estado en materia medioambiental.

Recordó que entre los instrumentos legislativos aprobados se encuentran la Ley General de Economía Circular, la cual busca garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano.

Asimismo, destacó que se reconoció a los animales como seres conscientes y sintientes, cuyos derechos merecen ser protegidos, por lo que se impulsaron acciones legislativas en materia de combate a cualquier tipo de maltrato hacia estos seres vivos.

Esta reforma, acotó, recoge la preocupación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y activistas de los derechos de los animales; “el Senado de la República refrenda su compromiso de garantizar los derechos ambientales y de los animales”, enfatizó.

Rugidos

Desafíos

Otro de los compromisos no cumplidos por el actual gobierno es, hasta el momento, el de la seguridad pública que no logra reflejarse en el día a día del país y se manifiesta en la violencia y robos cotidianos que aumentan conforme se reducen en el país las oportunidades escolares y laborales.

Pese a los programas sociales del actual gobierno, la inseguridad pública no sólo ha crecido en todo el país, sino en buena medida refleja algo grave y ello es que en el 90 por ciento de los actos delictivos participan jóvenes entre 20 y 35 años de edad.

Las autoridades que tienen el compromiso de combatir dicha inseguridad pública, han carecido de la mínima iniciativa de proponer programas, planes y acciones que atiendan los factores principales que detonan la inseguridad pública en el país.

De poco o nada han servido los llamados del Presidente Andrés Manuel López Obrador para disminuir la inseguridad pública. El mandatario asegura que esta situación de urgencia, va a la baja debido a la presencia de la Guardia Nacional, cosa que no es así.