Selva Política

MIGUEL BARBA

*Piden Diputados Revalorar la Viabilidad de Continuar o no con Clases Presenciales

*Urge Eliminar Barreras en la Inclusión de Discapacitados, Demandan Senadores

Tuxtla.- La diputada federal Cristina Ruiz Sandoval exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades escolares a valorar la viabilidad de continuar las clases presenciales ante el aumento de contagios de Covid-19 en todo el país. Afirmó que ésta no puede ser una decisión que se tome a la ligera, debe definirse por cuestiones de salud pública, no política.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), advirtió que los niños pequeños e incluso los recién nacidos están siendo afectados por Ómicron a un ritmo mayor que como ocurrió con Delta y otras variantes del coronavirus.

El regreso a clases, estableció la legisladora priista, tiene que estar basado en datos y realidades. “Debe ser, sí o sí, una decisión responsable”, dijo, sobre todo tomando en cuenta que actualmente enfrentamos una cuarta ola de contagios y se deben tomar medidas para evitar la saturación de hospitales.

La representante de la bancada tricolor manifestó que la enfermedad no respeta edades, y la niñez es un sector muy vulnerable. Hasta el 5 de enero pasado, especificó, la Secretaría de Salud del gobierno federal reportó que se registraron 20 mil 626 contagios en un solo día, mientras que se reportaron 33 mil, sumándose a los más de 4 millones de casos totales.

Recordó que el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva variante se expande a un ritmo que no habíamos visto de ninguna de las otras variantes, por lo que ha solicitado a los gobiernos tomar medidas al respecto.

Preocupa que al no ser elegibles todavía para recibir las vacunas contra Covid-19, los niños menores de 5 años son quienes podrían estar más vulnerables, expuso la diputada Ruiz Sandoval, por lo que pidió a las autoridades competentes no minimizar los hechos.

La representante popular mexiquense puntualizó que en el Grupo Parlamentario del PRI, sus integrantes entienden la importancia de observar el principio del interés superior de la niñez y garantizar sus derechos a la salud, a la educación y al sano esparcimiento, por lo que consideran necesario que la SEP y las autoridades estatales correspondientes evalúen el tema de las clases presenciales.

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Ayer mismo, desde el Senado de la República, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Avila, afirmó que es responsabilidad del Senado de la República eliminar las barreras que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública.

En ese senito, recordó que en la Cámara se realizó el primer Parlamento de Personas con Discapacidad, con el fin de “escuchar de su propia voz los cambios necesarios para avanzar hacia la inclusión y acabar con todas las formas de discriminación en su contra”.

“Reconocer que la discapacidad es parte de la diversidad que nos permitirá romper estigmas y aceptar las diferencias, como parte de la normalidad”, sostuvo el líder de la mayoría legislativa.

La discapacidad, jurídicamente, se entiende como una consecuencia de la interacción de una persona con alguna limitación; además de las barreras que se le imponen en el entorno social, las cuales impiden su plena inclusión en igualdad de condiciones, detalló el legislador.

En un mensaje difundido en redes sociales, indicó que, al igual que la perspectiva de género, la transparencia y la rendición de cuentas, la inclusión de este sector poblacional es un criterio transversal de las políticas públicas, las cuales se definieron en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política destacó la reforma que permite que productos, entornos, programas y servicios puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de adaptación.

Del mismo modo, subrayó, se deben generar campañas de concientización y capacitación, pues resultan indispensables para romper con “las barreras mentales que generan exclusión y distinción absurda”, además de que atentan contra los derechos humanos.

No podemos olvidar, señaló Ricardo Monreal, que todos y todas somos susceptibles de padecer alguna discapacidad: sean por el simple paso del tiempo que generan disfunciones en nuestro organismo.

Asimismo, esto puede ocurrir por un accidente súbito o a consecuencia de una enfermedad, detalló. “Nadie puede sentirse ajeno a la importancia de ejercicios como el que hoy estamos llevando a cabo”.

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Por otra parte y con el fin de apoyar a ciudadanos procesados injustamente por diversos delitos en el Estado de México a que sean puestos en libertad por las autoridades judiciales competentes, el senador Julen Rementería del Puerto urgió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) a que atienda dicha problemática.

A través de un punto de acuerdo, el coordinador de Acción Nacional en el Senado, denunció que hay personas privadas de su libertad a quienes, en sus respectivos procesos penales, se les sometió a tortura y a amenazas para obtener una confesión falsa.

En la propuesta, la cual se turnó directamente a la Comisión de Derechos Humanos, Julen Rementería informó que un grupo de ciudadanas y ciudadanos acudió a la Cámara para solicitar su intervención, pidiendo que los expedientes penales de sus familiares sean revisados por la Codhem.

Sus derechos y garantías fueron violados en las diversas etapas del proceso penal, además de que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura y amenazas, puntualizó el legislador.

El coordinador parlamentario indicó que las personas afectadas señalan a elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a diversos jueces en materia penal de dicha entidad, como los responsables de estos actos.

Con absoluto respeto al Federalismo y al principio de División de Poderes, sostuvo Rementería del Puerto, el Senado de la República debe exhortar a los asesores jurídicos de la Comisión Estatal, para que atiendan a los ciudadanos privados injustamente de su libertad.

Por virtud del Control de Constitucionalidad, agregó, los jueces nacionales están obligados a cuidar que las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados por México, no sean limitadas por normatividad interna que contravenga su objetivo y fin.

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De salida les informamos que diversos medios de comunicación han denunciado el aumento en delitos dolosos, como violaciones y feminicidios, que se cometen en contra de mujeres que trabajan en el sector hotelero y turístico que, por falta de protocolos para atender a las víctimas, dejan en estado de indefensión a ellas y a sus familias.

Ante ello, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena y el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, de Morena y PRD, respectivamente, consideraron urgente la creación de mecanismos para la atención de personas que sufran abusos en su trabajo y así evitar que se victimice aún más a las mujeres que sufran algún tipo de violencia.

En ese sentido, propusieron reformar el artículo 58 de la Ley General de Turismo con el fin de garantizar que los prestadores de servicios turísticos cuenten con protocolos de atención para las personas trabajadoras, víctimas de algún tipo de violencia por razón de género, en sus instalaciones.

Se pretende, argumentaron, establecer mecanismos permanentes para lograr la protección de las personas que participan en la oferta de bienes y servicios turísticos en México, frente a perpetradores de delitos relacionados con la violencia de género y la falta de acceso a la justicia.

La iniciativa turnada a las comisiones unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, responde también al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, para alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas.

Rugidos

Demanda

Políticos de los partidos de oposición volvieron a levantar la voz para que a la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez rinda cuentas sobre la resolución en su contra que dictó el Tribunal Electoral, al encontrarla responsable de afectar el salario de los trabajadores del municipio de Texcoco, Estado de México, cuando fue edil de esa demarcación.

Ayer mismo diputados y senadores del Partido Acción Nacional, exigieron la renuncia de la funcionaria pública para que haga frente a la responsabilidad de sus actos, cuando fungió como presidenta municipal y desvió recursos públicos, salarios de los trabajadores, en favor del partido MORENA.

La denuncia se presentó muchos meses atrás en el Tribunal Electoral, instancia donde los magistrados tras analizar y discutir la queja encontraron responsable de ese probable delito a la hoy secretaria de Educación Pública.

Con ello, al ambiente político y ríspido existente en nuestro país, se le agregará un tema delicado y caliente como es el de doña Delfina Gómez.