Selva Política

MIGUEL BARBA

*Plantearán Diputados que el Trabajo del Comercio Ambulante sea Reconocido

*Ante el Combate a la delincuencia, Urgente Salvaguardar los Derechos Humanos

El Grupo Parlamentario del PT, que coordina el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, afirmó que sus integrantes impulsarán reformas constitucionales y legales para “que el comercio en el espacio público deje de ser visto como un delito y comience a percibirse como una forma de ganarse la vida".

En un comunicado, indicó que serán reformas a los artículos 5, 25 y 123 de la Carta Magna, así como diversos preceptos de la Ley de Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de suscribir la figura del trabajador en el espacio público.

“En nuestro país, 50 por ciento de la población en edad laboral se desarrolla en actividades del comercio informal, lo que no les permite acceder a la seguridad social, ni a otras prestaciones de ley, que los deja en indefensión ante contingencias como las ocurridas por la pandemia por la Covid-19”, señaló la bancada en un comunicado

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En otro tema, el diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) calificó como grave el actuar de las instituciones de seguridad pública en el país y urgió a revisar la normatividad de éstas para evitar y castigar cualquier atentando en contra de los derechos humanos.

“Es grave que la Guardia Nacional, el Ejército y Fiscalía General de la República aparezcan en la lista del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH por delitos como privación de la vida, desaparición forzada, tortura, detención arbitraria, entre otros”, sostuvo en un comunicado.

Dijo que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe 2021 del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos se documentaron mil 448 quejas en contra del sector seguridad en el ámbito federal, de estas 504 son en contra la Guardia Nacional, 436 contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 296 contra la FGR tan sólo durante 2021.

Los hechos violatorios por los que se acusa a las instituciones de seguridad son detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante, tortura y desaparición forzada.

“Es urgente que se analice desde los tres Poderes de la Unión el actuar de las instituciones de seguridad federales para prevenir, evitar y castigar estos delitos”, externó.

Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades locales principalmente a los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, Chiapas, Veracruz, y Coahuila que encabezan la lista de entidades donde más quejas de este tipo existen; “para que revisen qué está pasando en sus estados, porque la violencia que se vive en el país empieza en lo local”.

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Por otra parte, la diputada Ivonne Díaz Tejeda (PRI) exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que, a través del Instituto Nacional de Pesca se publique la Carta Nacional Pesquera 2022.

Informó que con este objetivo presentó un punto de acuerdo ya que este documento es fundamental para la industria pesquera porque ofrece la información necesaria sobre dónde, cuándo y cuánto se permite pescar y la última actualización es de 2018

En un comunicado, precisó que la pesca y acuacultura son actividades fundamentales para el desarrollo del país, que permiten el sustento económico de más de 214 mil familias, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Díaz Tejeda argumentó que la actualización de la carta asegura la protección de los ecosistemas marinos y el uso sostenible de los recursos biológicos y pesqueros con los que cuenta el país, al tiempo que, asegura, garantiza que los pescadores aprovechen de manera sostenible la biodiversidad del país.

Además, subrayó, su difusión avaló que se conserven y protejan las zonas marinas y costeras, y, lo más importante, se salvaguarden los recursos naturales para las siguientes generaciones.

La diputada indicó que el problema no se focaliza solo en información desactualizada, porque, puntualizó, organizaciones como Oceana México señalaron que existen imprecisiones y problemas de categorización de especies en la carta vigente que pone en riesgo a muchas de ellas.

Por estas razones, pidió la publicación de la Carta Nacional Pesquera 2022, recordando que existe una obligación legal para hacerlo.

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De salida les informamos que el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró como una buena decisión aumentar una semana los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica para que puedan acudir los auténticos dueños de las generadoras de energía, así como periodistas, líderes de opinión y nuevamente las y los gobernadores.

"Tengo entendido que la Junta de Coordinación Política ha enviado invitaciones a los sectores pendientes para que se sumen al debate desde la Cámara de Diputados y así ampliar su visión sobre una reforma tan importante como ésta", aseguró en un comunicado.

Adelantó que para el próximo 23 de febrero se agregó la mesa “Grandes productores y consumidores de electricidad”, en modalidad de diálogo con la Jucopo, para que acudan los empresarios y dueños a manifestar sus posturas.

Mier Velazco consideró que los foros de Parlamento Abierto han sido exitosos y sobre todo han cumplido su objetivo, que es poner en el centro del debate público la recuperación de nuestra soberanía eléctrica; “es un hecho la necesidad de esta reforma para acabar con un modelo que, si bien es legal, es contrario a la libre competencia.

“Lo que significa que de los 43 mil megawatts que tiene de capacidad de generación eléctrica la CFE, casi el 60 por ciento es energía limpia porque las turbinas de las hidroeléctricas trabajan de manera mecánica con la fuerza del agua, pero fueron excluidas para privilegiar el despacho de las empresas españolas e italianas como Iberdrola y Enel, respectivamente”, criticó Mier Velazco.

El coordinador parlamentario agregó que las reglas de la libre competencia se rompen en el momento en que se obliga a la CFE a pagar los excedentes en los contratos legados, esto a su vez ocasiona un fraude a la ley por parte de los monopolios privados que agrupan a más de 77 mil grandes consumidores con subsidios.

Rugidos

Bajo Sospecha

La atención de la opinión pública nacional está puesta en el gobierno de la Ciudad de México, luego de darse a conocer que durante el año 2020 las autoridades de salud entregaron a los pacientes con síntomas de Covid-19 un “Kit de la salud” el cual contenía Ivermectina, un medicamento que no es para consumo humano.

Los señalamientos y sospecha sobre si el gobierno de la capital del país que encabeza Claudia Sheinbaum “experimentó” con enfermos de Covid, obligó a la Jefa de Gobierno de la CDMX a salir a dar una conferencia de prensa para intentar aclarar la decisión de dar Ivermectina a las personas con Covid-19.

Las autoridades capitalinas y el propio IMSS, han sido poco convincentes en sus argumentos y el control de daños que busca llevar a cabo, apenas alcanzó para reconocer que efectivamente se dio dicho medicamento, pero no con fines de experimento en seres humanos.

El problema podría complicarse para el gobierno de la capital del país, si algunos afectados deciden iniciar demandas penales formales en contra de quien resulte responsable por la decisión de haber aplicado un medicamento no apto para consumo humano.