Selva Política

MIGUEL BARBA

*En Riesgo el Desarrollo y Atención a Millones de Infantes de Nuestro País

*Piden Organizaciones Civiles, se Atienda su Queja Sobre Status Laboral Migrante

Tuxtla.- En México, dos millones de niñas, niños y adolescentes podrían sumarse a las filas del trabajo infantil, debido a la pérdida de empleos y a que miles de micro, pequeñas y medianas empresas cerraron a causa de la crisis generada por la pandemia, señaló la senadora Josefina Vázquez Mota.

La legisladora destacó que estos datos resultan preocupantes, ya que actualmente existen alrededor de tres millones de menores que sólo pueden sobrevivir trabajando.

Si a esta información se le suma la deserción escolar, el panorama se vuelve mucho más complejo, desafiante y urgente de atender, advirtió la también presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La senadora presentó la exposición “Niñez Libre de Trabajo”, la cual se exhibe en la galería abierta del Senado de la República y se compone por una serie de ilustraciones que buscan dar voz a las y los menores que atraviesan por este tipo de situación.

Esta muestra, precisó la senadora, se expone en el marco del 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y trata de visibilizar la cara oculta de las actividades laborales que realizan los menores de edad, que “violenta sus derechos, los condena a ciclos de pobreza y abre las brechas de la iniquidad”.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es el segundo país de América Latina con mayores índices de trabajo infantil, después de Brasil.

Además, datos de la Secretaría del Trabajo, los sectores con mayor presencia de trabajo infantil son: el agrícola, el industrial, la construcción y el comercio. En este sentido, Vázquez Mota precisó que de 2017 a 2019, cerca de 100 mil niñas y niños han ingresado de otros países a trabajar en México.

La senadora aseguró que cualquier actividad laboral a temprana edad tiene un efecto negativo en el desarrollo psíquico, físico, emocional y educativo de las y los menores de edad, ya que constituye un obstáculo para el disfrute de sus derechos.

Desde la Comisión, expresó, construiremos una agenda legislativa que esté a favor de que este sector de la población no tenga que estar dentro de las filas laborales, ya que necesitamos a las niñas, niños y adolescentes libres de trabajo.

En tanto, la senadora Esthela Villarreal Zavala consideró que los menores no deben laborar hasta que tengan la madurez corporal, mental, emocional y la edad legal para hacerlo.

La legisladora de Acción Nacional denunció que en México la realidad es distinta, pues “niñas y niños entre 5 y 17 años laboran en condiciones infrahumanas y sufren diversos abusos que exponen su vida y su salud física y mental”.

María Josefina Menéndez, directora ejecutiva de Save the Children en México, dijo que es fundamental visibilizar, difundir y atender el problema del trabajo infantil, que afecta a millones de niñas y niños en el país.

Aseguró que desafortunadamente la actividad laboral infantil es un hecho que viven uno de cada 10 menores, a quienes le son impedidos sus derechos como ir a la escuela o jugar y se les pone en riesgo de sufrir accidentes, lesiones, maltrato y agresiones sexuales.

Destacó que la pobreza, la falta de salarios justos, las carencias en protección social y la falta de educación formal, son las principales causas de este problema.

Por tal motivo, expresó, la exposición “Niñez Libre de Trabajo”, que se compone por una serie de ilustraciones, dan voz a las y los menores que son víctimas de trabajo infantil, para que sean ellos mismos, mediante sus testimonios quienes muestren a la sociedad mexicana cómo enfrentan su realidad.

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Por otra parte, la senadora Patricia Mercado solicitó la intervención de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar que los programas de migración laboral dejen de aplicarse de manera discriminatoria en particular hacia las mujeres. Dicho planteamiento lo había hecho meses atrás sin encontrar aun respuesta.

“Hago un nuevo llamado para que intervengan las autoridades del vecino país del norte y se comprometan a garantizar el acceso al trabajo digno, libre de violencia y apegado a los derechos humanos”.

La legisladora de Movimiento Ciudadano recordó que, en marzo pasado, las activistas presentaron la primera queja laboral del tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Lo anterior, dijo por el incumplimiento de Estados Unidos referente al capítulo 23, al permitir la discriminación contra las mujeres en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento.

Patricia Mercado, quien es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, solicitó se explique esta situación y el estatus de la queja que hicieron las representantes de las organizaciones.

Por su parte, Elvia Lucía Peña, del Centro de los Derechos del Migrante, afirmó que expandir los trabajos temporales no es la respuesta, sino una propuesta incongruente para proteger a las personas que huyen del peligro en sus países de origen.

En ese sentido, acusó al Gobierno de Estados Unidos de ocupar esta figura como estrategia para evadir sus obligaciones internacionales de brindar el derecho de asilo y de protección a personas migrantes y solicitantes.

Las activistas también enfatizaron que la política migratoria debe tener un enfoque de perspectiva de género, toda vez que, en los últimos años, la trata de personas, la discriminación, el robo de salarios, entre otras anomalías, se dan de manera sistémica.

“Hacemos un llamado a la vicepresidenta Kamala Harris y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que verifiquen y rectifiquen las políticas migratorias, así como trabajar con la sociedad civil para exponer las experiencias y deficiencias del sistema de migración”, expresó Rita Robles, del Colectivo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano.

Mencionó que, de diciembre de 2018 a marzo de 2021, se realizaron 312 mil 626 detenciones de migrantes; de esta cifra, 228 mil 294 personas fueron deportadas; el 28.32 por ciento fueron mujeres y el 60 por ciento menores de edad.

En la conferencia de prensa estuvieron Maritza Pérez Ovando, ex migrante trabajadora; Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración y Melissa Vértiz, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.

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De salida les informamos que en México, crear condiciones de seguridad para la reapertura en muchos casos será posible, especialmente en las escuelas –privadas o públicas– ubicadas en contextos favorecidos, pero no así en las de localidades pobres debido al rezago existente, desde antes de la pandemia, en la dotación de servicios básicos como el agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas, señala un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.

El documento titulado “El cierre de escuelas provocado por la Covid-19: consecuencias y condiciones para la reapertura”, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez revela que, de acuerdo con la SEP, en el ciclo escolar 2019-2020, 27% de las escuelas primarias y secundarias carecían de agua, y 31.6% no tenía lavabo de manos; los porcentajes en educación media superior eran 22.8 y 21.2, respectivamente.

Lo anterior, hace difícil cumplir con las recomendaciones formuladas en marzo de 2020 por la UNICEF –en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja Internacional, que entre otras cosas sugieren establecer la obligación de lavarse las manos, mantener comportamientos de higiene, garantizar instalaciones de agua y medidas de saneamiento.

La UNESCO estima que durante el primer año de epidemia resultaron afectados por el cierre de escuelas más de 1,600 millones de niños y jóvenes de 210 países, 94.44% de la población estudiantil en el mundo.

El documento del IBD, por su parte, apunta que, con corte al 15 de mayo del año en curso, 113 países ya habían reanudado totalmente las clases presenciales, entre los que se encuentran: Japón, Islandia, Nueva Zelanda, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Agrega que las estrategias para la reapertura generan costos que, en los países que han reabierto hasta ahora, están siendo atendidos con presupuestos extraordinarios aprobados por los gobiernos.

Sin embargo, hasta el momento, en el caso de nuestro país, la decisión de la SEP de reabrir las escuelas el 7 de junio no está acompañada con alguna asignación presupuestal adicional destinada a apoyar los costos de la reapertura, al menos para los sectores más vulnerables de la población, destaca el estudio.

Si lo anterior no se modifica, advierte la investigadora, el costo de las medidas de mitigación se depositará en las familias, arriesgando la salud de los estudiantes (si asisten) o profundizando la desigualdad educativa existente (si no lo hacen)

Rugidos

Tsunami de Contagios

La variante Ómicron del Covid-19 se está dejando sentir en México, al registrarse en promedio 20 mil contagios al día, durante la semana que termina, situación que sin duda ha comenzado a prender las luces de alarma por lo que podría venir: más hospitalizaciones y fallecimientos.

Aun y cuando las autoridades de salud federal y de la capital del país, aseguran que el contagio y efectos de Ómicron es muy breve y pasa rápidamente, el número de contagios está causando al mismo tiempo serios problemas a las actividades económicas de la vida nacional.

Pese a ello, el gobierno federal ha descartado la posibilidad de interrumpir y detener los sectores económicos por lo que mantiene el llamado a reforzar los protocolos sanitarios y buscar detener los contagios que se han elevado de manera alarmante.

Ayer mismo y luego de que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouhtier diera a conocer que dio positivo a Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hace dos d´+ias sostuvo una reunión de trabajo con la funcionaria, pero que se siente bien, sin ningún síntoma, ante un posible contagio.